El secretario de la OEA rompe lanzas contra el gobierno de Venezuela

En una carta al encarcelado líder opositor Leopoldo López, el jefe del foro regional declaró que la ratificación hace dos semanas de la condena a casi 14 años de cárcel contra el dirigente político selló el fin democrático en Venezuela.

«La sentencia que reafirma tu injusta condena marca un hito, el lamentable final de la democracia en Venezuela. Párrafo a párrafo, es asimismo, la terminación del Estado de Derecho», escribió Almagro, llamando a López «amigo».

El excanciller uruguayo dijo que «ningún foro regional o subregional puede desconocer» esa realidad, y llamó al Mercosur, donde Argentina, Brasil y Paraguay se resisten al traspaso de la presidencia pro témpore a Venezuela, «el mejor ejemplo a seguir».

La misiva de ocho páginas está destinada a la cárcel de Ramo Verde, en Caracas, donde permanece López desde 2014, acusado de incitación a la violencia durante protestas contra el presidente Nicolás Maduro ese año, que dejaron 43 muertos.

Almagro explicó, en un tono muy personal, su evolución frente al caso del político encarcelado.

«Te soy sincero, en un principio, tras tu detención, no sabía que eras un preso político. El gobierno había convertido la mentira en verdad continental; recién cuando vi la sentencia, asimilé palabra tras palabra la dimensión del horror político que vive tu país», indicó el jefe del foro regional.

«La existencia de presos políticos es absolutamente incompatible con un sistema democrático», apuntó.

«Se ha traspasado un umbral, que significa que es el fin mismo de la democracia».

«Mantener el poder»: la carta es la peor condena de Almagro contra las autoridades venezolanas desde que presentó un demoledor informe en el Consejo Permanente de la OEA el 23 de junio, en el que afirmó que Venezuela atraviesa «una grave alteración del orden constitucional» y democrático.

Almagro denunció la «intimidación como política» contra opositores o ciudadanos críticos, así como la corrupción de funcionarios que se enriquecen a través de «la opacidad, negociados y el manejo dudoso de los fondos público e impunidad».

Dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, enfrentan un juicio en Nueva York por tráfico de drogas, mientras dos generales -uno de ellos recién nombrado ministro de Interior- fueron acusados en Estados Unidos de narcotráfico.

«El pueblo de Venezuela es víctima de la intimidación, convertida en el signo político gubernamental más tangible. Es el corolario de una gestión ineficaz de gobierno, que procura mantener el poder negando al pueblo la posibilidad de decidir mediante el voto», señaló.

También reiteró su llamado a realizar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta el creciente descontento de una población que sufre escasez de alimentos y medicinas y una rampante inflación estimada por encima de 700% para 2016 por el FMI.

Al mismo tiempo, el gobierno y la oposición -que controla el Parlamento desde diciembre- libran una batalla institucional, que una mediación internacional impulsada por tres expresidentes no ha podido desactivar.

Para Almagro, el gobierno venezolano recurre «a la violencia contra quienes manifiesten o tienen otras opiniones y sobre quienes votan las leyes».

«En ninguna circunstancia se debe utilizar el poder (…) para impedir que el pueblo soberano se exprese», dijo.

Este lunes, Maduro ordenó remover en 48 horas a altos funcionarios que hayan firmado a favor de que se solicite el revocatorio en su contra.

Almagro sostiene que el referendo debe realizarse antes del 10 de enero, como exige la oposición. Si Maduro es revocado antes de esa fecha, se debe llamar a elecciones. Si es después, y pierde, el vicepresidente termina los dos años de mandato.

Un conjunto de 15 países de la OEA llamaron hace dos semanas a las autoridades electorales venezolanas a cumplir «sin demoras» las etapas del referendo.

Esas iniciativas se dan en el marco de la Carta Democrática Interamericana, un documento vinculante que faculta a los países de la región a estudiar mecanismos ante la crisis democrática en un Estado miembro de la OEA.

En última instancia contempla la suspensión del país de la organización.