Emergencia habitacional: hay 200 órdenes de desalojo, la mayoría en La Boca

Sumergida en el cóctel de la crisis socioeconómica, la especulación inmobiliaria y la falta de control estatal, la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires tendrá un fuerte foco de conflicto en apenas dos semanas: cuando culmine la feria judicial, habrá unos 200 desalojos que ya tienen la orden de concretarse. La mayoría se concentra en La Boca, epicentro de las políticas del macrismo y el larretismo que año a año vienen expulsando a los vecinos históricos del barrio.

El icónico distrito del sur porteño cuenta desde 2006 con la Ley 2240 de Emergencia Ambiental y Urbanística. Sin embargo, la norma es incumplida sistemáticamente, y la política oficial redunda a favor del sector de los grandes desarrolladores inmobiliarios, especialmente a partir de otra ley, la que creó el Distrito de las Artes en 2012, ofreciendo a los empresarios exenciones de hasta el 25 por ciento. Mientras que antes de su sanción se registraba un desalojo cada dos meses, hoy hay un promedio de tres por semana. Se trata de conventillos y otras viviendas precarias, varias que terminan incendiadas, como el asentamiento consumido por el fuego en la calle Irala hace diez días, donde 15 familias quedaron a la deriva (ver aparte). En todo 2019 hubo 18 incendios.

A partir de febrero, cuando vuelvan a funcionar los tribunales, el barrio podría sufrir hasta 147 desalojos que ya cuentan con sentencias y que involucran a más de 2000 personas. La mayoría paga alquileres sin recibos hace años, en un estado de vulnerabilidad signado por la falta de acceso a la información sobre los derechos que les corresponden. En los últimos cinco años fueron más de 1100 los desalojados. «En su mayoría son conventillos, porque ese es mayoritariamente el tipo constructivo de los sectores populares de nuestro barrio: la vivienda colectiva», explica Natalia Quinto, de la agrupación La Boca Resiste y Propone, que comandó el amparo colectivo presentado días atrás con el patrocinio del defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, a cargo de la Defensoría N° 5, para exigir el cumplimiento de la Ley 2240 y frenar los sistemáticos desalojos.

Reclaman que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presente ante el juzgado un plan concreto que indique cómo llevará a la práctica los conceptos de la ley de emergencia ambiental y urbanística de La Boca; que se lleve a cabo un relevamiento sobre las necesidades habitacionales; y que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad otorgue soluciones de vivienda para los casos de desalojo, con acceso al crédito y refacciones de las viviendas.

Gentrificados

Las postales cotidianas de La Boca cambian día a día y las casas humildes dejan paso a emprendimientos como Queen Caminito y Filiberto Apart. Para la representante de La Boca Resiste y Propone, el proceso de gentrificación que sufre el barrio hace más de una década es el punto en común entre la mayoría de los desalojos: «Es un modelo de desarrollo extractivista del suelo urbano. Para llevarlo adelante se sustituye una población por otra de mayor poder adquisitivo, con nuevos hábitos de consumo y costumbres. Los inmuebles ocupados valen muchísimo menos que el valor de mercado».

«A este proceso hay que sumarle los beneficios que ha recibido Airbnb», acota Quinto, en alusión a la norma aprobada en la última sesión de 2019 por el oficialismo, sin debate previo, que permite a las plataformas online de alquileres temporales construir y utilizar el 75% de edificios para turismo, renovándole incluso todo el año a la misma persona. «La iniciativa fomenta indirectamente el cambio de uso de las viviendas de residenciales a turísticas, desprotegiendo a los inquilinos e inquilinas, y generando un alza generalizada de los precios de los arrendamientos de vivienda tradicional», apuntan desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

En paralelo, la Legislatura también empezó a tratar el tema. Diputados, representantes de instituciones públicas y organizaciones sociales realizaron el lunes pasado el segundo encuentro por la emergencia habitacional, que involucra no sólo los desalojos, sino el acceso a la vivienda, los alquileres y a las personas sin techo: de acuerdo al 2° Censo Popular de Personas en Situación de Calle, de julio del año pasado, hay 7251 personas a la intemperie en la Capital. La mitad afirmó que es la primera vez que vive en esas circunstancias.

«Si bien el emergente y lo que hoy nos preocupa fuertemente es la situación de los desalojos, unos 200 que son una amenaza inminente para muchas familias que pueden quedar en la calle, sabemos que el problema habitacional es mucho más amplio. Por eso fortalecimos esta red en la Legislatura», remarca la diputada Laura Velasco (Frente de Todos). Yacen allí cinco iniciativas parlamentarias de la Defensoría del Pueblo, entre ellas la declaración de la Emergencia Habitacional en todo el distrito (ver aparte), la suspensión de los desalojos y la construcción de paradores para las familias.

