En nombre de la libertad

Con el supuesto objetivo de alcanzar la libertad, el gobierno encara una gran transformación económica y social que sólo beneficiará a los sectores más concentrados, locales y del exterior.

El centro del argumento libertario esconde una profunda distorsión, ya que los postulados del libre mercado sólo se cumplen en los libros de texto neoliberales. En la realidad hay empresas y personas que cuentan con suficientes recursos para transitar –y, principalmente, beneficiarse— en las coyunturas más adversas. Por el otro lado están quienes tienen grandes necesidades, parten de un lugar de mayor fragilidad y ven cómo se deteriora su calidad de vida. Y las políticas desreguladoras ensanchan estas diferencias aún más.

Para poner un ejemplo: no impactan del mismo modo las subas de las tarifas de los servicios públicos, de las prepagas o de la carne en una familia del percentil más rico de la población que en una de clase media. Tampoco es igual el margen de maniobra de una pyme que el de una gran transnacional.

El presidente afirmó que dos tercios de los efectos positivos de las reformas se verán en 15 años, unos cuatro períodos presidenciales. El 30 de diciembre había dicho que recién en un lapso de 45 años podrían aspirar a “multiplicar por diez veces nuestro PBI per cápita alcanzando niveles similares a los de Irlanda, que hoy mismo se encuentra un 50% por encima del de Estados Unidos”. Primero: ¿no considera alternancia política alguna en esos tiempos de referencia? Segundo: el ejemplo de Irlanda no es el mejor, ya que ese país tiene una distorsión de las mediciones macroeconómicas producto de que en 2003 bajó al 12,5% la tasa de impuestos corporativos, lo que incentivó la radicación de más de 1.00 multinacionales, como Facebook, Google, Amazon, Tik Tok y otras. Estos traslados impactaron en el PBI, incrementándolo artificialmente en una población relativamente pequeña (5 millones aproximadamente) lo que hizo que Irlanda supere a Estados Unidos al hacer la división por habitante. Como las ventas de estas compañías se declaran en Irlanda, se computan en el cálculo del PBI. Pero no realizan allí su actividad económica ni generan empleo en el país: sólo se aprovechan de una ventaja fiscal.

Un medio de comunicación local titulaba en la semana: “Excelente noticia”. Son importadores de carne argentina en el mundo y celebran el final de un cepo», en referencia a la eliminación de las restricciones para exportar 7 cortes populares. Es una clara muestra de quiénes son algunos de los ganadores de este modelo: los exportadores de carne en el mercado internacional, mientras quienes pierden son quienes compran en las carnicerías locales y pasarán a pagar el asado y el vacío a precio de exportación. La desregulación comienza a impactar negativamente en el bolsillo de los hogares.

Similar situación se aplica a los combustibles, que se pagarán a valor internacional, cuando los costos de producirlos en la Argentina son más bajos, tanto en materia de salarios, de transporte, y del principal insumo, que es el barril, generado localmente.

¿Por qué una empresa en la Argentina tiene que cobrar al precio internacional si aquí los costos son más bajos? ¿Por qué esta característica de ser productores de hidrocarburos no tiene que ser un beneficio para la ciudadanía y tiene que serlo para las empresas?

En este marco, con la privatización de YPF, una empresa superavitaria que posee grandes reservas y potenciales recursos por desarrollar, se asestaría un duro golpe al autoabastecimiento energético que con gran esfuerzo se construyó en estos años. Quedó claro cuando la privatizaron en los noventa, cómo se frenó la producción de hidrocarburos en nuestro país. De allí que la soberanía y el desarrollo de la Argentina están fuertemente amenazados.

Respetar la esencia de la democracia

Resulta inédito que al inicio de su gestión un gobierno ponga sobre la mesa dos paquetes de la magnitud del DNU y de la llamada Ley Ómnibus, (1283 artículos entre ambos) que prácticamente apuntan a desregular toda la economía, pero que van incluso mucho más allá.

Puede considerarse que el título del proyecto enviado por el Ejecutivo, “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, es, como mínimo, pretencioso. Pareciera que, antes del proyecto, los argentinos y las argentinas estuviéramos esclavizados. Sin duda, estos 40 años de democracia nos han permitido mejorar la sociedad, la economía, los derechos humanos, en especial los de las minorías, no obstante no han estado exentos de debilidades, avances y retrocesos. Pero, cuando verdaderamente recobramos la libertad fue cuando recuperamos la democracia, una conquista que tenemos que seguir defendiendo.

Cómo no estar de acuerdo con la palabra “libertad”, pero debe estar acompañada necesariamente de otros valores, como la solidaridad, la equidad, la responsabilidad social, la preocupación por los demás.

El gobierno pretende modificar temas de raíz y busca ir lo más rápido posible, a sabiendas de que este es el momento en el que cuenta con mayores índices de legitimidad. Para ello utiliza un Decreto de Necesidad y Urgencia. Pero, ¿qué urgencia justifica la eliminación de la doble indemnización para el personal de casas particulares no registrado, o la privatización de los clubes de fútbol, o permitir la reventa de entradas a espectáculos públicos?

Es, con un criterio más general, la misma pregunta que sobrevuela a las normas de flexibilización laboral, ajenas a toda situación de emergencia, un capítulo del DNU 70/23 que ya se encuentra suspendido por medidas cautelares.

El Presidente quiere que la Ley Ómnibus sea sancionada antes de fin de mes, pero sólo se le ha dado giro a tres comisiones del Congreso, cuando la diversidad de temas que están allí incluidos requeriría por lo menos que se reúnan 25 comisiones de trabajo.

Hay una cuestión central que tiene que ver con el respeto de las instituciones de la democracia. Arrancó con un hecho simbólico el día de la asunción, con el Presidente dándole la espalda al Congreso. Continuó con el DNU, y luego con la “Ley Ómnibus” que incluye la delegación al Ejecutivo de facultades legislativas por dos años con opción a dos más, lo cual podría significar que durante los cuatro años de la gestión de Milei virtualmente el Parlamento quede como una figura decorativa; sin cumplir con la función que la Constitución nacional le asigna en el marco de la división de poderes.

Esto nos permite abordar la legitimidad de los mandatos. El Presidente dice en forma permanente que tiene el mandato del pueblo. Pero las legisladoras y los legisladores también tenemos el mandato del pueblo. Las cámaras de diputados se renuevan por mitades y las de senadores por tercios, de manera de buscar un equilibrio de poderes, que justamente es uno de los rasgos que caracterizan a los Estados democráticos. Si el objetivo fuera alinear el pensamiento del Ejecutivo con el del Legislativo, ambos se elegirían en el mismo momento y por la misma extensión del mandato. Eso es lo que hoy se está poniendo en discusión: ese equilibrio es parte de lo que hace al funcionamiento de una democracia.

El Parlamento debe ser la caja de resonancia de la opinión de la ciudadanía y de los distintos sectores involucrados, en pleno respeto por la división de poderes que marca la Constitución Nacional.