“Dale, comé que tengo que estar tres horas antes de que empiece el recital”, le dice Rosa a uno de sus nueve hijos mientras prepara todo el merchandising para llevar al Estadio de River, bajo el frío de la Ciudad. Puntual y responsable con lo que hace, tiene todo el cronograma de recitales en su cabeza, sabé cuáles son las bandas que tocarán el resto del año en diferentes clubes, estadios o centros culturales. Rosa es vendedora ambulante y trabaja mientras otros disfrutan. Vende remeras, gorras y otros productos antes, durante y al cierre de cada recital.

Ella supo organizarse y llevar adelante una vida digna, pero todo eso podría cambiar de la noche a la mañana si en las próximas horas es desalojada de su casa. Rosa hace 29 años que vive en el edificio ubicado en Avenida Entre Ríos 2072/74, pero este jueves 11 a las 8 de la mañana, ella, sus hijos y un total de 15 familias, podrían quedar en la calle.

Durante años pagaron el alquiler a una persona que no era el dueño del edificio.”Fuimos estafados por un hombre que decía que era el dueño y después resultó ser que era mentira. Yo vivo con mis nueve hijos, siete son adolescentes, y dos menores ¿Dónde vamos a ir si nos sacan de acá?”, se pregunta Rosa. “No me reciben con perro ni con hijos en los hoteles y para entrar a un departamento te piden muchos requisitos y como mínimo tenés que ganar dos millones. Para alquilar un departamento me salía 450 mil pesos y 260 mil de expensas, es mucha plata para nosotros”.

Lo más económico para alquilar son los hoteles familiares. El valor actual de una pieza con baño y cocina compartida ronda de $200.000 para arriba, pero el ministerio de Capital Humano como máximo ofrece $150.000 y el pago se hace por partes. Los desalojos en la Ciudad se multiplican día a día. Una medida naturalizada en todo el distrito que, junto a la falta de acceso a una vivienda digna, y el aumento desproporcionado de los alquileres, provoca que se incremente la cantidad de personas en situación de calle.

“Hemos hablado, confeccionamos un petitorio, y hemos tratado de juntarnos con las autoridades correspondientes para solicitarles que se frene este desalojo, pero no hemos tenido respuesta de ningún tipo. Entonces, esa es nuestra preocupación, estamos en la lucha, queremos resistir pero también entendemos que la situación es muy difícil”, señaló a Tiempo Ernesto Rueda, que hace muchos años vive en el mismo edificio.

El desalojo fue autorizado por el Juzgado Civil N° 21 Secretaria Nº 41, a cargo del juez Luis Saenz, y desde entonces el GCBA se ha negado a brindar una respuesta habitacional digna y permanente a las familias.

“Tememos por la salud de nuestros hijos, de nuestros adultos mayores y sobre todo la integridad física de nosotros. Ya sabemos que los desalojos que viene haciendo la Policía de la Ciudad están llenos de violencia, entonces pedimos y solicitamos a las autoridades que nos escuchen, sólo pedimos que nos atiendan y que por favor se pueda frenar el desalojo más en estos días que estamos pasando por una ola polar, porque si nos sacan de acá vamos a quedar en la calle ¿Dónde van a ir a parar a todas las familias?”, agrega Ernesto y termina: “Lo único que nos ofrece el gobierno porteño es ir a paradores, pero imagínate que somos grupos familiares, hay que dividir a cada familia, papá, mamá por un lado, hijos por otro lado, entonces está muy complicada la situación”.

La política del desalojo

No hay datos oficiales relevados por el gobierno de la Ciudad respecto a los desalojos realizados. Y si existen, el Ejecutivo se niega a entregarlos ante la presentación de acceso a la información pública o la interpelación de la legislatura mediante un pedido de informes. En 2022, Tiempo relevó la cantidad de familias que solicitaron asistencia en diferentes organismos del estado, luego de ser desalojadas. El informe detectó que, desde 2021 desalojaron a más de una familia por día. Por entonces, fueron al menos 691 familias expulsadas en 20 meses que solicitaron asistencia a la Defensoría. 

El relevamiento realizado focalizó en el periodo que abarca desde enero de 2021 hasta el 18 de septiembre de 2022, fecha en la que se publicó el informe. De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, en ese lapso hubo 691 familias despojadas del lugar donde vivían (sin posibilidad de acuerdo entre partes y sin propuesta alternativa del Ejecutivo porteño), que solicitaron «trámites para abordar emergencias habitacionales», según explicó el organismo público encabezado por María Rosa Muiños. De ese total, 221 corresponden a desalojos de inquilinos sin contratos, con contratos de locación vencidos o deudas acumuladas, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria durante la pandemia; y otros 280 atañen a grupos en situación de vulnerabilidad socioeconómica que terminaron en casas tomadas, hoteles temporarios o familiares y barrios populares.