En Perú, hay un presidente asediado por el Congreso, la Justicia y el espectáculo

En solo un año, Pedro Castillo debió enfrentar a los tres grandes poderes: el Congreso, la Justicia y la prensa. El primer punto que caracteriza a su gobierno es la extrema rotación de los miembros del Consejo de Ministros -a razón de un cambio semanal- y dos carteras ministeriales íntegras. Hay varios factores que explican esta alta rotación ministerial, la fundamental es el obstruccionismo parlamentario y la judicialización de los miembros del partido y ministros designados.

En 12 meses, el gobierno de Castillo sufrió 25 mociones de interpelación, esto es un pedido de rendición de cuentas por parte del Congreso al Ejecutivo que se convirtió en una constante forma de entorpecer el funcionamiento. Esto llevó a que un ministro/a fuera citado a comparecer ante el Legislativo cada 15 días. Este recurso fusiona la política y el espectáculo mediante su televisación. Los motivos de citación van desde la política efectiva hasta declaraciones en la prensa. En un Congreso híper fragmentado el ataque a miembros del Ejecutivo es una forma de obtener notoriedad por parte de los congresistas.

Además de las interpelaciones, la Constitución peruana habilita la remoción de ministros mediante la moción de censura, en total 7 han sido presentadas hasta el momento y 4 las que consiguieron la remoción del ministro. Con estos números, Castillo bate récords: desde el retorno a la democracia en 2001 ningún otro presidente fue víctima de tanto asedio parlamentario.

Para hablar específicamente de atentados contra la figura presidencial, es necesario destacar que desde 2017 comenzó a abusarse de la figura de “vacancia por incapacidad moral” contra el Ejecutivo. Tanto Kuczynski como Vizcarra, tuvieron dos procesos destituyentes y entre 2016-2021 se sucedieron cuatro presidentes y dos Congresos. Lejos de aplacarse, este mecanismo ha sido utilizado cada seis meses contra Castillo. La naturaleza político-sancionatoria es tal que CIDH reiteró su preocupación por el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional por parte del Congreso peruano.

Al no poder obtener los votos para la vacancia, el Congreso admitió una acusación constitucional irrisoria por “traición a la patria” a raíz de las declaraciones del mandatario frente a la CNN, la cual fue atizada y sacada de contexto considerando que Castillo quería ceder territorio a Bolivia. De acuerdo al art. 117 las únicas causales de destitución presidencial son: traición a la Patria; impedir elecciones, disolver el Congreso (salvo lo previsto en el art. 134) e impedir el correcto funcionamiento del sistema electoral. Sin embargo, no habilitan un impeachment por parte del Congreso hasta tanto se pronuncie la Justicia, pero cabe la pena destacar que los miembros del Tribunal Constitucional son precisamente elegidos por el Congreso. A esta altura, ya es posible hablar de un “semi parlamentarismo de facto” como nueva forma de gobierno.

Como era esperable los mecanismos del lawfare han sido otra de las armas esgrimidas, contra Perú Libre en principio y luego extendidas hacia el presidente, parientes y ministros. Las acusaciones son una constante con condimentos propios: antes de ser tildado de “corrupto”, Castillo fue “terruco” basado en las cuestionables leyes antiterroristas de la actual Constitución. La apuesta de la oposición es clara: busca la destitución del mandatario mediante un golpe blando propiciado desde el Congreso. El último método para cumplir su objetivo es un proyecto de adelantamiento electoral, recortando el mandato del presidente en ejercicio a julio del 2023.

Sólo un gobierno popular podía reunificar a la derecha luego de la crisis del último quinquenio. Es por ello que hoy toda la artillería judicial y mediática apunta a Castillo con un solo fin: impedir una nueva Constitución y garantizar el orden neoliberal, la única duda es si el golpismo será más fuerte que el voto popular. ¿Podrán?