En medio de la crisis, el gobierno y la Corte negocian una reforma judicial conjunta

Después de las cuatro de la tarde, cuando comenzó el partido de Argentina frente a España, el ministro de Justicia Germán Garavano recorrió las diez cuadras que separan a su oficina del Palacio de Tribunales. Antes de que terminara el primer tiempo, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, lo estaba esperando en su despacho para que se fotografiaran juntos. Posaron amablemente y el Centro de Información Judicial se encargó de difundir la imagen sin más información que el gesto público. El encuentro fue la culminación de una serie de intercambios que ambos mantuvieron desde el viernes 16 de marzo. Esa cita fue secreta, en el mismo Palacio donde este martes sonrieron para los flashes.

Como contó Tiempo, un día después del fallo con el que la Corte hirió de muerte la maniobra del gobierno para habilitar al Tribunal Oral Federal 9 (TOF 9), Garavano pidió la cita reservada con Lorenzetti para plantearle el malestar del gobierno porque el máximo tribunal había ignorado las reformas del Programa Justicia 2020 dentro del plan que lanzó el titular del máximo tribunal durante la apertura del año judicial, como le recordó después el jurista radical Ricardo Gil Lavedra en una carta.

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Este martes, el tema central del encuentro fue acordar una reforma judicial conjunta entre la Corte y el gobierno que incluya puntos del Programa Justicia 2020, pero también otros de interés del máximo tribunal. Una de las diferencias más espinosas tenía que ver con el interés de Lorenzetti de traspasar a la Oficina Anticorrupción de la órbita del Ejecutivo a la Corte: un cambio inaceptable para Garavano, que es jefe directo de su titular Laura Alonso, pero un mensaje de los cortesanos para transmitir sus críticas sobre la impericia de la funcionaria.

En el gobierno no dieron precisiones sobre los puntos de la reforma consensuada. Su diseño final implicará resignaciones para ambos negociadores, en un escenario donde la tirante relación entre el Ejecutivo y la Justicia suma problemas. El último ocurrió poco antes de la reunión y fue el pedido de informes de la Corte al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para que les explique qué hicieron para averiguar quién filtró los audios de les escuchas realizadas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se hicieron famosas por los insultos que le profería al ex secretario y titular de la AFI Oscar Parrilli. Todo fue difundido por el empresario y presentador televisivo Luis Majul, a través del canal América. El pedido fue firmado por todos los cortesanos: Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Así como la Corte le reclamó explicaciones a un organismo de espionaje que depende directamente del presidente, a través de su amigo personal Gustavo Arribas, el máximo tribunal pidió investigar a los camaristas de la Sala I del fuero penal federal que revocaron la prisión preventiva de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Esos cruces no forman parte de la negociación para un proyecto de reforma judicial consensuado, pero integran el contexto de una etapa donde el gobierno insiste con la mano dura y el endurecimiento de la persecución penal contra el delito. En la administración del sistema carcelario radica parte de la reforma, cuyos contornos quedaron expuestos cuando se conoció la lista de 100 genocidas que podrían ser enviados a sus domicilios, en base a un relevamiento que realizó el Sistema Penitenciario Federal.

Ese centenar de condenados es una parte de la lista de 1700 personas detenidas que estaban en condiciones de ser liberadas para reducir la superpoblación carcelaria. El plan fue denunciado por el Frente Renovador y fue negado por el jefe de Gabinete Marcos Peña. En respuesta, la diputada Graciela Camaño protagonizó un duro cruce con el ministro coordinador durante su último informe ante el Congreso y reveló el alcance del plan: «El año pasado en el Ministerio de Justicia se hizo una reunión a la cual acudieron funcionarios del Poder Ejecutivo y se planteó la necesidad de trabajar en una lista de posibles condicionados en la libertad, donde se manifestó en el Ministerio de Justicia que esto se hacía en aras de resolver la superpoblación carcelaria. Por supuesto que el Servicio Penitenciario, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Justicia, realizó la lista de más de 1700 personas que consideraba que estaban en condiciones de libertad”, señaló la diputada y se refirió a un informe de la Procuración Penitenciaria que señaló que en algunos de los casos que propuso el Servicio Penitenciario no encontró a los detenidos porque ya habían sido liberados. “Le comento un solo caso. El caso de la Penitenciaria de Ezeiza: sobre 75 propuestas por el Servicio Penitenciario que depende del Poder Ejecutivo, sólo 11 estaban en condiciones serias de tener el acceso a la libertad condicional», cuestionó.

La gravedad de la denuncia desnuda la situación actual del sistema de ejecución penal, dentro de una dura discusión sobre política criminal entre la Justicia y el Ejecutivo que la cita de este martes buscará reencauzar, a través de un acuerdo win – win entre Garavano, que aparece fortalecido luego de las tensiones, y Lorenzetti, que este año buscará su reelección al frente del máximo tribunal, una decisión que le cuestionaban desde el gobierno hasta la semana pasada.