En la comisaría de Floresta exigen la libertad de detenidos y la Policía respondió con gases

Los 26 detenidos durante la represión desatada por la Policía de la Ciudad mientras la Cámara de Diputados debate el Presupuesto 2019 fueron trasladados hasta la Alcaldía 9 de la Comuna 10, en la Comisaría 43°, en el barrio de Floresta. Hasta las puertas de esa dependencia, en la calle Chivilcoy 453, se trasladaron legisladores, dirigentes gremiales y compañeros de los detenidos para exigir su inmediata liberación.

Con el correr de las horas, la afluencia de manifestantes creció y minutos después de las 19, la respuesta de los uniformados que con cascos y escudos custodian el frente del edificio fue la que ya se está volviendo habitual: gases lacrimógenos.

En esa comisaría permanecen alojados Nacho Levy y los otros tres miembros de la organización La Poderosa, detenidos en una redada en la esquina de Carlos Calvo y Lima, a unas 15 cuadras del Congreso. También allí están los trabajadores de Astilleros Río Santiago y el resto de los detenidos.

Los cargos, según confirmó el fiscal penal, contravencional y de faltas Federico Tropea, son «atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daño».

Entre otros organismos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) reclamó “la inmediata libertad del conjunto de detenidos y detenidas, reafirmando que el derecho a la protesta y al reclamo por los derechos económicos y sociales vulnerados por el ajuste desplegado por este Gobierno Nacional no puede ser criminalizado en un sistema democrático”.

La APDH repudió “la brutal represión” ocurrida en las inmediaciones del Congreso. “Una vez más, la actitud del gobierno confirma que el ajuste económico no cierra sin represión. Exigimos que se investigue el accionar de las fuerzas de seguridad responsables de desatar una brutal cacería a los y las militantes que en forma pacífica participaron de la manifestación frente al Congreso, y de perseguir a quienes se estaban alejando del epícentro represivo”, dice el comunicado firmado por las presidentas del organismo, Gisela Cardozo, María Elena Naddeo y Norma Ríos.

Entre los referentes presentes a las puertas de la Comisaría 43° están los gremialistas Roberto Baradel y Eduardo López, secretarios generales de los gremios docentes Suteba y UTE, respectivamente; referentes de organismos de derechos humanos, como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo; además de los abogados que reclaman certezas sobre la situación de los detenidos, entre ellos María del Carmén Verdú y Juan Grabois, a quienes no se les permitió ingresar.

El fiscal Tropea es quien debe definir si convalida las detenciones que, como mostraron varias filmaciones, ocurrieron en su mayor parte a más de doce cuadras del Congreso y no tuvieron como objetivo los encapuchados sin identificación partidaria que arrojaron piedras pasadas las 14, sino a personas que se retiraban del lugar, algunos de ellos reconocidos militantes –como Nacho Levy, referente de La Poderosa– ya apuntados previamente en polémicas declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.