En la provincia de Buenos Aires crece la desobediencia civil contra los tarifazos

No hay acción sin consecuencia. Hace tres meses, mientras el gobierno profundizaba los tarifazos, un grupo de ocho vecinos de Moreno se acercó a la sede local de Edenor a dejarles una carta a las autoridades planteándoles la situación crítica por los aumentos. Nadie quiso atenderlos. Entonces empezaron a leerla en voz alta, y la oficina, colmada de personas que iban con sus reclamos, reaccionó con un aplauso. Al terminar, muchos se les acercaron a contar sus casos, y coincidieron: algo había que hacer. El grupo recabó datos, y cada damnificado se llevó planillas para juntar adeptos en su barrio. El gerente dijo que los atendería en 48 horas, pero ya era tarde. Había nacido la «Red de Desobediencia Civil para defender la Democracia».

Se trata de un movimiento de vecinos que instalan fajas en los medidores, se avisan cuando aparece una cuadrilla de Edenor y llegan al lugar para evitar que los retiren por falta de pago. Aspiran a ser la cantidad suficiente como para encarar un plan de acción «no violento» que se centre en dejar de abonar el servicio. Sólo en Moreno ya juntaron más de 5000 adhesiones. Cuando dupliquen esa cifra arrancarán con el «no pago», mientras se asesoran legalmente. Ya recibieron una charla del abogado Eduardo Barcesat, del Instituto Arturo E. Sampay.

Lo primero fue pegar calcomanías en los medidores. «Medidor protegido por los vecinos», se lee en cientos de aparatos del partido. Luego crearon un grupo de WhatsApp. Cuando uno observa la llegada de la cuadrilla de Edenor, avisa a los que vivan cerca. Le sucedió a María, jubilada de casi 90 años del barrio morenense de Los Limones, que padeció el arribo del personal de la empresa. Cuando los empleados vieron el calco y hablaron con un par de vecinos de la Red, propusieron una solución intermedia: darles de baja el servicio, pero dejarlos enganchados. «Los casos así se multiplican. Fuimos hasta donde salen las camionetas a explicarles que ellos son trabajadores igual que nosotros. Nuestra lucha es pacífica. Algunos nos dicen que les van a poner medidores con tarjeta, como los celulares, pero es una trampa. Se te termina la plata para recargar la tarjeta y no tenés más luz. La energía no es un bien transable, es un derecho humano», enfatiza Ricardo Gómez, miembro de la Red.

La respuesta de Edenor suele ser la misma: que el reclamo es individual, que los usuarios deben presentarse en el ENRE o se postulen para tarifa subsidiada. Mientras, las tarifas suben. A la Asociación Civil Ocupas, del barrio Trujui, que trabaja la temática de la discapacidad, le llegó una factura de luz impagable de 60 mil pesos

Ayudada por las redes sociales, la experiencia de Moreno se multiplicó en una decena de ciudades, desde Laferrere hasta Mar del Plata. Esta semana se reunirán todos por primera vez, en vistas a «provincializar la desobediencia civil», y sumarse a la Red Nacional de Multisectoriales.

Alejandro Roger enuncia tres pilares del plan de lucha no violento: sensibilizar a los vecinos, recolectar datos y llegar a una «cantidad crítica» de adherentes para plantear el «no pago». Habla de actuar de manera colectiva: «Dejar el individualismo que nos proponen las autoridades. Por eso queremos organizarnos provincialmente». A su hija, separada y con cuatro hijos, le llegaron 8000 pesos de luz. «

La inconstitucionalidad del veto

En el ámbito judicial los vecinos tuvieron una noticia favorable a fines de mayo, cuando el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dio curso a la acción colectiva presentada por Consumidores Argentinos para suspender la interrupción del servicio del gas en caso de que el cliente tenga una deuda con la empresa por no abonar las facturas, que aumentaron hasta un 4000 por ciento.

El próximo tema que deberá tratar la Justicia es el veto presidencial a la Ley de Emergencia Tarifaria. El lunes pasado, con el patrocinio de Eduardo Barcesat, Pablo Sercovich, de Argentina en Red, presentó una cautelar penal contra la decisión de Mauricio Macri. «Se apoya en la irregularidad procesal del decreto, emitido antes del voto del Senado, y en que afecta al derecho de usuarios y consumidores, contemplado en la reforma de la Constitución».

Sercovich asimila el movimiento horizontal y transversal de vecinos contra el tarifazo al feminista: «Este es el modelo de construcción política adecuado al momento histórico en el que estamos parados».

La cautelar será tratada por la jueza Macarena Marra, a quien también presentaron una precautelar para que decida la prohibición de los cortes de todos los servicios hasta que se trate la inconstitucionalidad del veto. A la espera del fallo judicial, promueven un «apagón patriótico» el 9 de julio, de 20 a 20.30, en todo el país, «para demostrar la disconformidad con los tarifazos».

«Del repudio a la acción»

Osvaldo Bocero, de Mar del Plata, exhibe dos facturas de gas: la del período febrero–marzo es de $ 282. La de abril–mayo supera los $ 1684. Son 300 las personas involucradas en la red local de La Ciudad Feliz, de diez barrios diferentes: «Nos empezamos a organizar por barrios. Los periféricos son los más damnificados, con situaciones angustiantes, donde piensan en un plato de comida o en pagar la tarifa. Muchos cambiaron sus métodos de calefacción a otros más peligrosos como salamandras o garrafas, y vemos cada vez más comerciantes cerrando». El viernes harán una nueva reunión multisectorial en la sede local de la CGT. También incluirán a ONG como Consumidores Argentinos, que logró el amparo contra los cortes de gas en los tribunales de Dolores. «Nuestra propuesta es que hay que pasar del repudio a la acción –advierte Bocero–. Organizarse para cuidar el tejido social, basados en la solidaridad y un plan de acción no violento, como el no pago». En la semana se reunirán con los diferentes bloques del Concejo Deliberante de General Pueyrredón. El pedido: que se declare la emergencia tarifaria.

En efecto, las experiencias espontáneas de resistencia civil se multiplican en diferentes partidos bonaerenses. A Moreno y la ciudad de Mar del Plata, se sumaron en los últimos días movidas similares en Laferrere, Florencio Varela, Tandil, Tigre, Vicente López, Jose C. Paz, San Miguel y San Martín.

«Tenemos que ponerles un cepo a los aumentos descontrolados. La energía es un derecho humano», dice Alejandro Roger, del grupo de Moreno, y acota: «Nos proponemos dar una respuesta contundente y colectiva, darle coordinación provincial a la desobediencia, pero depende en qué fase del proceso esté cada municipio. Allí donde sean sólo diez vecinos, les van a cortar y no se van a poder defender». Alejandro es comerciante. Moreno fue uno de los lugares donde comenzaron los saqueos en 2001: «No queremos otra noche oscura como esa, por eso decidimos juntarnos. Sin participación real de los vecinos no hay cambio».

La desobediencia civil no alcanza sólo a los aumentos tarifarios. En Tigre nació con un grupo de vecinos de la primera sección del Delta, que se rebelaron ante el anuncio de un aumento del 42% en las amarras públicas. Finalmente, el municipio debió retroceder con la medida, pero ya estaban las bases ciudadanas creadas para las siguientes luchas, como las tarifas. Cuenta Roberto Suazo, tigrense y parte del colectivo: «Hacemos campaña en los barrios, pegamos calcomanías en los medidores, creamos grupos de WhatsApp, y si llega una cuadrilla le pedimos que no deje a la gente sin luz. El objetivo mayor es llevar la lucha pacífica a nivel nacional».