En Colombia no cesan los asesinatos a líderes sociales y campesinos

Organizaciones y dirigentes de Derechos Humanos en Colombia advierten que el desamparo hacia líderes sociales y campesinos está dando lugar a “otra pandemia” que provoca una proporción de muertes tan grave como las que causa el coronavirus. Desde que el gobierno de derecha de Iván Duque decretó el confinamiento social para combatir a la enfermedad, hubo 35 asesinatos a manos de paramilitares, narcos y propios efectivos de las fuerzas armadas. En una conferencia vía Zoom en la que participó Tiempo Argentino, los dirigentes explicaron que se registra “un incremento en relación a los años anteriores. En 2017 entre enero a abril fueron 68 asesinados. En 2018 fueron 81. En el 2019 fueron 71 y este año ya llevamos 111”, aseguró Cristian Delgado, responsable nacional de DD HH de la organización colombiana Marcha Patriótica.

El de las matanzas sistemáticas es un tema que el gobierno de Duque no ha resuelto desde que su antecesor, Juan Manuel Santos, firmara junto a las FARC-EP el acuerdo de paz en La Habana en 2016, por el cual la ex guerrilla dejó las armas y se convirtió en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Como se viene señalando desde entonces, la exposición letal de los líderes, referentes y ex militantes guerrilleros se debe a incumplimientos de parte de lo resuelto en aquel acuerdo, básicamente los puntos 1 y 4, que tienen que ver con una reforma rural que brinde una opción real de sustento; y la sustitución de cultivos ilícitos (coca, marihuana y amapola), señalaron en la conferencia.

La crisis pandémica y las medidas de confinamiento empeoraron la situación y dejaron más al desamparo a estos sectores, ya de por sí aislados en zonas rurales donde el Estado y la seguridad no llegan. En el informe “Las otras pandemias que vive Colombia” elaborado por Marcha Patriótica, señala que “los departamentos más afectados son Cauca y Valle del Cauca, seguidos por los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Córdoba y Putumayo”. Según el estudio, “el 88% de estos asesinados desarrollaban defensa de derechos humanos en territorios rurales”.

Delgado indicó que “pese a que hay restricciones a la movilidad los homicidios selectivos y sistemáticos en contra de líderes sociales se siguen incrementando. Las economías ilegales siguen funcionando, hay una disputa territorial entre actores armados”.

El activista apuntó que entre los responsables de las matanzas “hay una diversidad de actores, claramente el ejército y la policía con algunos casos, particularmente en el desarrollo del abuso de autoridad en el marco de la protesta social, hay algunas ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del ejército. Algunos casos en que los responsables son paramilitares, hay en algunos casos en que se señala a integrantes del ELN, el EPL”.

Otro problema que atribuyen al gobierno de Duque es la política de erradicación forzada de cultivos ilícitos sin implementar la sustitución, dejando a los campesinos a la deriva y sin medio de vida. “Han levantado a punta de disparos a las comunidades que han intentado negociar para que no se los erradique, no ha habido una voluntad real por parte de este gobierno”, explicó la dirigente Olga Quintero, de la región de Santander.

Su compañero John León detalló otra realidad igual de crítica y es la que se vive en las cárceles de Colombia, donde la superpoblación promedia el 50% y en algunos casos, como en la cárcel de Villavicencio “supera el 100%”. Allí, explicó, “un 30% de los reclusos están contagiados”. En la conferencia en la que participaron también Laura Pinzón, Yuri Quintero y José Ortega, todos pertenecientes a la ONG, León afirmó que “la cárcel es uno de los epicentros más graves” de contagio del Covid19. “Desde marzo se venía alertando sobre necesidad de tomar medidas de mitigar el contagio”, dijo y mencionó que las autoridades confirmaron 685 casos de contagio y 3 muertos en cárceles colombianas. Si bien el gobierno decretó recientemente la posibilidad de excarcelaciones, los dirigentes dicen que la medida es insuficiente y excluye casos que deben considerarse.

La crisis es de tal magnitud que esta semana el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo que la paz «no puede ser una víctima más» de la pandemia y advirtió que se está poniendo en evidencia «nuevas fragilidades, desigualdades y lagunas de protección social». Al cierre de esta edición Colombia registraba 9500 contagios de coronavirus y más de 400 muertes.