En una sesión especial, el oficialismo apura la aprobación de una reforma al Código Procesal Penal sin la participación de la sociedad civil.
Como contó Tiempo, el gobierno y sus aliados impulsan este proyecto que permitiría al Estado vulnerar la privacidad de cualquier persona sometida (o no) a una investigación judicial.
El tratamiento mismo del proyecto engendrado por los senadores del peronismo neomacrista, Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino fue presentado el 2 de marzo. Cinco semanas después fue aprobado casi a hurtadillas por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, para así eludir la participación de la sociedad civil en el debate. Su presidente nada menos que Guastavino y Urtubey, junto al resto de sus impulsores, dieron por concluida esa fase del trámite sin convocar a otras reuniones o citar a expertos para que opinen al respecto. La reforma, entonces, iba a ser tratada en el Senado el 18 de abril. Pero, a último momento y sin explicaciones, se la reprogramó para esta semana.
La ley que podría obtener media sanción contempla según su artículo 175 la «vigilancia remota de equipos informáticos» por medio de un software que «permita el acceso remoto» al contenido de computadoras, celulares, tablets e incluso bases de datos como parte de una pesquisa judicial. Y sin mencionar una sola palabra sobre cómo se realizarán la intercepciones remotas ni quién sería el ejecutor de esta nueva modalidad.
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