El Foro de Convergencia interpeló por carta a los diputados y senadores. Defienden el proyecto oficial como vehículo de desarrollo y empleo. El texto está cajoneado desde que Alberto Fernández recomendó negociar primero con los acreedores.
El gobierno lanzó el proyecto a través de su ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, pero rápidamente lo cajoneó después de que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, recomendó primero negociar con los acreedores y después presentarse formalmente en el Congreso.
Dentro del universo de la dirigencia privada, el FCE forma parte de los grupos que defienden la línea del actual gobierno nacional incluso después de la conmoción de las últimas PASO, en las que el proyecto oficialista sufrió un durísimo revés.
En la carta que enviaron a legisladores con la firma del coordinador Miguel Blanco, los empresarios definieron el proyecto oficial como “importante para preservar el crédito a las empresas grandes y pymes y la generación y el mantenimiento del empleo” de cara a una hipotética recuperación del crecimiento económico.
El FCE llamó a rubricar “consensos amplios”. La carta argumentó que “respetar los contratos implica honrar la deuda” porque “cuando un contrato se quiebra se debilitan las instituciones”.
Y agregó: “Lo anterior no implica desconocer la difícil realidad económica por la que atraviesa el país, sino todo lo contrario: implica anteponer la preservación de la estabilidad y el empleo por sobre toda otra consideración”.
Entre otras razones, los empresarios plantearon que las restructuraciones de deuda “voluntarias y preventivas” la posibilidad de no retorno al mercado es menor al 25% mientras que en los casos de default se calcula que es de hasta el 60%. “Es decir, que una restructuración no voluntaria tendría un costo de oportunidad (en términos de crédito que dejará de percibir el país) de 155.000 millones de dólares, equivalente a un tercio del PBI, en un mundo de tasas cercanas a cero con abundante liquidez y capacidad prestable” advirtieron.
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