Mauricio Macri finalmente vetó la «Ley de Emergencia Ocupacional». O, mejor dicho, confirmó que mientras él sea presidente los despedidores no tienen ninguna otra traba legal que las previamente existentes. Están habilitados a hacerlo, sin doble indemnización, ni nada que los distraiga. Que el mercado haga y resuelva según su capacidad y necesidad, laudó Macri, y que los afectados se las arreglen como puedan hasta el mágico «segundo semestre».
Hay que reconocerle algo a Macri. Su decisión fue la más honesta, ideológicamente hablando, desde que asumió el cargo de jefe de Estado ungido por el voto popular en diciembre pasado. Macri no cree en regulaciones, ni en reglamentaciones, ni en normas que condicionen a los dueños del poder y del dinero y sus modos de resolver la puja distributiva.
Lo dijo, o lo dijeron sus funcionarios, que es lo mismo: las leyes no sirven para nada, ni para crear empleo, ni para destruirlo. A su modo, Macri es un libertador, una suerte de anarquista de derecha, que plantea que el mejor Estado es el Estado en retirada.
Pero eso es falso. El Estado nunca se retira. En todo caso, cambia su horizonte de prioridades, según quien lo administra. Favorece a las mayorías o a las minorías del privilegio. No deserta jamás. Cuando lo dirigen políticas distribucionistas, según los dueños del poder y del dinero, se vuelve un ogro «sobredimensionado y costoso». Y cuando se plantea un repliegue, favoreciendo la acumulación de renta de grupos concentrados sin intervenciones molestas, se transforma de la noche a la mañana en «eficiente» y «estimulante», según los mismos opinadores.
Macri dio cátedra en Cresta Roja. Cátedra neoliberal. La cantidad de ocupados y desocupados bajo su paradigma económico no la deciden los parlamentarios populistas elegidos en elecciones, sino el resultado de la libre disputa entre oferta y demanda de actores que pujan mientras el árbitro, que vendría a ser él, miente neutralidad mirando para otro lado, o directamente, argumentando que si los ricos ganan también lo hacen los pobres.
Todos los macristas repiten el mismo mantra, aunque la realidad de los últimos años los haga quedar como negadores. El empleo no lo generan las políticas públicas activas, sino empresarios sin ataduras que, cuando cuenten con costos laborales razonables, se volcarán a tomar trabajadores en masa. ¿Y cuál sería ese «costo razonable»? Fácil. El precio internacionalizado del trabajo en la periferia capitalista. Ni más, o en lo posible, mucho menos.
Eso es: lo que estén dispuestos a pagar cuando analizan sus costos y las ganancias que quieran llevarse a su casa, o a sus cuentas en el exterior. Y para lograrlo necesitan generar un gran ejército en reserva de demanda, es decir, desempleados en número suficiente, que permitan bajar los salarios de los que quedan empleados bajo amenaza de ir a engrosar ese bolsón de desafectados de la maquinaria de acumulación vigente. Cuanto más gente puje por conseguir un trabajo, el precio a pagar por ese trabajo será cada vez más bajo.
Es la figura del encargado sobre una tarima que elige quiénes ese día tienen conchabo y quiénes no, quiénes entran a la fábrica y quiénes se quedan afuera, quiénes tienen cosas para estibar y cobrar el jornal, y quiénes volverán a sus casas con los bolsillos vacíos. Pero en este caso, no hay un playón industrial, ni una terminal portuaria: la escena transcurre en un país y el que se erige sobre la tarima decidiendo el futuro de la multitud es nada menos que el presidente.
Volviendo a Cresta Roja, el lugar elegido para anunciar el veto es simbólico. Una fábrica que cerró, que fue vendida, que volvió a producir, pero con salarios más bajos y con la mitad del personal incluido, mientras el resto de sus ex trabajadores aguarda con la ñata contra el vidrio a la espera de que los llamen, dispuestos a resignar antigüedad, beneficios de convenio, en definitiva, salario, con tal de volver a llevar algún dinero a su casa.
Macri pretende que el mundo laboral argentino se convierta en Cresta Roja. Que los trabajadores, después de 12 años y medio «de fiesta», se dispongan por necesidad a entregar sus conquistas, que abandonen sus certezas, derechos y previsibilidades, y se rindan ante lo evidente: sin empresarios que sacien su gula, no habrá trabajo, ni siquiera malpago. El veto a la ley es coherente con el lugar que ocupa en el mundo, ese desde el cual mira lo que sucede o hace que las cosas sucedan. Macri gobierna para los ricos y desgobierna para los más pobres.
Lo que pide es la rendición incondicional de todos aquellos que crean que la distribución del ingreso debe hacerse con criterios de equidad. Porque se afirma en esa convicción de la derecha clásica que supone que el motor de la historia es la desigualdad humana, y no las ansias de paridad de los desplazados, como la historia misma demuestra.
A su modo, con sus habituales balbuceos y eslóganes de autoayuda, lo que viene a decir el presidente con discursos como el de Cresta Roja es que la disputa terminó y ya quedó dictaminado quiénes son los ganadores y perdedores determinados. Por eso veta la ley, porque le parece que no hay consecuencias. ¿Qué puede pasar si ya no pasa más nada? Suena algo torpe, es verdad, pero no por eso menos convencido de lo que dice.
Lo único rescatable del veto macrista es que no deja dudas sobre quiénes son los favorecidos por sus políticas: los empresarios del Foro de la Convergencia Empresarial que le rindieron tributo en la Casa Rosada hace dos semanas, en un «patio militante» donde faltaron las banderas y el fervor juvenil pero se podían advertir dosis de algarabía infrecuentes entre los gerentes. El sinceramiento llegó. En Cresta Roja y con el veto a una norma votada por la mayoría del Parlamento que buscaba paliar la ola de destrucción de empleo desatada en estos meses.
El presidente se volvió nuevamente previsible. Si a alguien le quedaban dudas, Macri hoy es más Macri que nunca. Ni un líder moderno, ni un populista de derecha, ni una experiencia inédita de extremo centro: se calzó el traje de garante de la brutal transferencia de ingresos de los sectores populares en beneficio de los más altos en la pirámide social.
Los tarifazos, la devaluación, la apertura indiscriminada de las importaciones, el endeudamiento y la persecución al kirchnerismo hay que leerlos como partes de un mismo plan, porque lo que le preocupa a Macri del kirchnerismo no son los Lázaro Baez ni los Jaimes, sino la memoria social reciente de que este país pudo ser otro, uno distinto, con beneficiarios diferentes a los que él representa, adoptando otro tipo de políticas.
Si el movimiento sindical hará paro o no después del veto es difícil de pronosticar. Las CTA quizá lo impulsen, sobre todo después de ver que 50 mil trabajadores bonaerenses tomaron las calles para luchar contra la flexibilización laboral que promueve María Eugenia Vidal y advertir que hay protestas similares que se dan en todo el territorio del país, incluida la impresionante movilización universitaria. Sus dirigentes, de hecho, están pensando en una nueva Marcha Federal.
Las GCT de Moyano y Caló son un misterio. Van de la prédica combativa al sermón pacificador con idéntica facilidad. Triunfaron con la votación de la ley, pero siempre queda la duda sobre su voluntad de confrontar. Golpear y negociar no son tácticas en su caso: a veces, parece ser toda la estrategia que tienen.
Ya se sabe qué quiere Macri. Resta averiguar si su plan de reingeniería encuentra cada vez mayores obstáculos para ser aplicado, o si podrá seguir pavoneándose sin costos prometiendo un futuro negro a los que saben que su futuro negro les está llegando. A pasos acelerados. «
