La justicia determinó que el gobierno porteño tenía 90 días para ofrecerles una alternativa habitacional. “Prefieren pagar la multa de 350 mil pesos por mes, antes que utilizar esos recursos económicos para encontrar una solución”, denuncian.
Situación que ocurre mientras cientos de miles de personas viven hacinadas en habitaciones de hoteles familiares, al mismo tiempo que cientos de familias son expulsadas de viviendas precarias sin que el GCBA les ofrezca ninguna alternativa habitacional. El pasado 18 de septiembre, Tiempo publicó en su tapa que la Ciudad desalojó a más de una familia por día. Cifras de la Defensoría del pueblo de CABA, aseguran que, en los últimos 20 meses, fueron expulsadas de sus viviendas al menos 691 familias.
La situación podría agravarse dado que, en los próximos días, 106 familias que viven en un inmueble ubicado de Parque Patricios podrían quedar en la calle. El edificio se encuentra en Santa Cruz 140, en la unidad funcional 15 de la manzana de la ex fábrica Selsa, una hilandería abandonada que fue transformada en una cooperativa de viviendas.
“Hace doce años venimos cursando un juicio por desalojo en el juzgado civil 60. La inacción del gobierno de la ciudad demuestra claramente que no hay interés alguno de poner el foco en la problemática habitacional”, señala a Tiempo Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa de vivienda Papa Francisco. El edificio ocupa una manzana de 6.500 metros cuadrados frente al parque Florentino Ameghino, y desde hace años es la ambición de desarrolladores inmobiliarios que quieren transformarlo en una gran torre.
En el inmueble habitan más de 350 personas desde el 2004. Las familias aseguran que el dueño del conglomerado, Leonardo Ratuschny, mantiene varios negocios con el Gobierno de la Ciudad, mediante hoteles conveniados, donde se alojan cientos de personas en situación de calle. La justicia determinó que la administración de Rodríguez Larreta debía brindar alguna alternativa habitacional a estas familias en 90 días. Jamás lo hizo: “Por no convocar a una mesa de diálogo con las y los vecinos, la Ciudad paga una sanción que tiene un costo de 350 mil pesos por cada mes de mora. Prefieren pagar la multa antes que utilizar esos recursos económicos para encontrar una solución a las 106 familias que vivimos acá”, adhiere Llanos.
Ante la falta de respuesta del ejecutivo porteño, las familias se movilizaron este miércoles al ministerio de Desarrollo Humano que conduce María Migliore. Tiempo se puso en contacto con esta cartera para conocer la versión oficial sobre el tema y se negaron a brindar información al respecto. En contradicción con las cifras de desalojos y el déficit habitacional en la Ciudad, existe una gran cantidad de viviendas desocupadas.
“No nos recibió nadie que tome decisiones en el IVC. Las familias volveremos el lunes 17 a las 10 y si no nos recibe posiblemente tomemos otras medidas de fuerza”, adelantó la presidenta de la cooperativa de vivienda.
Según los últimos datos del Censo 2010 (a la espera del detalle del Censo 2022), se contabilizaron 340.975 viviendas deshabitadas, que representa el 24% del total de viviendas relevadas en la Capital Federal. En la zona norte, principalmente en las Comunas 1, 14 y 2, se concentran el 38,5% del total de espacios ociosos. Por el contrario, en la zona sur donde se encuentran los mayores números de ocupación, pero en los últimos años los índices ahí también empiezan a mostrarse a la baja.
Para Llanos, esto es consecuencia “del avance de la gentrificación de los barrios del sur, por un lado, y los negocios inmobiliarios por el otro. No es casual, ya que la política implementada al momento de los desalojos es el subsidio 690”. Cifras oficiales de la cartera de Desarrollo Humano afirman que, durante 2022, adjudicaron el subsidio a 794 personas con un monto promedio de $13.500. Los datos incluyen a quienes están en situación de calle y a quienes transitoriamente se encuentran sin vivienda o refugio, por motivo de desalojo u otras causas. El total de «personas beneficiadas con este complemento habitacional es de 14.126 personas», afirman.
La cooperativa de viviendas Papa Francisco se conformó como tal en 2014, a partir de la existencia de herramientas legales para construir una solución. “Sin embargo se nos responde que hay 372 cooperativas en lista de espera y a su vez año a año se subejecutan los presupuestos”, explica Llanos.
El 28 de abril fueron recibidos por el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y “nos ofreció terrenos que son de la Ciudad, con la condición que desde Nación se acordara un presupuesto para la construcción. Tras esa reunión no nos recibieron más. Estamos a punto de ser desalojados y aún así no podemos consolidar el diálogo con un gobierno que dice promoverlo”.
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Ojala los desalojen. Eso es un basura, es un antro. Y si quieren terrenos vayan a las provincias que hay tierras.