El ministerio de Desarrollo Social retrocedió a través de dos resoluciones que llevan la firma de Stanley. No hubo anuncio oficial al respecto.
Si bien Stanley le puso la rúbrica al retroceso el viernes, en pleno cierre de listas electorales, todavía no se conoce ninguna comunicación oficial al respecto.
La medida tomada por Carolina Stanley había dejado sin el beneficio y la cobertura médica a más de 83 mil personas que deberían ser protegidas por el Ministerio, según las leyes vigentes. Además, dejó a las personas afectadas sin cobertura médica social, lo cual agravaba aún más su situación.
Ernesto Moreau, abogado de la APDH, celebró la recuperación del beneficio y adelantó a Tiempo que ahora el Estado deberá pagar lo no otorgado hasta ahora. «Iniciamos el reclamo administrativo hace diez días hábiles al Estado para que restituyeran lo que había quitado. También pedimos que si querían investigar alguna en particular, que lo hicieran sin quitar el beneficio, y si encontraban alguna situación irregular, que la denunciaran, pero que no quitaran el pago mientras no estuviera resuelto», explicó.
Si bien la gestión de los organismos recién tuvo resultado el viernes pasado, cuando la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley firmó dos disposiciones para retrotraer la decisión de quitarles las pensiones a los discapacitados y a las madres de siete hijos, el Ministerio informó su decisión a los organismos recién el lunes por la tarde.
Fue el propio titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales Guillermo Badino (autor de la frase «los Down pueden trabajar» como justificación de la quita del beneficio), y César Neira, Director Nacional de Promoción y Gestión de Derechos quienes confirmaron a Moreau la marcha atrás de Mauricio Macri y Stanley.
Por lo pronto, la APDH y la ODH continuarán hoy con un pedido aclaratoria «para tener mayor certeza» acerca de esta resolución y proponen que todos los posibles damnificados se pongan en contacto con ellos para incluir su situación en el expediente que sigue abierto.
«Es tremendamente doloroso para las personas que viven de este beneficio, ya que además de sufrir la discapacidad, porque la pensión no cubre los daños ni la manutención de familias de siete hijos, tiene que sufrir este maltrato», criticó el abogado que llevó adelante el reclamo ante el ministerio. «Es la parte de la población que más problemas tiene.»
«Desde el ODH y la APDH exigimos que para la revisión de cada una de las situaciones se respete el debido proceso legal tanto administrativo como judicial. Y que el mismo se realice garantizando los derechos fundamentales de cada uno de esos beneficiarios», sostuvieron los peticionantes.
Todas aquellas personas que tengan dudas sobre la percepción del beneficio pueden ponerse en contacto con la APDH.
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