Impulsada por organizaciones sociales, declara las tierras de más de 4400 barrios sujetas a expropiación y suspende los desalojos por cuatro años, entre otros derechos.
La Ley de Expropiación de Tierras de Barrios Populares, que ya había sido aprobada en Diputados en abril y por unanimidad, es un proyecto impulsado por las organizaciones sociales como la CTEP, TECHO, Barrios de Pie, Caritas y la Corrienta Clasista y Combativa (CCC). Con ella, unos 4416 barrios de Argentina pasan a ser reconocidos como tales y el Estado declara su voluntad de expropiar esos terrenos para otorgar el título de propiedad a sus habitantes. La ley establece que el 25% de las obras necesarias para la urbanización de villas y asentamientos se realicen mediante cooperativas de trabajo de esos mismos barrios.
Una movilización de distintas organizaciones acompañó la votación en las calles. Aunque el trabajo comenzó mucho tiempo antes: CTEP, Techo y Caritas realizaron durante 2016 un relevamiento de villas y asentamientos que derivó en el Registro Nacional de Barrios Populares, creado por decreto a principio de 2017. Así se supo que más de 4400 barrios de Argentina no tienen las condiciones mínimas de un hábitat digno, que más de tres millones y medios de personas viven sin servicios básicos ni propiedad de suelo.
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