En Colombia también aplican el lawfare a los candidatos derrotados

Todavía están latentes los ecos del balotaje de junio en que Iván Duque ganó la presidencia en Colombia por escaso margen frente al candidato de izquierda, Gustavo Petro, y la Corte Constitucional acaba de decretar una disposición que le impediría al hoy senador de Colombia Humana ejercer cargos públicos por causa de dos antiguas sanciones fiscales. Para los sectores que apoyan a Petro la medida se emparenta con las campañas judiciales que buscan la proscripción de líderes populares y exmandatarios en la región en el marco del llamado lawfare o guerra jurídica. Es decir, si por alguna razón Colombia debiera adelantar sus elecciones presidenciales y Petro, que obtuvo el 42% de los votos en la segunda vuelta, fuera el triunfador, no podría asumir.

«Violando derechos fundamentales están excluyendo a la mitad de la sociedad colombiana que había apostado por esta alternativa», dijo al conocer la sentencia que, de confirmarse y según las instancias en proceso, podría incluso hacerlo perder su banca en el Senado.

Las causas de origen son sanciones fiscales por su gestión al frente del municipio de Bogotá. Una tiene que ver con su decisión de haber bajado la tarifa del ómnibus Transmilenio y la otra con la adjudicación del servicio de recolección de residuos. Por esta última el procurador general lo destituyó en 2013 argumentando que se había causado un daño patrimonial a la ciudad, pero el Consejo de Estado, que es el Tribunal Supremo en lo Contencioso Administrativo, levantó la destitución años después, aunque ya era tarde para restituirlo en el cargo. Pese a esto, las sanciones se mantuvieron aunque Petro logró que se suspendieran con medidas cautelares, lo que le permitió presentarse como candidato.

«Las salidas son: lograr revertir la condena fiscal que origina la multa, o pagar la multa», explica Javier Calderón Castillo, analista quien participa de un artículo detallado sobre el tema que se publicará mañana en el portal del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Sin embargo, el monto de las multas supera los 100 millones de dólares, una suma imposible de reunir. «Así la gente organizara una colecta, es impagable», señala Rodrigo Rojas, activista colombiano por los Derechos Humanos.

Si el Consejo de Estado deja caer las cautelares, la sentencia de la Corte amenaza no sólo con proscribir a Petro, sino con impedirle ocupar su banca legislativa, a la que accedió por haber sido el segundo candidato más votado, tal como establece la Constitución colombiana.

La oposición ve en esta avanzada judicial la mano del gobierno de Duque y más precisamente del expresidente y también senador Álvaro Uribe, a quien atribuyen detentar el poder real del gobierno a través de su delfín. Si bien el oficialismo se refirió al caso de manera soslayada, mencionando que son cuestiones que «debe resolver la Justicia», la sentencia apareció justo en días en que Petro libra una batalla política contra el gobierno por los desacuerdos en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), establecida en los acuerdos de paz firmados en La Habana y a la que Uribe siempre se opuso. También contra la política tributaria de Duque, que gravará el IVA a la canasta familiar (ver aparte).

«El nuevo gobierno de alguna manera tiene injerencia en el Consejo de Estado, es obvio, la gente no quiere pelear con el nuevo presidente, ni con Uribe, que es demasiado poderoso», reflexiona Rojas.

Para Petro, se trata de un claro intento de proscribirlo. «Precisamente porque en la historia de Colombia jamás ha ganado la presidencia alguien ajeno a la rosca hereditaria, es por lo que asesinaron a Gaitán, y a Jaramillo y Pizarro, y luego buscan inhabilitarme en política una y otra vez», observó. «

Contra la suba del IVA

El gobierno derechista de Iván Duque en Colombia presentó un proyecto de ley con el que busca financiar el Presupuesto de 2019 y que prevé, entre otros, gravar algunos productos de la canasta básica actualmente exentos de IVA.

El proyecto de ley pretende unificar el IVA de la canasta básica y ajustar la tasa gradualmente hasta llegar a 17% en el 2021. Aunque el gobierno asegura que el 30% de la población recibirá una «devolución» del valor del IVA, la oposición criticó duramente el plan. El senador Gustavo Petro señaló que el gravamen implicará «en el primer año una caída del salario real de todos los y las colombianas», y pidió a las centrales obreras una «movilización nacional contra el IVA», porque de aplicarse «terminaremos viviendo en el país más desigual de la Tierra».