En los fundamentos de la iniciativa que integra el temario de extraordinarias, el oficialismo pone la lupa en los fallos por la Coparticipación y el Consejo de la Magistratura.
La iniciativa que lleva la firma de los diputados Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto , Agustín Fernández, Julio Pereyra, Varinia Marín, Mabel Caparrós, Silvana Ginocchio, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer, entre otros resalta “el grave ataque” que los mencionados magistrados han hecho al sistema federal.
En ese punto, destacan que “dictar una arbitraria sentencia pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Uno de los primeros hechos que se mencionan en las 410 páginas de fundamentos es la vinculación de Horacio Rosatti con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones publicadas por la prensa entre Silvio Robles (Director General de la Vocalía de Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.
También, la intromisión de la Corte en el Consejo de la Magistratura, avasallando con las facultades del Poder Legislativo de la Nación al declarar la validez de una norma que había sido expresamente derogada por éste. Posteriormente, el máximo tribunal invalidó resoluciones de las presidencias de ambas cámaras, desconoció sentencias de jueces inferiores competentes en causas vigentes y análogas, lo hizo por fuera de una decisión jurisdiccional (mediante una Acordada).
Otra causal es el fallo sobre la coparticipación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los diputados consideran que promueve el fortalecimiento irregular de un distrito, de una estructura partidaria y del financiamiento de futuras candidaturas: “Los ministros de la Corte se han valido, bajo un aparente ropaje de legalidad, de argumentos que no hacen otra cosa que avalar el incremento desproporcionado de los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En los fundamentos se subrayan innumerables declaraciones públicas de Rosatti que según los oficialistas “buscan condicionar la actuación del Poder Legislativo”.
Cabe destacar que la figura de juicio político se establece en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece en referencia a la Cámara de Diputados: “Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.
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LA JUNTA JUDICIAL Y SUS CÓMPLICES COMO EN LA DICTADURA MILITAR VIOLAN LAS LEYES, EL ESTADO DE DERECHO, LA DIVISIÓN DE PODERES, LA REPÚBLICA Y LA DEMOCRACIA!!!