«La Boca es un barrio muy paradigmático para la especulación inmobiliaria y respecto del cambio que se produce sobre la población residente. Generalmente ocurre que la familia que sufre un incendio nunca vuelve a estar en la misma situación de antes, y se va con un subsidio a un hotel, y ese lugar pasa a ser muy valioso para la venta», subraya Patricio Claire, responsable de Vivienda y Hábitat de la Defensoría. Y señala que la emergencia habitacional afecta al 17% de la población porteña: «La vemos de manera integral. Los desalojos son una parte más del todo, que se presenta con mucha fuerza desde la mitad del año pasado».

El asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Gustavo Daniel Moreno, pidió también por la suspensión de los desalojos privados, «que son los que van a poner a más personas en situación de emergencia habitacional. Además, necesitamos por ley que se reformule el subsidio habitacional como una solución transitoria al problema de la vivienda. Acá no hay programas de vivienda social que no sean la orden de una sentencia».

«Nos da miedo que, con lo del incendio, nos echen»

Karen llegó a vivir al asentamiento de Irala 46 desde Entre Ríos, con su mamá y tres hermanas, cuando tenía 7 años. Hoy tiene 32, y tres hijos. Pero desde el jueves de la semana pasada, cuando el lugar se incendió, peregrina entre lo del suegro y otros amigos y familiares. «Nuestro miedo mayor es que a partir del incendio el gobierno tape todo y nos desalojen», dice. El lugar tiene una sentencia de desalojo desde hace cuatro años. Según Karen, «le pertenece al gobierno y lo quieren para construir un estacionamiento de las casas nuevas que está construyendo el IVC detrás de donde estábamos, pero a nosotros no nos ofrecieron ninguna solución».

Ni ella ni sus hermanas recibieron el subsidio habitacional de 8000 pesos por 12 meses. «Vino la gente de Buenos Aires Presente (BAP) esa noche, hicieron un relevamiento muy rápido, porque no nos querían en la calle, pero resulta que en el listado terminó figurando gente que no sufrió el fuego». 

En todo el complejo viven 52 familias. Las que sufrieron el siniestro fueron 15. Lo llamativo es que el gobierno porteño les ofreció retornar y reconstruir en el predio. «Pero el desalojo está vigente –completa Karen–, todavía sin fecha porque los abogados lo van retrasando. Quieren que volvamos y al mismo tiempo sacarnos, es raro».

A pedido de un aportante de campaña

“El conventillo que se quemó está incluido dentro del listado de desalojos y viviendas en déficit que presentamos en el amparo. Entre las medidas cautelares que se piden está un programa de prevención de incendios y un protocolo de acompañamiento a las víctimas”, enfatiza Natalia Quinto, de La Boca Resiste y Propone. Menciona desalojos “muy duros”, como el de Rocha 915, el año pasado, “con muchos niños y mucha violencia”, y el de Vespucio 65 (foto), donde 21 familias están a punto de ser sentenciadas a quedar en la calle. El predio de 700 m2 fue adquirido con las familias adentro por la firma de seguridad privada Comahue a un valor de escasos 50 mil dólares, para extender sus oficinas que se encuentran del otro lado de la medianera. La ausencia del Estado parece tener una razón: su dueño, Raúl Griffa, aportó $ 649.700 a la campaña 2015 de Cambiemos. Luego, el gobierno porteño le extendió el contrato para que realizara la seguridad de la Zona 3 de la Ciudad, por $ 1109 millones, en estos cuatro años. Un aumento del 721% respecto al contrato de 2011.

Hábitat vulnerable

Declarar a la Ciudad de Buenos Aires en estado de «emergencia habitacional» por un plazo de dos años, suspendiendo los desalojos en bienes del dominio público de CABA y al menos un año en los inmuebles privados «cuyos ocupantes acrediten fehacientemente hallarse en una situación de vulnerabilidad social que los colocaría, en caso de ser desalojados, en emergencia habitacional». Son algunos de los principales puntos de los cinco proyectos de ley que presentó a fines del año pasado la Defensoría del Pueblo en la Legislatura. También proponen modificar el fondo público «Hábitat Sustentable» para que transfiera el 20% para la construcción y equipamiento de centros de inclusión que brinden alojamiento a familias en situación de calle, y para la creación de juzgados de transición en lo civil que tendrán competencia exclusiva en materia de desalojos en la Capital Federal, ya que actualmente los manejan juzgados nacionales.