En el marco de la campaña, el macrismo refuerza los métodos de «control poblacional»

La ilustración del aviso era una foto en blanco y negro del rostro angelical de un soldado que se asoma a la ventanilla de un vehículo para pedir documentos. «Proteger es querer», es el slogan, sobre un texto con tipografía más pequeña donde se lee: «Estamos de su lado. La violencia todavía existe en el país, y el objetivo suyo y nuestro es que desaparezca de una vez».

Publicado durante 1977 en los principales diarios y revistas, aquello fue una de las delicias propagandísticas de la última dictadura.

Pasadas más de cuatro décadas, un spot difundido por el Ministerio de Seguridad en las redes sociales muestra imágenes de policías muy amables al pedir documentos en una terminal ferroviaria. Los pasajeros saben disculpar la molestia, dado que entienden y tienen una actitud colaborativa, casi empática, con los inquisidores. Y en off se oye la inconfundible voz de Patricia Bullrich al proclamar: «Queremos cuidar a los que viajan».

Así, con esa estética oscilante entre Orwell y Capusotto, ella presentó su iniciativa más reciente: el programa «Ofensores de trenes», que permite a las mazorcas federales identificar ciudadanos, pero exclusivamente en tal medio de transporte. Un canto a la segregación, que de inmediato mereció una lluvia de repudios desde diversos sectores políticos, sociales y culturales.

En este punto, una curiosidad: ¿cuál de las luminarias que secunda a la ministra habría diseñado el asunto? ¿Fue tal vez su jefe de Gabinete, Gerardo Milman? Es posible, porque él es muy ducho en estas lides. Tanto es así que de su autoría fue el famoso Protocolo Antipiquetes, cuya letra –desarrollada en siete páginas– puede resumirse en apenas una frase: «Si no se retiran en tres minutos, los sacamos». Al tipo también se lo recuerda por haber difundido en Twitter un instructivo para que la población pudiera reconocer a integrantes de las «maras», como se las llama a las pandillas centroamericanas extendidas en México y Estados Unidos. Lástima que luego se descubrió que tales consejos habían sido copiados del portal de monografías escolares, «El rincón del vago».

Pero esta vez no se dejó ningún detalle librado al azar. Lo cierto es que en el flamante sistema de control subyace un merecido homenaje al padre de la criminología positivista, Cesare Lombroso, quien creía detectar en algunas particularidades físicas –como asimetrías craneales, mandíbulas prominentes y orejas apantalladas, entre otras imperfecciones de la belleza– la existencia de un gen delictivo. Y sin omitir otro clasicismo: el «olfato policial», que legitima la presunción de sospecha por el color de piel, el tipo de vestimenta, el modo de hablar, la postura corporal, la forma de mirar y cuanto criterio se les ocurra a los agentes del orden. Todo eso aderezado con tecnología de punta, ya que los DNI serán escaneados por celulares con base de datos (ya se incorporaron mil aparatos) para detectar pedidos de captura, antecedentes y/o contravenciones, con penalidades –según la gravedad del caso– que oscilan entre la detención del sujeto y el simple aviso de que en el viaje será especialmente vigilado.

Este protocolo tuvo un arranque exitoso. La propia Bullrich se dio dique por ello en Twitter, al señalar que durante sus primeras 24 horas de aplicación hubo «800 controles y detectamos 42 casos de individuos con antecedentes».

Habría que preguntarse en qué reside su entusiasmo por dicho asunto, cuando todo indica que a partir del 28 de octubre –al iniciar el actual gobierno su tiempo oficial de descuento– el mismo sufrirá una inevitable desaceleración para extinguirse definitivamente en la mañana del 10 de diciembre.

Culminará entonces una etapa signada por «controles poblacionales», como se les dice a las razzias en barrios pobres. Y por constantes vejaciones a niños indigentes que circulan en espacios públicos vedados para ellos por las leyes no escritas del apartheid. Y por arrestos callejeros de adultos jóvenes sin otro motivo que la «portación de cara». Y por la confiscación de mercadería a manteros. Y por el metódico hostigamiento a inmigrantes, entre otras variadas delicias. Una dialéctica de la «seguridad pública» como valor supremo que el macrismo impuso en la vida cotidiana con siniestra eficacia.

No es descabellado afirmar que la única meta cumplida por el régimen fue la construcción de un Estado Policial. Un anhelo que circula por las venas de sus referentes. Pero además es una cuestión de marketing; una cuestión que bajo una campaña sirve para rascar en la olla del padrón electoral la capa más cavernícola de la sociedad.

No en vano a fines de septiembre, frente a un público afín que la oía en el Club Armenio de Palermo, Bullrich advirtió que si tuviera la oportunidad de otra gestión aplicaría «desde el primer día mano dura contra los movimientos sociales». Y remató aquella promesa con una autocrítica: «Para ser un poquito políticamente correctos, les hemos dejado demasiado poder».

