En medio de la crisis habitacional, el gobierno le baja los impuestos a las empresas constructoras

Con la mira puesta en el voto de la clase media el gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley con el que apunta a atender la situación habitacional cuyo déficit ronda los 3,5 millones de unidades a nivel nacional. Pero la iniciativa, definida en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), no tiene que ver con un programa de crédito hipotecario que supere a los polémicos ajustados por UVA sino con una serie de medidas para reducir impuestos a los desarrollos inmobiliarios.

El envío al Parlamento todavía no está definido pero una fuente del Ministerio del Interior confió a Tiempo que será “en los próximos días”. La cartera que encabeza Rogelio Frigerio aclaró que se trata de “un régimen transitorio para la promoción de las inversiones en nuevos proyectos inmobiliarios”.

El proyecto prevé “el otorgamiento de beneficio en el Impuesto a las ganancias permitiendo actualizar, hasta la fecha del último ejercicio cerrado con anterioridad a la realización de la inversión, las existencias de inmuebles, obras en construcción y mejoras, cualquiera fuere su naturaleza, que se encuentren situados en el país”.

También dispone “un beneficio en el Impuesto al Valor Agregado permitiendo acceder a la devolución de los créditos fiscales originados por las adquisiciones de bienes y servicios, por las locaciones de bienes, por las ejecuciones de obra e importaciones definitivas de bienes, excepto automóviles”.

Además plantea “la posibilidad de computarse el Impuesto sobre los Créditos y Débitos, por las operaciones vinculadas a los nuevos proyectos inmobiliarios, en un cien por ciento (100%) como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias”.

El proyecto también propone “la utilización de la opción prevista en el artículo 67 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en la medida que el importe de la transferencia se reinvierta en la suscripción o adquisición de certificados de participación o cuotapartes de condominio, de fideicomisos o fondos comunes de inversión, respectivamente, que tengan por objeto el desarrollo de proyectos inmobiliarios”. Y finalmente llama a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los municipios a eximir “total o parcialmente las operaciones de inversión de los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos y de tasas municipales”.

El secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr destacó que el tema impositivo “hace que el sector inmobiliario apunte a generar oferta para el sector de mayores ingresos, aquellos que justamente no necesitan créditos hipotecarios” por lo que este proyecto “contempla beneficios impositivos para construcciones para viviendas del sector medio”. 

El presidente de la Camarco, Julio Crivelli, remarcó que el proyecto viene reducir los costos de las empresas, un factor que por contigüidad abarataría los precios para los compradores de vivienda. Sin embargo, el empresario subrayó como una de las ventajas que la iniciativa permitirá a los desarrolladores actualizar los valores de los terrenos por inflación. “Antes el desarrollador que iniciaba un proyecto tenía que presentar el valor nominal de origen de un terreno” comparó Crivelli en una entrevista en Radio Led con la periodista Natalia Donato. El titular de Camarco agregó que se trata de “una serie de ventajas importantes para incentivar. Si el costo es más bajo el precio de ventas es más bajo”.

El gobierno y las empresas coinciden en el elogio al programa de créditos UVA aunque en todo el país se acumulan los casos de endeudamiento de familias al compás de la crisis macroeconómica. En esa línea consideran que el proyecto de ley que preparan es el complemento indicado.

“La UVA fue un primer paso virtuoso que explotó por la macro pero va en el buen sentido –evaluó Crivelli- Hay que adicionarle incentivos impositivos para que haya viviendas para la clase media. Eso viene a aportar este proyecto de ley, que todavía no es lo suficientemente profundo” en términos de beneficio impositivo, consideró.

Con las urnas en la mira

Se calcula que en el país hay un déficit habitacional que promedia las 3,5 millones de viviendas. Semejante realidad constituye una de las demandas más grandes de la clase media y trabajadora, que en los últimos años sufrieron las inclemencias del mercado inmobiliario, con descontrol en los precios de los alquileres y prácticamente sin alternativas crediticias para acceder a la vivienda familiar. El cuadro se complejiza todavía más si se consideran los precios de los materiales para la construcción.

El tema es de sensible interés para amplios sectores de los segmentos sociales que el 11 de agosto le dieron masivamente la espalda al proyecto de Cambiemos en las elecciones primarias (PASO).

Sin embargo, como informó Tiempo en su edición del domingo, en el proyecto de Presupuesto 2020, que presentó la semana pasada el ministro Hernán Lacunza, los rubros «Vivienda y Urbanismo» y «Agua Potable y Alcantarillado» son las partidas sociales que menos crecen: 12,7 y 20,2%, respectivamente. Desde la visión del gobierno el camino para sanar la situación pasa por los beneficios a las empresas. 

A todo esto, la construcción volverá a caer en 2019: un informe de la consultora Radar adelantó que la construcción caerá un 11% en 2019. El sector acumula un año consecutivo de caídas que afectan tanto a la construcción privada como a la pública. El derrotero de la actividad contempla un segundo semestre negativo con intensificación del impacto en el empleo.

Según el informe este importante segmento de la economía acumulará una caída del 12% desde 2015.