Un grupo de padres de estudiantes presentaron un amparo contra el artículo del Presupuesto que intenta derogar la normativa que garantizaba financiamiento. La opinión de los docentes.
En las últimas horas, los padres de dos estudiantes presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires.
En diálogo con Tiempo, Gerardo Marchesini, docente de la educación técnico profesional explicó que la eliminación del Fondo de Educación Técnico-Profesional afectará a 1.900.000 estudiantes en Argentina, especialmente en niveles secundarios técnicos y en formación profesional. Marchesini, de 39 años, señaló: “Sin formación técnico-profesional no hay cualificación del empleo. Las especialidades abarcan muchísimas áreas, ya que es una educación dinámica que va incorporando las nuevas tendencias dentro del ámbito de producción de servicios: programación, inteligencia artificial, desarrollo de sistemas embebidos, por nombrar algunos, la biotecnología, las energías renovables, que se suman a las formaciones más tradicionales, como ser las construcciones, energía, mecánica, automotriz, etc”.
“El artículo 30 de la ley de presupuesto es un tiro directo a la posibilidad de un país con desarrollo porque no sólo afecta a la educación técnico-profesional, también afecta al sistema general de educación pública, al desarrollo de la ciencia y tecnología y al desarrollo de la soberanía nacional”, advirtió.
Según los denunciantes, desde la sanción de la ley original «no se ve semejante encono con la educación en nuestro país». Al hacer el análisis presupuestario, el recorte provocado por la administración libertaria alcanza un 93% en el Presupuesto 2026 si se lo compara con valores equivalentes de 2023.
Y es que la normativa que se borra de un plumazo establece que el Estado debe invertir el 0,2% de los ingresos corrientes en el fondo para la educación técnica, lo que hoy equivaldría a unos 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el gobierno dispuso arbitrariamente otorgar sólo 11 mil millones de pesos.
Algunos de los puntos principales del amparo presentado son los siguientes.
1. El presupuesto no puede derogar derechos ni leyes estructurales
El primer vicio grave del artículo 30 es formal e institucional. Una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que reconocen y garantizan derechos fundamentales, como lo son:
* La Ley de Educación Nacional,
* La Ley de Educación Técnico Profesional,
* La Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
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