El «proyectista» del 2×1 es defensor de la reapertura de causas juzgadas

Según se desprende del seguimiento interno de los expedientes en el Poder Judicial, el 28 de septiembre pasado el ministro cortesano Carlos Rosenkrantz designó como “proyectista” en el “caso Muiña” a su asesor Federico Morgenstern.

¿Quién es Morgenstern?

Es el autor del libro “La Cosa Juzgada Fraudulenta”, prologado por el mentado Rosenkrantz y Alejandro Carrió, abogado de Marcela y Felipe Herrera de Noble, los hijos adoptivos de Ernestina. Carrió –hijo de Genaro, primer presidente de la Corte alfonsinista- fue uno de los primeros en salir a respaldar el fallo del 2×1 desde el diario La Nación, matutino que promueve la libertad de los genocidas.

¿Qué postula “La Cosa Juzgada”? Allí, Morgenstern propone analizar la reapertura de aquellas causas cerradas, consideradas “cosa juzgada”, si es que durante el proceso hubo algún “fraude”. En palabras del autor, la cosa juzgada fraudulenta o írrita “permite la revisión y reapertura de procesos penales donde se dictaron absoluciones ‘contaminadas’”.

Con esta línea, Morgenstern –con vínculos con el camarista federal Martín Irurzun- apunta a las causas de corrupción que se iniciaron contra ex funcionarios kirchneristas que, dice, pudieron cerrarse de manera “irregular”. La postura es peligrosa porque para muchos especialistas la tesis bien podría habilitar la reapertura de un caso de lesa humanidad para rever la condena a un represor. O promover la apertura de causas que alimentan la Teoría de los Dos Demonios, que ya fueron cerradas.

“Tiene que ser algo muy pero muy grave para que se deba dar este supuesto. En un estado de Derecho hablar de la cosa juzgada fraudulenta salvo que se pruebe, por caso, que un juez cobró una coima, es peligroso. Entiendo que detrás de esta postura se fuerzan conceptos con miras a reabrir algunos casos ‘económicos’ y otros de DD.HH”, explica un abogado que sigue de cerca las causas de lesa humanidad.

La preocupación de Rosenkrantz –y sus asesores- por el devenir de las causas de lesa humanidad quedó en evidencia cuando trascendió que los planteos para aplicar el beneficio del 2×1 a represores que estaban bajo la órbita de la Corte no se encontraban en la secretaría penal del Tribunal sino que estaban todos en el despacho del mentado supremo.