Los ejecutivos de las grandes empresas de la construcción deliberan por estas horas sobre las iniciativas a tomar en el próximo período para enfrentar las consecuencias de la detención del ex secretario de Obras Públicas, José López. Entienden que se les presentan riesgos judiciales concretos y que se propaga una imagen de corrupción masiva en la obra pública. En ese escenario, rescatan una serie de decisiones del gobierno de Mauricio Macri, a las que consideran muy oportunas para sobrellevar el momento.
«Los empresarios son permanentes y los funcionarios cambian», dijo a Tiempo una fuente con amplio conocimiento del sector, al tratar de explicar cuál de las dos partes que intervienen en los contratos es la que tiene el dominio. «Además, muchas veces esos funcionarios provienen del sector privado y tienen vínculos directos con las grandes empresas.»
Según esta fuente, que exigió estricto anonimato al igual que todas las demás consultadas para esta nota, la corrupción en la obra pública se concreta por medio de sobreprecios en la enormidad de insumos requeridos. De allí sale el retorno para los funcionarios e ingresos para los directivos de las firmas que no se registran.
«Hay otras modalidades, pero la posibilidad de controles de la obra pública por parte de organismos internacionales lleva a privilegiar este mecanismo», dijo la fuente.
La expulsión de Roberto Lavagna como ministro de Economía, en noviembre de 2005, tuvo su puntapié inicial en un reclamo del Banco Mundial por el resultado de diez licitaciones de obra pública, meses antes.
Coincidencia o no, el gobierno nacional tomó una serie de decisiones en las últimas semanas que benefician al universo de las contratistas de obra pública. En primer lugar, el 19 de mayo pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 691 firmado por Macri y sus 19 ministros que permite a los empresarios reclamar una actualización de los costos de la obra pública cuando, según sus cálculos, estos crecieron un 5% por arriba del presupuesto original. Hasta ese momento el umbral era del 10 por ciento. Además, establece que este criterio se aplicará a las obras en curso (licitadas bajo el régimen anterior), al tiempo que disuelve las matrices de costos existentes.
La otra iniciativa es la presentación de un proyecto de ley esta semana o la siguiente, que habilita un régimen de construcción que incluirá la adjudicación directa a la iniciativa privada, la garantía de ganancias para los casos de licitación y la apertura del mercado de la construcción a firmas extranjeras. Esta propuesta ya fue presentada a los titulares de Obras Públicas de las provincias días atrás.
Mientras, el gasto en obras públicas subió un 53% en mayo respecto de un año atrás, en un contexto de caída general del gasto del 46% en cinco meses, según informó la consultora ASAP. «
