Elecciones provinciales y economías regionales: el caso Corrientes

Por: Matías Jáureguí *

Una mirada sobre la situación productiva en una provincia clave del litoral argentino, más allá de la coyuntura electoral.

Las principales economías regionales de Corrientes nos ayudan a entender el resultado de las elecciones en esa provincia. Allí se encuentran dos de las economías regionales más importantes del país: la producción de yerba mate y la producción arrocera. La primera, compartida con su vecina, Misiones; la segunda, hacia el sur, con la otra provincia litoral, Entre Ríos.

En Corrientes, estas dos economías regionales se encuentran concentradas en pocas manos: grandes productores integrados con la industria. Por el contrario, las mismas producciones en sus provincias vecinas están en manos de pequeños productores y cooperativas.

El 50% del área correntina sembrada con arroz se encuentra en manos de diez empresas que hacen llegar sus productos a la góndola: Adecoagro, Grupo Puerto Las Palmas, Glencore (ex socio de Vicentin), Molinos Río de la Plata –de la familia Pérez Companc– y Copra S.A, de José Antonio Aranda (vicepresidente del grupo Clarín). Esta concentración de la producción se corresponde con el hecho de que Corrientes sea una provincia conservadora, donde el poder económico y político se entremezclan.

Algunos ejemplos de la relación del poder económico y el poder político correntino:

• En el año 2010, Aranda junto a George Soros, con el visto bueno del Gobierno correntino, intentaron interrumpir el curso de agua del rio Ayuí con una represa para inundar 8.000 hectáreas destinadas a la producción de arroz, intento frustrado por el Gobierno nacional de Cristina Fernández.

• En el año 2020, el mismo Aranda fue identificado como uno de los veinte dueños de campos donde se produjeron quemas de humedales y entorpecimiento de medios de transporte. La causa quedó paralizada.

• En el 2022, Adecoagro –junto a Aranda– secaron el río Corrientes con la autorización del Gobierno provincial. Esto produjo una importante protesta de pequeños y medianos productores arroceros con denuncias en el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA).

En Entre Ríos, por el contrario, se encuentran productores medianos y chicos asociados a cooperativas, como la cooperativa arrocera de Villa Elisa, la cooperativa agrícola “General San Martín” Los Charrúas, la cooperativa agrícola Basabilbaso, la cooperativa arrocera de San Salvador y la cooperativa Urdinarrain.

Respecto a la producción de yerba mate, podemos ver que los grandes productores se encuentran en Corrientes –una provincia históricamente gobernada por la oligarquía–, mientras que los pequeños productores yerbateros (y las cooperativas, como Andresito y Pipore) se desarrollaron principalmente en Misiones.

El Gobierno correntino hizo silencio sobre esta situación. Se ausentó ante los reclamos de los pequeños productores después de que el actual Gobierno nacional desregulara el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La desregulación del INYM afecta a los establecimientos más chicos que se encuentran principalmente en Misiones, ya que este instituto regulaba, además del precio mínimo de referencia, la superficie de crecimiento de las explotaciones. La medida del Gobierno nacional benefició a los grandes productores de yerba asentados en Corrientes, que concentran la actividad y manejan los precios en góndola.

Juan Pablo Valdés celebrando la victoria electoral junto a su hermano Gustavo.

Con su primer Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Javier Milei desreguló la actividad yerbatera quitándole al Instituto de la yerba mate la facultad de fijar precios mínimos cada seis meses para que haya un precio de referencia. Además, establecía un límite de cinco hectáreas anuales por productor para nuevas plantaciones yerbateras en Misiones y Corrientes, con el objetivo de evitar la sobreproducción y dar respaldo a los productores más chicos. La provincia de Misiones se opuso y apeló esa medida en la justicia, mientras que Corrientes no tuvo la misma iniciativa.

Sumado a esto, el Gobierno de Javier Milei permitió la importación de yerba mate, que comenzó a ingresar proveniente de Paraguay y Brasil. Mientras Misiones se opuso, el Gobierno correntino hizo silencio.

Como ejemplo de empresas yerbateras relacionadas con el Gobierno correntino podemos nombrar a Las Marías, con las marcas Taragüi, Unión, Mañanita y La Merced, de la familia Navajas Artaza, históricamente relacionada a los Gobiernos de facto; y la familia Pérez Companc, propietaria de Molinos Rio de la Plata, con sus marcas Nobleza Gaucha, Cruz De Malta y Chamigo.

Adolfo Navajas Artaza, hijo del fundador de Las Marías, fue Interventor de Corrientes durante la presidencia de facto de Onganía entre 1969 y 1973; también fue ministro de Acción Social de la Nación durante la presidencia de facto de Reynaldo Bignone, entre 1982 y 1983; y fue designado intendente de Gobernador Virasoro entre 1985 y 1987. Quienes padecieron sus gestiones señalan que fue cómplice de la dictadura, “marcando” trabajadores de la empresa.

El ataque actual del Gobierno de Milei a las economías regionales beneficia a los grandes productores y a los industriales correntinos; ante ello, el Estado provincial tuvo una tibia o nula resistencia a las medidas anunciadas por Federico Sturzenegger.

En Corrientes, el poder económico y el poder político están espalda contra espalda desde hace 25 años. No es casualidad que dos de las economías regionales más importantes del país, en esa provincia, estén concentradas en pocas manos, mientras que en las provincias vecinas se encuentran distribuidas en muchos pequeños productores y cooperativas.

* Ingeniero agrónomo y productor agropecuario (zona Tandil).

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