En Perú, Boluarte ya no disimula su alianza con la derecha

Las fuerzas de derecha y extrema derecha en Perú siguen cerrando filas con la presidenta interina, Dina Boluarte, y de paso fustigando y demonizando al expresidente Pedro Castillo, detenido desde el 7 de diciembre pasado por un presunto cargo de rebelión. El viernes, en su última jornada antes del receso, el Congreso aprobó dar inicio a una acusación constitucional contra el expresidente por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, de acuerdo con una denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentada en 2022. La aprobación contó con 59 votos de la derecha (se requerían 50 votos) y 23 en contra de los partidos de izquierda, que denunciaron un «linchamiento contra Castillo».

 En una maratónica sesión que duró todo el día, el pleno aprobó declarar «persona no grata» al presidente colombiano Gustavo Petro y extender la agenda parlamentaria para el tratamiento de proyectos de adelantamiento de elecciones, algo en lo que no logra el acuerdo de los dos tercios requeridos. A la vez otorgó a Boluarte facultades por 90 días para legislar por decreto sobre economía y reforma del Estado. Un espaldarazo en momentos en que gran parte de la opinión pública reclama su renuncia en protestas callejeras, un conflicto latente desde la destitución a Castillo por un golpe de Estado Parlamentario, que registra más de 60 muertos por la represión y enfrentamientos con la policía y multiplica las denuncias contra la acción Estatal.

La líder del partido de extrema derecha Fuerza Popular, Keiko Fujimori, excandidata presidencial derrotada por Castillo en el último balotaje, aseguró que no piensa presentarse a elecciones para «terminar un mandato», pero coincide con Boluarte en la necesidad de adelantar los comicios. Lo dijo tras mantener una cumbre con la presidenta interina, una reunión anunciada oficialmente como parte de «una serie de encuentros en busca de una solución a la crisis que atraviesa el país», que según Fujimori fue «amplia, larga y sincera» y permitió establecer la «coincidencia» en que «la única salida a la crisis es adelantar las elecciones generales para este 2023».

Las reuniones de Boluarte habían comenzado el jueves con el partido de derecha Somos Perú y tenía previsto seguir en esa línea, aunque el principal espacio de izquierda, Perú Libre, con el que Boluarte llegó al poder acompañando a Castillo en la boleta, ya anunció que rechaza cualquier encuentro con el Ejecutivo «mientras los implicados en la ejecución extrajudicial de 65 hermanos peruanos no salgan del Gobierno», según expresó el presidente del partido, Vladimir Cerrón. «A Keiko Fujimori le es natural reunirse porque en pleno vuelo se unen los pájaros de un mismo color», agregó, en línea con lo que denunciaron Castillo y otros dirigentes que lo apoyan, sobre un pacto previo al golpe entre Boluarte y la derecha.

A tono con el sentimiento popular, el humorista Carlos Tovar Samanez recreó para el diario La República una caricatura de aquella cumbre, donde se ve a Boluarte y a sus colaboradores más estrechos sentada frente a Fujimori, dialogando amistosamente, ante una mesa que está conformada por hileras de ataúdes.

Boluarte no tiene planeado renunciar y traslada al Congreso la decisión de poner fecha a las elecciones. La discusión se trabó con los sectores de izquierda que quieren incluir en esos comicios una consulta popular para establecer o no una Asamblea Constituyente que sancione una nueva Carta Magna que deje atrás a la legada por Alberto Fujimori. Tambien porque la modificación de la fecha de elecciones requiere una reforma constitucional, que debe ser aprobada por el Congreso con mayoría calificada de dos tercios durante dos períodos legislativos consecutivos. La prórroga del viernes haría posible que ese adelantamiento se produzca este año, si se consiguen las mayorías. Por otro lado, se podría abrir una nueva posibilidad esbozada por Perú Libre el mismo viernes. Desde la cuenta oficial se surigió que «Castillo tiene posibilidades de ser repuesto por la CIDH, solo un nuevo proceso electoral podría truncarlo». La Comisión visitó el país en enero para observar las posibles violaciones contra manifestantes. Paralelamente, un equipo jurídico presentó ante este y otros organismos internacionales el caso del expresidente por considerarlo contrario los Derechos Humanos y en contra de la jurisprudencia más reciente de la corte interamericana.