La camioneta Toyota que causó una tragedia en la Ruta 9 fue prestada por la provincia de Buenos Aires a presidencia y utilizada por Macri en Córdoba. María Eugenia Vidal utilizó otra de esas camionetas para el cierre de campaña en Vicente López.

La coincidencia no tendría mayor relevancia más allá de la inexplicable nota trágica del siniestro en la Ruta 9- si no fuera porque ambos vehículos son oficiales, pertenecen a la provincia de Buenos Aires, pero fueron utilizados para acciones políticas que debieron financiar los partidos que integran la alianza Cambiemos. La Toyota SW4 gris, patente AA701ZW que embistió a la Fiat Fiorino del servicio técnico de la empresa de seguridad Arpa viajaba a Córdoba, donde Macri iba a cerrar la campaña de cara a las PASO. Macri es presidente todo el tiempo, pero a Córdoba no fue como jefe del Estado sino como líder de Cambiemos, a pedir el voto para las elecciones.
Los primeros en advertir la coincidencia fueron los periodistas del sitio web www.lanoticia1.com. Pero la historia, en rigor, había comenzado bastante antes y de manera inesperada. El presidente Macri aspiraba a trasladarse en un Mercedes Benz Vito conocido como la bestia, en un paralelismo con el auto blindado en el que se mueven los presidentes de Estados Unidos. Pero la compra de ese vehículo causó una fuerte controversia al interior de la administración de Cambiemos que, urgida por la proximidad de la visita de la canciller alemana Angela Merkel buscó improvisadamente un Plan B. Y allí aparecieron las camionetas bonaerenses, una de las cuales fue cedida en comodato a los custodios del primer mandatario.
La otra Toyota SW4 gris, patente AA717ZA, (apenas 16 números de diferencia con la otra), fue vista en las afueras del Centro Asturiano, según prueba la foto que ilustra esta nota. No está claro si Vidal viajó en ella; en todo caso, si lo hizo o fue utilizada por su seguridad, lo cierto es que Vidal no estaba allí en misión oficial sino pidiendo el voto para los candidatos de Cambiemos en territorio bonaerense.
El Código Penal, bajo la figura de malversación de caudales públicos, establece en el artículo 260 que será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Y el artículo 261 fija penas de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.
Ambos vehículos no aparecen en los registros públicos del gobierno bonaerense en internet. Fue imposible hallarlos en las licitaciones publicadas en el Boletín Oficial provincial, ni tampoco en el blog de datos abiertos que publica la administración provincial. Sí, en cambio, aparecen ante la consulta por deuda de patentes, que por cierto- no tienen. Tampoco figura quién es el titular, pero sí que su valuación fiscal es de 1.009.400 pesos.
En cuanto a la Toyota que causó la tragedia pasando apenas unos kilómetros la ciudad de San Pedro, era guiada por el sargento Claudio Luis Carle, quien iba acompañado por el principal Leonardo Galiliani, el sargento Enrique Alegre y el cabo primero Pablo Ariel Pinaroli, todos de la División Custodia Presidencial de la Policía Federal.
El fiscal local Marcelo Manso los investiga por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas. Como consecuencia de las heridas por el choque y posterior vuelco murió uno de los empleados de la empresa de seguridad privada, el peruano Segundo Graciano Sánchez Apolinato, en tanto que su acompañante sufrió heridas de las que aún se recupera.
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