Cuatrocientos efectivos de la Policía Metropolitana ingresaron en la madrugada del 26 de abril de 2013 al patio del Hospital Borda, sin previo aviso. El objetivo: custodiar la demolición del taller protegido Nº19 para defender el negocio inmobiliario que iba a significar el Nuevo Centro Cívico, en terrenos del neuropsiquiátrico. El resultado: ocho horas de tensión, represión, gases, balas de goma, y 40 heridos, entre ellos, trabajadores del hospital, pacientes, legisladores y periodistas. Nunca, ni en dictadura, se había reprimido dentro de un hospital.
Tres años después, el saldo parece salido del Reino del Revés: los seis procesados que irán a juicio este año por «lesiones, atentado y resistencia a la autoridad» son los propios trabajadores reprimidos (del Borda, del Hospital Garrahan y de un medio comunitario).
Excepto un policía de segundo orden, también procesado, todas las cúpulas y los funcionarios fueron absueltos en 2015, cuando comenzaba la campaña electoral en la Ciudad. ATE Capital pidió que vuelvan a ser imputados los principales responsables políticos de aquella jornada. Entre los miembros de la Cámara de Casación que debieron resolver esa demanda estuvo Carlos Alberto Mahiques, nuevo ministro de Justicia bonaerense en el Gabinete de María Eugenia Vidal, presente aquel día de represión en cuanto vicejefa de gobierno porteño. «Hasta ese punto llegaba la complicidad entre funcionarios y la justicia», resaltó el dirigente de ATE-Capital, Marcelo «Nono» Frondizi, que también estuvo en el Borda esa mañana.
La Cámara debía reconstituirse el 18 de febrero, a partir de la salida de Mahiques, y resolver en diez días si investigaba a los responsables políticos, pero al día de hoy no hay novedades.
En estos tres años, el Borda dejó de ser noticia. Fue invisibilizado, corrido al gris abandono del sur porteño. El año pasado, la Ciudad interpuso una cautelar para que no sea controlado por el Organismo Nacional de Revisión de Salud Mental (ORN), que no se prohíba usar electroshock ni deba reportarse como «dudosa» cada muerte ocurrida dentro de una institución de encierro en salud mental.
Mientras tanto, la lista de déficits continúa: queda una sola cirujana y Neurología, sin profesionales, aún espera el llamado a concurso por 54 vacantes financiadas. El achicamiento, a cargo del Ministerio de Modernización, se percibe junto al frío de los pabellones. No se conforman los equipos interdisciplinarios que establece la ley, y el Ejecutivo porteño incumple en metas y plazos las obras obligadas por un fallo judicial de 2010. Las alas laterales siguen sin gas.
