La Legislatura aprobó en primera instancia el proyecto del oficialismo que concesiona el servicio por diez años. Sostienen que seguirá siendo gratuito, aunque existe la posibilidad de que lo cobren en un futuro.
La concesión será por diez años, y consistirá en la prestación integral, modernización, operación, mantenimiento y explotación del sistema bicing que hoy tiene presencia en la mayoría de los barrios porteños. La Secretaría de Transporte será la encargada de llevar adelante la licitación.
¿Por qué concesionar el servicio? Según el proyecto del oficialismo, buscan tender al autofinanciamiento del sistema para una menor carga del erario público y sin impacto económico para el usuario; la publicidad y el sponsoreo se erigen como un mecanismo posible a ese fin. La ley sostiene que el uso deberá ser gratuito, y el privado poseerá hasta 550 espacios disponibles para publicidad. Además, tendrá que contratar a todo el personal técnico que actualmente trabaja en la Unidad de Proyectos Especiales de Movilidad Saludable, y presentar semestralmente un informe detallado relativo al funcionamiento del sistema, la facturación en concepto de publicidad y el porcentaje de ocupación.
Quien gane ahora la licitación manejará 200 estaciones y 2500 rodados con anclajes reforzados, con los que se efectúan 8 mil viajes diarios. Actualmente, el sistema que comenzó en 2010 cuenta con unos 240 mil usuarios. Igualmente, tampoco está garantizado que el servicio se vaya a mantener gratuito, porque el proyecto se sigue basando en la ley original de 2007, que autoriza al gobierno a cobrar tarifa, si fuera necesario. Para el abogado integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, con la privatización el sistema de transporte público de bicicleta será utilizado para legitimar la expansión del negocio de la publicidad y el sponsoreo en áreas que actualmente se encuentran prohibidas.
La idea de privatizar el servicio no es nueva. Ya en 2013 el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, había propuesto entregar 135 millones de pesos a la empresa adjudicataria, con un adelanto operativo del 10% y un pago en cuotas durante dos años. De esta manera, la firma se hacía cargo sin necesidad de inversión propia. Esto desencadenó en un amparo avalado por la Justicia, lo que generó que Macri diera marcha atrás con la medida. «En todo el mundo el sistema es privado y se paga por su uso, pero decidimos que sólo compraremos las estaciones y seguirá estando bajo gestión pública», se justificó en ese momento.
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