En la audiencia del miércoles podría definirse el futuro de Vicentin

El próximo miércoles podría comenzar una nueva etapa para Vicentin. El juez comercial de Reconquista Fabián Lorenzini citó a una audiencia en la que escuchará las últimas objeciones sobre el acuerdo al que arribaron Vicentin y una parte destacada de sus acreedores.

El juez de primera instancia ya rechazó ese acuerdo un año atrás porque consideró que era “abusivo” con algunos acreedores, a los que sometía a una quita de la deuda de entre el 60% y el 80% según quién hiciera el cálculo.

La situación de Lorenzini es extraña. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial de Reconquista, es decir, su jefa, ya decidió en varias oportunidades en favor de ese acuerdo. Primero, al darlo por válido; luego, al desestimar los diferentes recursos presentados por los acreedores que lo cuestionaron.

Al igual que la empresa, la cámara presiona al juez para que avance y cierre el capítulo del concurso según los intereses de los accionistas. No siempre fue así. En febrero de 2020, cuando el proceso judicial arrancó tras el default de U$S 1350 millones, el mayor de la historia comercial argentina, un día antes de la asunción de Alberto Fernández a la Presidencia, Lorenzini logró la proeza de aceptar el concurso sin siquiera preguntar por el último balance de la empresa. Así durante más de un año, hasta que la cerealera presentó el de 2019 recién en septiembre de 2020, duramente cuestionado por sus inconsistencias.

Ahora, el juez puede escudarse en dos o tres cuestiones técnicas para evitar un pronunciamiento. Uno es que la Corte Suprema de Santa Fe tiene varios recursos extraordinarios por resolver. Uno, del Banco Provincia de Buenos Aires que impugnó el fallo de la Cámara de Apelaciones; otro, de Commodities, una firma cerealera que asegura que el acuerdo de acreedores viola sus derechos constitucionales por la quita de deuda a la que la somete.

También está presente una causa penal en la Justicia de Rosario, por defraudación y estafas iniciada tras el default, en la que se acusa a los accionistas y directivos por «asociación ilícita». El tribunal que sigue ese proceso reclamó varias veces a Lorenzini y a la Cámara que se abstuvieran de avanzar en la homologación del acuerdo.

Vicentin tiene 1600 acreedores, de los que el principal es el Banco Nación, con U$S 300 millones por cobrar (ver aparte). El acuerdo implica el pago inmediato de hasta U$S 30.000 a cada acreedor (con lo que la mitad cobraría toda su acreencia), junto con otro desembolso de U$S 134 millones a prorratear entre todos los acreedores. Al año, pagaría U$S 127 millones y recién 12 años después abonaría, con condiciones, U$S 165 millones. Eso es todo.

Al aceptar el acuerdo, la Cámara de Apelaciones dijo que entendía que los acreedores perdían, pero que eso era mejor a cerrar la empresa.

El convenio incluye el traspaso del 95% de las acciones de Vicentin (con menos establecimientos que cuando entró en default, los fueron vendiendo en estos cuatro años) a un consorcio formado por Viterra (ex Glencore), Bunge y la cooperativa ACA. El 5% restante quedaría en manos de los anteriores accionistas. «