Elena Highton de Nolasco renunció a una Corte Suprema envuelta en una gravísima crisis institucional

Envuelta en lo que algunos de sus miembros definen como “una gravísima crisis institucional”, la Corte Suprema sufrió su primera baja: la jueza Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia al cargo a parir del próximo 1º de noviembre.

Mediante un escueto texto dirigido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, Highton anunció su salida del máximo tribunal. Y lo hizo con una señal que parece explicar las razones de esa decisión, que no están expresadas en el breve texto.

La fecha de la dimisión es la del 30 de setiembre. Ese día fue el último de Carlos Rosenkrantz como presidente del tribunal y se cristalizó en los hechos el acuerdo al que habían arribado el propio Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti para que éste último fuera elegido para encabezar el tribunal por los próximos tres años.

Highton estaba en desacuerdo con aquella forma “autovoto” que les permitió a Rosatti y Rosenkrantz quedar como uno y dos de la Corte, y desplazó las aspiraciones de Ricardo Lorenzetti para recuperar ese puesto simbólico que ejerció durante más de una década.

Si bien la salida de Highton se concretará dentro de poco menos de un mes, el detalle de la fecha parece indicar algo.

¿Será la de Highton, la única mujer en la cabeza del Poder Judicial, la única baja en el tribunal? El martes por la tarde se olfateaba un clima raro en tribunales, y los rumores y especulaciones circulaban a la velocidad de la luz por los pasillos del Palacio de Justicia que aún continúan despoblados.

Highton venía sufriendo cuestionamientos internos que rápidamente la habían descartado como una alternativa de recambio a Rosenkrantz y un dique de contención contra el ascenso de Rosatti a la presidencia del máximo tribunal.  Juró como jueza a mediados de 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, después de una extensa trayectoria como magistrada del fuero civil. Pero para entonces ya estaba vigente desde hacía una década la reforma constitucional de 1994, que establecía un tope etario para los magistrados: 75 años de edad.

Un año antes de alcanzar ese límite, Highton presentó una acción de amparo con pedido de medida cautelar para seguir siendo jueza y obtuvo un fallo favorable que le permitió anticipadamente asegurarse la continuidad. ¿Cómo lo hizo? Gracias a que el gobierno de Cambiemos decidió no apelar la decisión, que de esa manera quedó firme. Desde lo legal, Highton tenía un paraguas a prueba de remoción; desde lo ético, no pasaba día sin que alguien recordara en tribunales esa situación. Hasta que un día las habladurías se transformaron en una causa judicial.

El fiscal Carlos Stornelli impulsó una investigación penal contra Highton,  Rosenkrantz; el ex presidente Mauricio Macri y su ex ministro de Justicia, Germán Garavano. En la denuncia original también figura el ex asesor presidencial, integrante de la “mesa judicial” de Cambiemos y hoy prófugo de la Justicia argentina Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

Stornelli hizo lugar a la denuncia de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, encabezada por los abogados Federico Méndez y Pablo Llopart, sobre “el presunto desarrollo de maniobras ilícitas supuestamente organizadas, con el propósito de prorrogar la designación de Highton de Nolasco como Magistrada de la Corte Suprema”. El expediente está en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.

Aliada histórica de Lorenzetti, Highton fue el factor clave –no obstante- para desplazarlo de la presidencia del máximo tribunal. Incluso le reprochó, tres años atrás, que se estaba quejando por un mecanismo al que el propio Lorenzetti había recurrido (en otro contexto, por cierto) para desembarcar en la presidencia de la Corte desplazando a Enrique Petracchi.

Hoy, Lorenzetti recita a Petracchi cuando busca transformar en poesía ética (y ciertamente de protesta contra sus pares) la conducta del fallecido juez de la Corte, quien venía desempeñándose en el cargo desde los tiempos post dictadura, designado por el ex presidente Raúl Alfonsín.

La causa que instruye Lijo sostiene que cuando presentó su intento para continuar más allá de los 75 años, Highton sabía que se estaba definiendo el denominado “Fallo Schiffrin”, en el que la Corte dispuso taxativamente que traspasado el límite etario nadie pudiera seguir siendo juez a menos que accediera a la reválida prevista por la Constitución Nacional.

Según la denuncia, con la complicidad de Rosenkrantz manejó los tiempos para que “su” fallo saliera antes que el de la Corte y se aseguró que el gobierno de Cambiemos no lo apelaría.

Después de Highton, ningún juez pudo seguir ejerciendo la magistratura después de cumplir 75 años de edad.

Hoy, en apenas dos párrafos, le comunicó al presidente Alberto Fernández, con quien supo tener una fluida relación académica y también personal, que su carrera judicial llegaba a su fin.