El Senado aprobó la ley de Solidaridad Social

En la primera sesión de Cristina Fernández como presidenta del cuerpo, el oficialismo logró sancionar la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva y a la vez, dar media sanción al proyecto de Consenso Fiscal 2019. También aceptó el proyecto del Ejecutivo de eliminación de las jubilaciones de privilegio. 

De esta manera, Alberto Fernández logró su primer triunfo político al unificar a bloques aliados en Diputados y lograr una mayoría cómoda en el Senado. En la sesión de este viernes, lo primero que se votó fue el nuevo Consenso Fiscal 2019, que eliminaba el que firmó la administración Macri con los gobernadores en 2017, que les impedía cobrar más impuestos provinciales. El proyecto logró la media sanción con 63 votos positivos, uno negativo y una abstención. Era un pedido expreso del presidente Alberto Fernández, quien había incluido el tema en el llamado a sesiones extraordinarias, luego de haber sellado el acuerdo con los 24 mandatarios y mandatarias. Luego la sesión de dedicó de lleno a debatir la media sanción que el Frente de Todos había logrado con los 129 votos tras una maratónica sesión. 

Cristina volvió a la cámara en la que asumió una banca en 1995, en 2001 y en 2005. Marcó los tiempos y las palabras. Abogó por el acortamiento de los cuartos intermedios y retó al formoseño presidente de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, que de manera reiterada se refería a ella como “presidente”, para cumplir con la formalidad de dirigirse a la autoridad de la cámara cada vez que hacen uso de la palabra. “Presidenta, ta ,ta”, remarcó Cristina, y ante la intención de Mayans de argumentar al sostener que «no tiene sexo la palabra «presidente» la ex presidenta le respondió: “Naaa, eso lo dicen los machistas”. Mayans y el resto de los senadores y las senadoras comenzaron a usar la palabra “presidenta”.

“Antes de seguir con la lista de oradores, vamos a clarificar un poco”, dijo Cristina Fernández. “Habíamos acordado un cuarto intermedio de dos horas a fin de que los senadores y senadoras puedan leer el proyecto que salió del a cámara de diputados”, tras el pedido del presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Nidenoff. “Sorry, estoy conociendo las caras”, dijo al dirigirse a la senadora radical Silvia Elías de Pérez. “Perdón por la palabra en inglés, no corresponde”, se corrigió después.

La primera en recordar su rol como presidenta del país fue la senadora santafesina kirchnerista María de los Ángeles Sacnun, quien recordó que el por entonces gobernador de su provincia, Miguel Lifschtiz, suscribió en su momento el Pacto Fiscal con el gobierno de Mauricio Macri, al que ella se opuso. “No solamente no se hicieron efectivos los pagos de la deuda (con su provincia), sino que se le retiró el Fondo Sojero que se recibía en forma automática durante su gobierno. Se buscó la sustentabilidad en las provincias y en los gobiernos locales”, recordó.

Luego, en medio de la sesión, la senadora Anabel Fernández Sagasti tuvo el rol de informar el pedido de extensión de sesiones ordinarias que hizo el presidente Alberto Fernández para tratar las jubilaciones de privilegio, tras las críticas que recibió la media sanción que obtuvo este viernes por la mañana la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.

En tanto, la iniciativa que promulga el nuevo acuerdo fiscal suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 las limitaciones sobre el impuesto a los ingresos brutos; impuesto a los sellos; tributo sobre la nómina salarial; tributos específicos; el consenso de 2018 del impuesto a las Ganancias y ley de Responsabilidad Fiscal; impuesto sobre los Bienes Personales e impuesto a los Sellos.

Su trabajo no sólo fue el que se vio en el recinto. Al mediodía estuvo trabajando en los cambios en el texto que llegó de diputados, y junto al titular del bloque del PJ, José Mayans; la vice Anabel Fernández Sagasti, el senador y amigo Oscar Parrilli y su secretaria administrativa, María Luz Alonso, referente de La Cámpora, monitorearon en equipo la construcción de la mayoría necesaria para la sanción de la ley.

Los detalles de la ley
9 emergencias

El proyecto de “solidaridad social y reactivación productiva” enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Son nueve áreas en total.

Jubilaciones

Suspende por 180 días la fórmula de movilidad jubilatoria que rige desde 2017. Durante esos seis meses el Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente, de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales. Crea una comisión de la que participarán legisladores y expertos para elaborar un nuevo método de actualización jubilatoria, que será enviado como proyecto de ley al Congreso para su sanción.

Impuesto a las transacciones en dólares

Crea un nuevo impuesto, denominado PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco años. Se trata de un tributo del 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior. De este gravamen, el 70% será destinado a la seguridad social y el 30% a obras de infraestructura. Cabe aclarar que se excluirán del alcance del impuesto PAIS las transacciones efectuadas con anterioridad a la ley.

Según una reforma introducida en el debate en Diputados, se exceptuó del nuevo impuesto al transporte internacional tanto aéreo como terrestre y acuático, que sea abonado en pesos y que no tenga impacto cambiario.

Retenciones

En cuanto a las retenciones, se sube del 30% al 33% el tope para la alícuota de derechos de exportación de la soja; del 12% al 15% para el maíz; y se lleva al 5% para productos industrializados de economías regionales. Para los hidrocarburos y la minería, el techo que actualmente es del 12% baja al 8%.

En la Cámara de Diputados se incorporó un agregado para facultar al Poder Ejecutivo a establecer “mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la productividad” de pequeños productores. A su vez, se fijarán “criterios que estimulen la competitividad de la producción federal”.

Otra reforma es que el Ejecutivo deberá informar la modificación de las alícuotas ante una comisión integrada por miembros del Poder Legislativo, el Consejo Federal Agropecuario, y organizaciones del sector. Las alícuotas aumentadas no serán aplicadas a los distritos declarados en emergencia agropecuaria.

El 67% de los incrementos en las retenciones será destinado a la ANSES, mientras que un 3% será para la creación de un “fondo solidario de competitividad agroindustrial” para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos. Esta compensación será administrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Aumento salarial

Establece la facultad de “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.

Tarifas

En el marco de la emergencia energética, el Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para revisar el esquema tarifario, y podrá intervenir por un año del ENRE y el ENARGAS. Se suspenden también los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Pymes

La ley estableció planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes.