El reparto de fondos y obras, en el centro de la negociación por el Presupuesto bonaerense

La Legislatura bonaerense arrancará esta semana el debate en comisión de los proyectos de Presupuesto 2021 y de la ley impositiva enviados por el Ejecutivo. Los ministros de Axel Kicillof desfilarán esta semana para explicar los ejes centrales y comenzar la discusión con Juntos por el Cambio. El reparto de fondos y obras, en medio de la negociación que se viene.

Los dos proyectos tomaron estado parlamentario el último jueves en la sesión de la Cámara de Diputados. La Comisión de Presupuesto tiene previsto arrancar esta semana con el primer paso formal de la negociación: la exposición de los ministros de las áreas más sensibles para explicar a legisladores de ambas cámaras cómo ejecutarán el gasto en 2021, el año de la pospandemia.

En principio, los funcionarios confirmados son el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, para el martes, y el titular de ARBA, Cristian Girard, para el miércoles. Para el final, con fecha a confirmar aún, quedaría el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

El presupuesto –el primero con la impronta Kicillof– prevé gastos por 1,9 billones de pesos, un pedido de autorización de deuda por 64.488 millones de pesos en el mercado financiero local y una fuerte inversión en obra pública como base para la reactivación económica. La ley impositiva –la segunda de la gestión– prevé subas con tope del 32% en los impuestos automotor e inmobiliario urbano y rural para el 99% de los contribuyentes, en línea con el porcentaje de inflación proyectada por el gobierno nacional. En tanto, pagarán un incremento superior a ese tope las viviendas valuadas en más de 15 millones (0,4% de las partidas) y los autos por encima de los 5 millones (0,1% del padrón). Además, no prevé subas en las alícuotas de Ingresos Brutos, excepto para los bancos y servicios financieros en general, que pasarán a tributar del 7% al 9% por ser, para el gobierno, uno de los sectores que “pueden aportar más” y que no sufrió la pandemia.

La discusión comenzará en Diputados aunque, como ya ocurrió en otras oportunidades, se dará en paralelo con el Senado, donde el oficialismo la tiene más difícil ya que Juntos por el Cambio tiene mayoría y puede trabar los proyectos.

El Frente de Todos busca tratar ambas leyes hacia fines de noviembre, pero Juntos por el Cambio no muestra apuro. El bloque opositor todavía está estudiando los dos proyectos, de mano de los exministros de Economía, Hernán Lacunza y Damián Bonari, y no realizó aún fuertes críticas ni sentó su postura.

Sin embargo, en la sesión de Diputados –en la que ambas iniciativas tomaron estado parlamentario– los diputados de JxC ya anticiparon algunos de los reclamos prioritarios. El más importante es el de las obras y el reparto de los recursos para los municipios. La diputada Alejandra Lordén aseguró que los municipios de Cambiemos son «claramente discriminados por su color político» en el proyecto y que buscarán revertir eso.

El reclamo tiene varias aristas. Por un lado, el Presupuesto contempla obras pero no en formato «Fondo de Infraestructura Municipal», como ocurrió en los últimos años, pero además modifica los criterios de distribución del Fondo Educativo por el que las comunas reciben dinero de Nación para educación. El coeficiente que se calcula para distribuir la plata elimina el criterio de «superficie» y deja el de «población escolar», y los legisladores entienden que eso favorece a los distritos del Conurbano y al oficialismo, por sobre el resto. A esto se suma el pedido de los intendentes para que Kicillof coparticipe también los fondos extra de Nación que recibió para seguridad y que fueron quitados a la Ciudad Autónoma.

Además, hay reparos sobre la inversión proyectada en Salud, tras los fondos invertidos este año por la pandemia, y también sobre el permiso de endeudamiento ya que buscan que el Ejecutivo informe qué colocación de deuda tuvo hasta ahora. Todos los planteos serán puestos sobre la mesa en la Comisión de Presupuesto.

Más allá de los tironeos por los recursos, hay un punto que definirá la discusión política y es el del reparto de los cargos en los organismos de control que JxC viene reclamando desde el inicio de la gestión de Kicillof. La oposición pide acceder a una veintena de sillones en el Banco Provincia, Tesorería, el Tribunal de Cuentas, AUBASA y otras empresas del Estado. Se trata de los lugares que el peronismo y el massismo ocupaban cuando María Eugenia Vidal era gobernadora y que ahora reclaman para sí. Esa negociación, que comenzó en diciembre pero se empantanó, es la que ahora buscarán reflotar.

Una batalla con historia

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio ya libraron varias batallas legislativas desde que asumió Kicillof. La primera ocurrió en Navidad de 2019 con la ley impositiva 2020. La oposición se plantó frente a la suba del 75% del impuesto inmobiliario y terminó forzando cambios a favor de las cerealeras y los cableoperadores, que implicaron 10 mil millones menos en la recaudación.
La segunda batalla se dio con el pedido de endeudamiento por 500 millones de dólares y 28 mil millones de pesos enviado en mayo – y reenviado en junio- por el gobernador para afrontar los gastos de la pandemia. El proyecto se terminó aprobando finalmente en agosto, luego de duros cruces discursivos y una negociación por mayores recursos para los intendentes.
La tercera contienda se dio en septiembre por los 41 pliegos de jueces, defensores y fiscales que habían sido postulados por la exgobernadora Vidal en 2019. Los senadores de Juntos por el Cambio los aprobaron imponiendo su mayoría en soledad, pese a que el Ejecutivo había pedido que fueran devueltos para revisar las designaciones una por una. Frente a esto, Kicillof resolvió no firmar el decreto que oficializa las designaciones. «