El proyecto para las villas genera apoyos y dudas

Una lucha histórica de las organizaciones sociales, el proyecto de ley para expropiar tierras en más de 4000 asentamientos precarios de todo el país y otorgar títulos de propiedad a sus habitantes, las encontró lejos del atril el día del anuncio, que el gobierno nacional procuró capitalizar como propio. Saludaron que la iniciativa –que supondría una solución masiva al déficit habitacional que padecen 3,5 millones de personas– se ponga en marcha, aunque no ocultan sus prevenciones.

«Vemos una utilización política, pero nosotros vamos a ser garantes del cumplimiento de esta ley, para que no quede en un verso. Que no suceda eso dependerá de la organización de los vecinos. La propuesta busca conseguir un piso de ciudadanía: hoy no tener un título de propiedad significa no acceder a un montón de derechos, por ejemplo, a tramitar un medidor de luz», explica Daniel Menéndez, coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, una de las organizaciones que, junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la ONG TECHO y Cáritas Argentina, acordó con el gobierno realizar un relevamiento de villas y asentamientos a nivel nacional, que arrancó en agosto de 2016.

Se relevó un total de 4228 barrios precarios en todo el país (1132 de ellos sólo entre Capital y Conurbano). Todas esas viviendas quedaron integradas al Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap). Serían declaradas de «utilidad pública y sujetas a expropiación».

El gobierno venía dándole largas al tema. Cuando las organizaciones insinuaron que acudirían a los bloques de la oposición para impulsar el proyecto, llegó el anuncio. «Este es un proyecto de las organizaciones populares y lo vamos a bancar en la calle. Es obvio que no se le ocurrió a un gobierno como este. Nos llena de dudas que se hayan apurado a anunciarlo sin un presupuesto otorgado, como lo hubo para los relevamientos. Va a ser difícil la implementación, sobre todo en terrenos privados, que van a ser de foco de conflictos a la hora de reclamar la tierra. Más, teniendo en cuenta que en los distritos donde gobierna Cambiemos, por ejemplo aquí, en San Isidro, siempre se nos han puesto trabas a todos los reclamos territoriales», explica Fernanda Miño, referente barrial de La Cava y concejal de Unidad Ciudadana.

La principal resistencia a la iniciativa seguramente provendrá de los propietarios particulares de tierras donde se asentaron barrios, que suman el 61% del total. Esos propietarios podrían aceptar la oferta estatal por los terrenos usurpados, donarlos a cambio de que se les condonen deudas impositivas, o bien rechazarla y judicializar la situación.

Los incumplimientos del gobierno en la Ley de Emergencia Social operan como alerta. El desafío de los movimientos sociales es fiscalizar que este anuncio cristalice en resultados concretos, en un proceso que, ya adelantaron desde el gobierno, «podría durar más de diez años». «

Brote de dengue en la 21-24

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires informó el viernes que desde el 1° de enero lleva confirmados 43 casos de dengue entre residentes porteños. Según el comunicado, unos 22 de ellos son autóctonos y otros 21 de personas que tienen antecedentes de viaje a otras zonas de contagio. Simultáneamente el Hospital Penna, que atiende a los habitantes de la villa 21/24 y Zavaleta, confirmó ante el pedido de informes del asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones, Gustavo Moreno, la detección de 26 casos de dengue, de los cuales al menos 14 son autóctonos y otros ocho desconocidos. Si se cruzan ambas estadísticas surge que al menos el 60% de los casos de dengue registrados en CABA provienen de esa zona y que al menos uno de cada tres se contagió allí.

Vale recordar que tras la epidemia del año de 2009 un fallo de la jueza del fuero contencioso administrativo número 12, Alejandra Petrella, obliga al gobierno porteño a tomar medidas contra el dengue en villas y asentamientos porteños. Según Moreno, «es una situación epidemiológica crítica para el barrio, que merece un tratamiento especial y distinto al que se realiza en la Ciudad. No solamente sanitario sino entomológico, que permita eliminar el mosquito y sus larvas».