El Tribunal puso en duda la finalización del juicio

La tercera audiencia del primer juicio a Milagro Sala por el escrache a huevazos al entonces hoy gobernador Gerardo Morales terminó con una duda: los jueces Mario Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz no confirmaron si este miércoles leerán el veredicto. Es decir, no se sabe si el juicio terminará en la fecha que estaba previsto. Las razones formales que expuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy es que no se concluyó con la etapa probatoria y hace falta incorporar pruebas. Una de ellas es un pedido de la defensa para que el Poder Ejecutivo provincial certifique que René “Cochinillo” Arellano, el único testigo que vincula a la parlamentaria del Mercosur con la protesta del 16 de octubre de 2009, fue contratado este año por la contaduría provincial. Es decir, pasó a ser empleado de la administración de la nueva gestión. 

El dato político es que para este miércoles todas las miradas estarán puestas sobre la decisión que los magistrados tomen en un juicio en el que no hay pruebas para que la dirigente de la Tupac Amaru esté sentada en el banquillo de los acusados: participarán 15 diputados nacionales, referentes de gremiales, legisladores y representantes de organismos de Derechos Humanos para escuchar el veredicto.

La prueba que debe presentar el gobierno de Jujuy fue pedida el lunes por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y permitiría certificar que el único testigo que dice que el escrache se organizó en la casa de Sala fue beneficiado por Morales con un contrato en la provincia en la Contaduría de la provincia.

La abogada Paula Álvarez Carreras, integrante de la defensa de Milagro Sala, expresó al Tribunal la necesidad que el juicio termine este miércoles en virtud del inicio de otro proceso contra la diputada del Parlasur que comenzará este jueves. 

“Arellano es el único testigo de cargo que sostiene que Milagro sería instigadora de los hechos que tuvieron lugar en el Consejo de Ciencias Económicas. Nosotros hemos planteado la poca credibilidad que tiene y hemos ofrecido un informe del cual surge que este año ha sido empleado de la Contaduría de la provincia. Cuando él declaró, le preguntamos si durante este año mantuvo algún trabajo en el Estado y dijo que no. Por ese motivo el Tribunal ordenó un oficio que todavía no ha sido contestado lo cual para nosotros es una vergüenza y otro dato más que evidencia que no se quiere terminar con este juicio”, detalló Álvarez Carrera.

“Milagro Sala vino y dio la cara. Queremos terminar mañana este juicio, que se hagan los alegatos y que se dicte el veredicto”, agregó la abogada. Al finalizar la audiencia, el Tribunal informó que sin esa prueba no se puede cerrar la etapa probatoria, y por lo tanto, se postergarían los alegatos y al veredicto. En medio de la discusión con las partes, el presidente del Tribunal mencionó el miércoles 28 como probable fecha de cierre. “Morales, que es el querellante en esta causa, como gobernador y como titular del Poder Ejecutivo es quien puede agilizar el trámite y contestar en tiempo y forma este oficio”, redondeó Álvarez Carrera.

Las generales de la ley

-¿Usted tenía relación familiar con Morales?

-Sí.

-¿Y cuál era ese vínculo que tenía?

-Ex cuñado.

Antes de iniciar su declaración testimonial, el testigo Oscar Gustavo Fernández, abogado de 43 años, dijo que no le correspondían las generales de la ley. Por eso durante su interrogatorio la abogada Álvarez Carrera preguntó específicamente si tenía o tuvo relación familiar con el querellante de la causa que pudiera incidir en sus opiniones. El juez había preguntado si conocía a los imputados en la causa: Sala, Graciela López y Ramón Salvatierra.

De ahí en más, el presidente del TOF, Mario Juárez Almaráz, comenzó a preguntar a los testigos también si conocía o era pariente de Morales. Así se supo que Analía Melián es hija de una prima hermana del contador. Y entre los testigos abundaron las empleadas del entonces presidente del Concejo Deliberante de la capital jujeña (hoy ministro de la Producción), el radical Juan Carlos Abud Robles, y empleados o colaboradores del Instituto de Políticas Públicas (IPP), una ONG de la UCR.

“Una vez más se volvió a ratificar que lo que se está juzgando es una discusión de tipo político. Quedó expuesto que la mayoría de los testigos de cargo, casualmente son miembros del partido radical, militantes, trabajadores o ex trabajadores del Instituto de Políticas Públicas, donde todos los testigos dejaron en claro que depende del partido radical en esta provincia”, explicó a la prensa la abogada Paula Álvarez Carrera al finalizar el debate.

-¿A usted la contrataron para hacer el Coffe Break en la conferencia?-, preguntó la abogada defensora.

-No. Era lo que siempre hacíamos con las compañeras de trabajo en cada actividad que hacía nuestro jefe-, respondió Albertina Ríos, empleada de 60 años que estaba trabajando el día del escrache.

-¿Quién era su jefe?-, continuó.

-Juan Carlos Abud.

-¿Qué era Abud en ese momento?

-Jefe del Concejo Deliberante.

-¿Y pertenecía a qué partido?

-A la Unión Cívica Radical.

Ni Milagro ni la Tupac

“Se le ha preguntado a los testigos si vieron a Milagro, si escucharon nombrarla, si vieron a gente con las vestimentas asociadas a la organización Barrial Tupac Amaru, y dijeron que no. Y los que dijeron que sí fueron a partir de dichos del propio senador (Morales) o de otros dirigentes radicales que estaban en ese lugar”, explicó Álvarez Carrera.

En esta tercera audiencia ocurrió lo mismo que en los debates del 15 y 19 de diciembre: todos los que prestaron declaración señalaron que Milagro Sala no estuvo en el lugar de los hechos, que no había nadie de la Tupac Amaru y que no escucharon a nadie mencionarla.

Este miércoles, cuando estaba previsto que el juicio cierre, están confirmadas las presencias del secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz y nieto restituido, Horacio Pietragalla Corti, los diputados nacionales Wado de Pedro, Juan Cabandié, Andrés Larroque y Mayra Mendoza, entre otros; el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano; y el legislador de CABA, Carlos Tomada, y el Padre Paco, de los Curas en Opción por los Pobres, entre otros dirigentes.