Lo ordenó el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. En 1977 mataron a 16 personas que estaban detenidas en El Vesubio. Las enterraron como NN.
El sitio tuvo en los últimos tiempos una gran exposición a raíz de que los organismos de Derechos Humanos locales y la Comisión Vesubio y Puente 12 detectaron (y bloquearon) el intento de venta del inmueble ubicado en Boulevard Buenos Aires 1151 (entre Monte Grande y Luis Guillón) lo que además hubiera perjudicado la investigación que lleva adelante la Justicia.
En la noche del 23 de mayo de 1977, dieciséis personas detenidas ilegalmente en el centro clandestino El Vesubio (en Richieri y Camino de Cintura) fueron sacadas de las ‘cuchas’ en que los mantenían. Les anunciaron, en presencia de otros detenidos que testificaron luego en el juicio, que serían puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pero los diarios del 25 de mayo reprodujeron un comunicado difundido por el Ejercito que anunciaba un “enfrentamiento” en el que «abatieron a 16 sediciosos», con el cual se intentaba encubrir el fusilamiento.
Las víctimas fueron Luis Gemetro, Luis Fabbri, Catalina Oviedo de Ciuffo, Daniel Ciuffo, Luis de Cristófaro, María Cristina y Julián Bernat, Claudio Giombini, Elísabeth Käsemann, Rodolfo Goldín, Mario Sgroi, Esteban Andreani, Miguel Harasymiw, Nelo Gasparini y otras dos personas de sexo femenino que hasta el momento no fueron identificadas.
“A fin de preservar, señalizar y difundir el espacio, (…) resulta indispensable la declaración de Utilidad Pública con la consiguiente expropiación del inmueble donde se perpetró esta masacre” dice la ordenanza promulgada este 4 de abril, que en su artículo 2 autoriza al departamento Ejecutivo «efectuar modificaciones en el Presupuesto general de gastos con el objeto de realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza».
Fosas comunes
Entre los considerandos de la Ordenanza 9704/22 votada por el Concejo Deliberante de Echeverría y promulgada por Gray se sostiene que “el exterminio con ocultamiento o desaparición de los cuerpos se vio apoyado en al menos dos prácticas concretas: los llamados vuelos de la muerte y el enterramiento clandestino en fosas comunes”.
Precisamente, esta última acción fue la que tomaron en el inusual “blanqueo” de los fusilados en la casona. Los cuerpos terminaron enterrados como NN en el cementerio de Monte Grande y luego algunos fueron desenterrados para que los familiares –alertados por la publicación en los medios– pudieran reconocerlos.
El 31 de marzo pasado, las secretarías de DD HH de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires hicieron un acto en el que se señalizó el cementerio local con un cartel que denuncia la maniobra macabra de las Fuerzas Armadas. Esa señalización, comentan a Tiempo desde la Secretaría que conduce Horacio Pietragalla, es parte del trabajo iniciado a partir del pedido de la Mesa de DD HH de Esteban Echeverría de establecer en el lugar un Sitio de Memoria, proceso que está encaminado.
El organismo nacional comenzó, además, una búsqueda de los familiares de las 14 personas que la Justicia dio por probado que fueron asesinadas allí. En los encuentros con las familias resolvieron realizar un acto que se concretará el 24 de mayo, al cumplirse los 45 años de la masacre.
Como un rompecabezas en el que las fichas claves están siempre en poder de alguien que no quiere que se resuelva, la historia de este fusilamiento comenzó a develarse casi 30 años después, en la instrucción del Juicio Vesubio I que dio inicio en 2006 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 de Capital Federal, a cargo del juez Daniel Rafecas.
En junio de 2020, Rafecas dictó la orden de no innovar en el inmueble, para clausurar la posibilidad de venta, y abrir la investigación sobre la propiedad del lugar y las razones que llevaron a los jefes de Área del Regimiento III de La Tablada, responsables del operativo, a ejecutarlo en ese sitio.
En la instancia de instrucción se dio por probado el carácter fraguado del enfrentamiento con el testimonio de dos conscriptos que fueron obligados a participar del descomunal tiroteo que sobresaltó a los vecinos en la madrugada del 24 de mayo del ’77. Pero el testimonio fundamental resultó ser el del bombero Daniel Casinelli, responsable de retirar los cuerpos del lugar y de trasladarlos al cementerio.
Una de las 16 personas fusiladas en la Masacre de Monte Grande fue la ciudadana alemana Elisabeth Käsemann, cuyo secuestro y posterior asesinato motivó un intercambio diplomático entre la dictadura y la República Federal de Alemania, aunque, al decir del historiador Osvaldo Bayer (quien filmó un documental al respecto) “Alemania no quiso intervenir demasiado en el caso porque la dictadura argentina era muy buen cliente para su industria armamentística, si hasta le compró dos submarinos”. Elisabeth era una joven estudiante de sociología, hija del prestigioso teólogo evangelista alemán Ernst Heinrich Friederich Käsemann, quien denunció que un oficial argentino le llegó a pedir 20 mil dólares de coima para devolverle los restos de su hija.
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"El 31 de marzo pasado, las secretarías de DD HH de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires hicieron un acto en el que se señalizó el cementerio local con un cartel que denuncia la maniobra macabra de las Fuerzas Armadas. Esa señalización, comentan a Tiempo desde la Secretaría que conduce Horacio Pietragalla, es parte del trabajo iniciado a partir del pedido de la Mesa de DD HH de Esteban Echeverría de establecer en el lugar un Sitio de Memoria, proceso que está encaminado. "
Agradecemos al medio Tiempo Argentino por su interés en este tan sentido tema para nuestra comunidad y la sociedad toda y felicitamos al periodista Roly Villani por esta excelente nota periodística..!! Desde la Mesa de DDHH de E. Echeverría y Ezeiza seguimos bregando para que el predio en el que ocurrió la llamada Masacre de Monte Grande sea declarado ESPACIO DE MEMORIA. Por MEMORIA VERDAD JUSTICIA para lxs 30.000 ciudadanxs detenidxs desaparecidxs durante la última dictadura cívico militar...
Estimadxs, estoy suscrita a este medio, el que aún me resulta confiable. Por eso me atrevo a señalar que hay un error en la información. La solicitud se realizó en noviembre de 2018 cuando la Mesa de DDHH no estaba aún conformada.