Por último, soltó: «Tenemos la clase media apretada y los movimientos sociales con toda la plata».

El auditorio, entonces, estalló en un aplauso. 

Horacio Rodríguez Larreta tampoco es ajeno a esa pulsión. Tanto es así que en sus paseos proselitistas insiste con prometer, en caso de ser reelecto, la instalación de 10 mil nuevas cámaras de reconocimiento facial «para que los vecinos vivan más tranquilos». Es más, tal es la columna vertebral del plan de seguridad que ideó para el año entrante, siempre y cuando conserve su sitial.

En manos de Larreta, la denominada «videovigilancia» se ha convertido en una política de Estado. Pero la aplicación del sistema antropométrico no es sino una fuente inagotable de desdichas, ya que su índice de «falsos positivos» es del 80 por ciento. Las detenciones arbitrarias que diariamente padecen los «vecinos» suelen ser atribuidos por la Ciudad a «errores de carga» cometidos en juzgados y fiscalías. Más allá de tales disfunciones, no hay una regulación de su uso en espacios públicos, mientras su implementación casi compulsiva avanza sobre el derecho ciudadano de garantizar su intimidad.

Pero ya se sabe: «Proteger es querer».  «

¿Es legal que la policía pida documentos?

La nueva medida tomada por el Ministerio de Seguridad para realizar operativos en estaciones de trenes y pedir DNI a pasajeros no es una novedad por parte de la administración de Cambiemos y cuenta con el visto bueno judicial: en diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad sostuvo que requerir la exhibición del documento sin que exista un motivo previo es una facultad implícita (no escrita en la ley) de la Policía Federal Argentina.

La ministra Patricia Bullrich aclaró que las personas que no tengan el documento podrán informar su número y que la Policía también contará con un dispositivo que permite identificar a las personas a partir de la huella digital.

El fallo que habilitó a la Policía Federal a pedir DNI en la vía pública fue muy cuestionado por organismos de Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que consideró que el fallo “es grave porque amplía la discrecionalidad con que cuenta la policía para hostigar a los que siempre hostiga” y señaló que con esta decisión “todos quedan bajo una categoría de sospecha que habilita demoras reiteradas, arbitrarias e injustificadas estigmatizando aún más y favoreciendo situaciones de violencia institucional”.

En ese sentido, la Defensoría emitió un documento para conocer los derechos que rigen cuando la policía exige ver el DNI: 

l No existe ninguna ley que obligue a las personas a llevar consigo su documento de identidad y por eso no te pueden “llevar” solamente por no tenerlo.

l Sí puede la PFA demorar a las personas para establecer su identidad, pero siempre que se den en forma simultánea los requisitos que están establecidos en la ley: 1) cuando existan circunstancias que permitan presumir que cometiste o que vas a cometer un delito o una contravención, y 2) si no podés acreditar tu identidad.

l Es decir, no te pueden llevar solamente porque no tenés tu documento encima, no te pueden llevar porque sí, sin motivo que lo justifique. Para hacerlo, la policía deberá dejar asentado en un acta especial esas circunstancias que exige la ley.

l Esta atribución, conocida como “establecer identidad”, ha sido y es fuertemente cuestionada, está establecida en la ley orgánica de la PFA y por eso no puede ser ejercida por la Policía Metropolitana.  «

“Una reminiscencia de la dictadura”

La polémica creación de la figura de «ofensores en trenes», que permite a la policía requerir documentos a los pasajeros a discreción, provocó críticas y advertencias entre juristas, organismos de DD HH y dirigentes de la oposición.

» La medida es inconstitucional porque viola el principio de inocencia. Es una reminiscencia de la dictadura», evaluó la fiscal federal –y presidenta de Justicia Legítima– Cristina Caamaño, y añadió: «Es una medida apuntada a los pobres. (La regla) discrimina y viola el principio de igualdad ante la ley», advirtió, en diálogo con Somos Radio.

Por su parte, el Cels advirtió que la norma «es inconstitucional. Contradice las leyes y estándares internacionales que prohíben detener a alguien, si no hay sospechas fundadas de la comisión de un delito. Las ‘facultades implícitas’ son ilegales», concluyó la organización.

El candidato a presidente Alberto Fernández (FdT) lo calificó como «un manotazo» que «se inscribe en la lógica de criminalización, porque ahí viajan los pobres y entonces vamos a pedirles DNI porque se presumen delincuentes».

El sacerdote Juan Carlos Molina, integrante de Curas en Opción por los Pobres, sostuvo que la medida apunta a “criminalizar la pobreza. En trenes viajan los pobres, los negros, los cabecitas. Hagan el mismo control en countrys y Olivos”.

La candidata a vicepresidente del FIT, Romina del Plá, señaló: «Esto significa la persecución a trabajadores y jóvenes que utilizan el transporte público, basada en la Ley de Seguridad Interior».