El presidente de Parques Nacionales y el gobernador de Chubut avalarán con su presencia el desalojo de Lof Pailako en Los Alerces

A 35 kilómetros de la ciudad de Esquel, Chubut, Lof Pailako reivindica desde 2020 una porción de territorio dentro del Parque Nacional Los Alerces. Este 9 de enero a primera hora la comunidad será desalojada por las fuerzas seguridad tras una orden emitida por el juez federal Guido Otranto, quien también investigó en 2017 la desaparición de Santiago Maldonado y fue acusado de paralizar la causa.

El desalojo se realizará a pedido de Cristian Larsen en su calidad de presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN) y con ese motivo, este miércoles en diferentes puntos del país se realizaron acciones de visibilización y denuncia. En la Ciudad de Buenos Aires, se congregaron en la puerta de la APN.

“Se espera que se ejecute la orden de desalojo que se hará con una desigualdad tan grande ya que está encima todo el aparato del Estado. El presidente de Parques Nacionales está allá en la Lof Pailako y no está en los incendios del Nahuel Huapi”, expresó a Tiempo Laura Taffetani, abogada de esa comunidad e integrante de La Gremial de Abogados. Según trascendió en los medios, el operativo de desalojo será presenciado y avalado por Larsen y por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien también se expresa de manera pública con dichos racistas en relación a las comunidades indígenas.

“Lo que se armó para el desalojo es un show, por eso no dejan que entren los veedores de organismos de derechos humanos. No quieren otros actores que no sean ellos, lo que se quiere es aleccionar hacia fuera de Pailako como pasó con el caso de la Lof Lakfem Winkul Mapu”, aseveró Taffetani. De esta manera, expresó la letrada, Pailako será el ejemplo de la política que tiene el Estado con las comunidades originarias. “A pesar de que en 1994 reconocieron que eran preexistentes al Estado, no están dispuestos a restituirles nada. Los distintos gobiernos no han hecho políticas que permitan a las comunidades recuperar su derecho”, afirmó.

Consultada respecto de la resistencia al desalojo, la letrada expresó: “Ellos van a tratar de resguardarse, seguirán la lucha que han seguido los pueblos originarios desde hace más de 200 años y creo que aquellos que no somos de pueblos originarios también tenemos que pensar qué país queremos y de qué lado vamos a estar. Es hora de que nos levantemos”.

El impacto de la derogación de la ley 26.160

“Con respecto a las fuerzas de seguridad, la información es que en el desalojo actuará la Policía Federal pero nada quita que puedan sumarse otras fuerzas, tanto provinciales o como otras fuerzas federales que estén en el territorio. Ellos fueron notificados y también el asesor de menores”, contó a Tiempo Paula Alvarado Mamani, abogada indígena de la comunidad Tres Ombúes de La Matanza. Alvarado Mamani resaltó que el pueblo mapuche ya vivió desalojos con características similares y asesinatos como el de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. “Más allá del desalojo de la comunidad Pailako, esto es un avance sobre todos los territorios ancestrales. No solo por parte de Parques Nacionales sino todo el Estado con la derogación de la ley 26.160 que impedía los desalojos indígenas y establecía el relevamiento territorial”, mencionó.

Los últimos retrocesos en materia normativa y el avance judicial, para la letrada, son un signo claro de la política mileísta contrarias a los derechos de los pueblos indígenas, sus identidades y cosmovisiones. “Se busca avanzar con un modelo para la famosa casta que decían que venían a destruir. Este modelo permite el desalojo de varias comunidades de sus territorios para poner empresas privadas que tienen su negocio, tienen su quinta y esos beneficios van a ser para muy pocos”, concluyó.

Racismo institucional

Cabe mencionar que desde que asumió el cargo de presidente de APN, Larsen se expresa en sus redes sociales con dichos racistas y criminalizantes en contra de la comunidad mapuche y, en especial, de Lemu Cruz Cárdenas –integrante de Lof Pailako-a quien le llama “pseudo mapuche” y acusa de generar los incendios forestales aunque no existe ninguna línea de investigación judicial o prueba al respecto.

Cabe recordar que el funcionario público fue noticia de forma reciente tras haberse publicado en la prensa que gastó $ 400 mil en un almuerzo de trabajo. Desde la APN, impulsa políticas que reivindican la figura de Roca, la campaña del desierto y, entre otros, prohibió el uso de las banderas e insignias de las comunidades originarias dentro de los parques.