El timing de la Justicia Federal para dar una mano al gobierno

Los argentinos están acostumbrados a los grandes despliegues mediáticos tras el abrupto despertar de alguna medida judicial. De pronto, luego de meses de ostracismo, y coincidiendo con las necesidades políticas del gobierno, una detención, una indagatoria o simplemente una declaración testimonial de algún personaje del gobierno kirchnerista transforma la agenda periodística de los grandes medios.

La Justicia Federal argentina se alinea, desenrolla la alfombra roja, y comienza a hacer desfilar a ex funcionarios para beneplácito oficial. No es algo nuevo, los jueces y fiscales federales tienen legajo público en este recorrido. El más renombrado es Claudio Bonadio, si bien tiene méritos suficientes lejos está de ser una oveja descarriada. La web El canciller hizo un repaso del “timming”  evidente de los federales.

A poco de las elecciones de medio turno en que Cambiemos ratificó su preeminencia electoral, el gobierno adelantó su programa de ajuste, que provocó malestar y críticas en los gobernadores provinciales y en la oposición “extendida”. Los medios hegemónicos se la veían ruda para evitar las voces de tantos pesos pesados de la política, ahí mismo apareció la Justicia Federal reclamando el desafuero de Julio De Vido, el 28 de septiembre, que fue otorgado y menos de un mes después se encontraba detenido por la causa de sobreprecios. 

Otra movida similar sucedió con la detención –en pijama y medio dormido– del exvicepresidente Amado Boudou el 3 de diciembre de 2017. Esos días la desequilibrada vara de las medidas gubernamentales de Cambiemos quedaba expuesta y tironeada en la opinión pública: la reforma tributaria combinaba, entre otras medidas, la quita de financiamiento a los deportistas olímpicos con la baja de impuestos a los autos de alta gama. La prensa recibió con fervor la prisión de Boudou y se abocó a exponer las “pruebas” por enriquecimiento ilícito y las fotos del exvicepresidente, quien al ser liberado dijo que “parecía que fuera un trofeo de caza”. Así la reforma tributaria que atribulaba al gobierno pasó a ser una discreta columna en la página 56 de los diarios y tema secundario de los programas con tintes políticos.

De manera casi inmediata, recuerda la web El canciller, fue detenido el ex secretario de Legal y Técnica Carlos “Chino” Zanini y pidió el desafuero para la posterior detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo orquestado por el juez federal Claudio Bonadio. Esa mano fue agradecida por los funcionarios del gobierno nacional que estaban tratando de sobrellevar una tasa de interés que superaba las promesas de Federico Sturzenegger, y una inflación arrastrada por la suba de combustibles.    

La reforma permanente que Macri anunció luego del triunfo electoral del 22 de octubre de 2017 llegó a un límite con la Reforma previsional. Masivas movilizaciones y cacerolazos lograron que el Congreso postergara el tratamiento del proyecto al tiempo que el aparato represivo del gobierno volvía a mostrar sus dientes. Por esos días la agenda mediática se vio dividida por la prisión preventiva de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa ordenada por el juez federal Julián Ercolini.

No llama necesariamente la atención las causas o las medidas tomadas por los funcionarios de la Justicia Federal, sino el olfato para tomarlas cuando el gobierno necesita un aire extra.

El escándalo por los aportantes truchos a las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017, los tarifazos al transporte sumados al nuevo aumento de la electricidad de este miércoles, más encuestas que muestran una caída de la imagen del presidente Macri, venían siendo los temas centrales. Cercado por reclamos, el gobierno no puede dar respuestas al malestar de un ajuste que le copa hasta las agendas más amigas. Pero la mano del juez Bonadío nuevamente llega en su socorro con un timming sorprendente. Ex funcionarios kirchneristas del ministerio de Planificación durante la gestión de Julio De Vido van a prisión (Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación y Gestión, Rafael Llorens, ex subsecretario Legal, Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta, y Oscar Centeno, su ex chofer) las cámaras y los micrófonos que siguen los oportunos movimientos de los jueces federales le vuelven a dar un respiro al gobierno.