Mena, De Pedro y Vilma Ibarra pasaron al frente en el reclamo de reforma feminista al poder judicial.

“El 50% de los femicidios se pueden prevenir con un mejor accionar de la justicia y las fuerzas de seguridad. Cuando la justicia es lenta no es justicia, pero en este caso además la lentitud termina en femicidios”, dijo Wado. Esta semana ya había dicho que los jueces se tienen que reformar o se tienen que ir. “No podremos prevenir, investigar y sancionar femicidios si jueces y juezas no incorporan la perspectiva de género y dan cuenta de los hechos de violencia”, había posteado, y fue retuiteado por Vilma Ibarra: “El ministro ha sido claro. No hay espacio para jueces y juezas que no actúan ante los femicidios”.
Más temprano, De Pedro había escandalizado a sectores afines al lawfare porque había asegurado: “Algunos actores deben transformarse o irse del Poder Judicial si no incorporan la perspectiva de género”. Fue el ministro de Interior quien invitó a la secretaria de Legal y Técnica a la actividad con el papá de Micaela porque sabe de su compromiso con esta causa. La relación entre De Pedro y Vilma Ibarra nació y creció durante la gestión.
Algunos en la Rosada bromean con que se debe a que son vecinos, por la ubicación de sus oficinas. Lo que sí es cierto es que la transversalidad del reclamo feminista al poder judicial tendió puentes entre la dirigenta albertista más alejada del kirchnerismo con el ministro perteneciente al núcleo duro de CFK. En tanto, según pudo saber Tiempo, la ministra de Justicia Marcela Losardo, no se puso en contacto con ninguno de estos dos dirigentes para formar parte del reclamo.
En tanto, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que pertenece al kirchnerismo y tiene poco diálogo con su jefa de cartera, afirmó que “hay que avanzar más allá de los resultados, aunque no se den en plazos inmediatos. Dentro de las reglas democráticas no vamos a dejar de insistir”, recalcó, en consonancia con la estrategia que ya viene mostrando el kirchernismo en el Consejo de la Magistratura, con la presentación de la diputada Vanesa Siley, que pidió un registro de causas por violencia de género a los funcionarios judiciales y la intención de Rodolfo Tailhade de incorporar a los jueces en el impuesto a las ganancias. Se suma el reclamo del ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro de insistir con el reclamo de la formación de género de los integrantes de ese poder. Hasta el momento, la Corte Suprema nunca hizo la capacitación que estipula la Ley Micaela.
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