Elecciones presidenciales en Guatemala: 22 candidaturas y ninguna flor

Guatemala llega a este domingo electoral con una atomización récord de candidaturas pero, paradójicamente, con poco para elegir. De las 22 fórmulas presidenciales que se presentan, la gran mayoría representa la continuidad de la élite blanca conservadora que gobierna desde el retorno de la democracia hace casi cuatro décadas. Un proceso electoral que estuvo marcado por múltiples irregularidades, denuncias y la inhabilitación de cuatro candidaturas, entre ellas la de la referente indígena Thelma Cabrera, la única postulante de izquierda que aparecía con chances.

Los sondeos previos dan por descontado que ninguna opción superará el 50% de los votos, con lo cual la cosa se definirá en la segunda vuelta del 20 de agosto. Según los vaticinios de la encuestología, hay tres favoritos para llegar al balotaje.

La que pica en punta es Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, una fuerza otrora socialdemócrata cuando gobernó su ex esposo Álvaro Colom entre 2008 y 2012, pero que se fue corriendo hacia la derecha. Torres eligió como compañero de fórmula al pastor evangélico Romeo Guerra en su tercer intento por llegar a la presidencia tras perder los balotajes en 2015 y 2019.

También figura entre los favoritos Edmond Mulet, del partido de derecha Cabal. Mulet fue diputado durante 12 años y luego emprendió una larga carrera diplomática como funcionario de la ONU y como embajador del país ante la Unión Europea, Bélgica, Luxemburgo y Estados Unidos.

La extrema derecha no tiene como principal opción a un outsider novedoso sino que está representada por Zury Ríos, orgullosa heredera del legado de su padre, el dictador Efraín Ríos Montt. Zury, que también lo intenta por tercera vez, es partidaria de la pena de muerte y promete mano dura ante la violencia delincuencial, en sintonía con el creciente club de fans del salvadoreño Nayib Bukele.

En 2013, su padre fue condenado a 80 años por genocidio y delitos de lesa humanidad, pero luego la Corte anuló la sentencia por presión del poder militar y económico, y falleció impune en 2018. Zury lo acompañó en todo el proceso judicial y suele decir que el dictador es su “inspiración”.

La Asociación Para la Justicia y Reconciliación (AJR) denunció que su participación electoral “ofende la conciencia, dignidad y memoria de las víctimas y de quienes buscamos justicia por las masacres, desapariciones forzadas, torturas, genocidio y violaciones sexuales”. El organismo de DDHH intentó impugnar su candidatura basándose en un artículo de la Constitución que prohíbe la postulación a hijos de golpistas, pero la Justicia le dio luz verde igual.

Toda la campaña estuvo atravesada por denuncias judiciales, maniobras de proscripción y operaciones mediáticas que dejaron fuera de carrera a cuatro binomios, entre ellos el empresario Carlos Pineda —que aparecía primero en las encuestas — y Thelma Cabrera, lidereza indígena del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que había salido cuarta en 2019. El Tribunal Electoral la proscribió argumentando que no cumplía con los requisitos legales su candidato a vice, el exprocurador de los DDHH Jordán Rodas.

El pueblo maya, que representa al 41,7% de la población guatemalteca (una de las más altas de la región), se quedó así sin su candidata.

Democracia floja de papeles

Guatemala vivió una cruenta guerra civil que duró más de 36 años y dejó un saldo de 200 mil muertes y 50 mil personas desaparecidas. Los Acuerdos de Paz de 1996 pararon la matanza, pero se fue edificando una democracia de élites anclada en un Estado débil, un racismo estructural y una economía primarizada que se sostiene con las remesas del exterior y una informalidad del 80%.

El sistema político parece atrapado por una red mafiosa multipartidista controlada por el poder económico-judicial-militar, en alianza con el creciente poder narco-criminal, condenando a la pobreza al 60% de la población y a emigrar a medio millón de personas por año. Y que se complementa con la criminalización y persecución a líderes sociales, defensores de DDHH, periodistas y fiscales anticorrupción, lo que limita las posibilidades de reacción popular y alternativas de cambio.