El supremo encubrimiento del lawfare

La Corte Suprema decidió no revisar el juicio amañado por el que Amado Boudou fue condenado. Dejó claro que la cabeza del Poder Judicial no está dispuesta a revisar el accionar de ese poder del Estado durante los cuatro años del gobierno más autoritario que tuvo la Argentina desde la restauración democrática de 1983. 

Las razones para esta reacción corporativa, encubrir el lawfare, son múltiples. El ministro Ricardo Lorenzetti fue señalado desde varios sectores como el verdadero ideólogo de la doctrina que permitió el abuso de la prisión preventiva. Lorenzetti  sufrió un escrache en su casa de Rafaela cuando tenía que pronunciarse sobre los jueces trasladados a dedo por Macri. El escrache fue promocionado por los medios del establishment. Durante esas jornadas Elisa Carrió dijo por televisión que los supremos “no van a poder andar por la calle”.

Y es aquí donde aparece una dimensión no siempre descripta: el peso de la intimidad. Esa pequeña aldea en que viven las personas. Los ministros de la Corte, acostumbrados a tomar café en el Patio Bullrich y festejar el Día de la Independencia en la embajada de Estados Unidos, no serían bien recibidos en esos ámbitos si revisan el armado de causas. Las señoras paquetas de Recoleta no se acercarían para saludar sino para enrostrarles que “dejan a la mafia peronista” hacer de las suyas.

Se sabe que los supremos les tienen terror a los medios del sistema. Pero hay una pregunta que a veces falta: ¿por qué? La respuesta se encuentra en esa pequeña aldea. El hábitat en que viven, el miedo a la condena social de una élite a la que los cortesanos pertenecen.

Volviendo a la frase de Carrió: «No van a poder caminar por la calle». ¿A qué calle se refiere? Porque en la cortada Carlos Gardel del Abasto no habría demasiado problema. Ahora, si son las calles de Palermo Chico, es probable que el asunto se complique. Esas son las calles por las que andan los cortesanos.

La Corte tiene la potestad de revisar casi todas las decisiones de los poderes electos. Sin embargo, no está exenta de la necesidad de tener legitimidad. Y eso está en una crisis terminal. El 80% de la población tiene una mala imagen del Poder Judicial. Le gana por lejos en percepción negativa a los otros poderes del Estado. La frase “que se vayan todos” está mucho  más cerca de caer sobre los jueces que sobre los políticos en este momento.

Cuando se recuperó la democracia y terminaron de salir a la luz las atrocidades de la última dictadura, el expresidente Raúl Alfonsín apostó primero a que los militares se juzgaran a sí mismos, que revisaran su accionar. Fue imposible. Tuvieron que actuar los tribunales civiles. La Argentina inauguró un proceso histórico: el juicio a las juntas que empezó con Alfonsín, que luego se trabó con la obediencia debida y el punto final, retrocedió con los indultos de Menem y se retomó con Néstor Kirchner. Es un largo camino estudiado y destacado en el mundo entero.

Alberto Fernández parece haber apostado en este primer año de su gobierno, con la pandemia que condicionó todo, a que el Poder Judicial revise su accionar durante el ciclo macartista argentino, el gobierno de Macri. La Corte dejó claro –por ahora– que no está dispuesta a encabezar esa revisión. No hay tribunales civiles que los puedan juzgar, pero sí el Senado con la potestad del juicio político. Y en última instancia, está el voto popular al que se puede recurrir para producir una consulta vinculante sobre las reformas que la democracia y la república necesitan . «