En sintonía con la defensa de Santoro, un fiscal quiere anular un informe clave

El fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, se pronunció por la «nulidad» de la intervención en el expediente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

A poco de iniciada la investigación, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, convocó a la CPM para que lo ayudara a desclasificar y analizar el contenido del material secuestrado en los teléfonos y computadoras de los imputados, especialmente del falso abogado Marcelo D’Alessio.

Esa decisión fue cuestionada desde el vamos. Cuando la imputación llegó al periodista Daniel Santoro, su defensa la rechazó antes de que se iniciara el análisis sobre su supuesta participación en la organización que lideraba D’Alessio.

Ramos Padilla lo desestimó, pero Santoro apeló y en agosto de 2019 el cuestionamiento llegó a la Cámara de Mar del Plata. Pese a que aún hoy la Cámara no se pronunció, Ramos Padilla siguió adelante y con el análisis que hizo la CPM (más otros elementos de prueba) procesó a Santoro.

La CPM tiene reconocida experiencia en la evaluación de información de inteligencia extraída de documentos de la última dictadura. Ramos Padilla invocó ese expertisse para pedirle colaboración en esta causa. Esa intervención es la que ahora atraviesa aguas cenagosas, con pronóstico incierto.

Pettigiani recordó que sigue pendiente un primer pronunciamiento de la Cámara de Mar del Plata, anterior a este nuevo pedido de nulidad que formuló Santoro cuando fue procesado.

«La falta de fundamentación procesal de la medida ordenada violentaba el derecho de defensa en juicio, privando así a esta parte (la fiscalía) de contar con una medida probatoria idónea y eficiente a la luz de la realización del futuro juicio oral», advirtió Pettigiani.

Del párrafo parece desprenderse que el fiscal considera que la prueba producida por la CPM no es ni idónea, ni eficiente. En consecuencia, difícilmente sea utilizada al momento de formular la acusación, pues ello podría generar una nulidad en el momento del juicio oral y público.

Algo así como lo que pasó en el primer juicio por el encubrimiento al atentado contra la AMIA y el pago ilegal de más de 400 mil dólares al desarmador de autos Carlos Telleldín. Una prueba nula en la instrucción echó por tierra toda la investigación e hizo naufragar al juicio oral.

Antes de que comenzara a intervenir la CPM, el fiscal Pettigiani ya había advertido que, «de llevar a cabo dicha medida en los términos establecidos por el magistrado instructor, se ocasionaba un perjuicio al imputado producto de la falta de definición procesal de la medida dispuesta, que podía traducirse en una clara violación a la garantía de defensa en juicio».

«Las facultades discrecionales del juez no lo relevan de encuadrar procesalmente la medida probatoria dispuesta, ello en resguardo del derecho de defensa del imputado, quien deberá evaluar el temperamento a seguir dentro de las facultades que el código le asigna», alertó.

Santoro –según entiende el fiscal– vio avasallado su derecho de defensa. Y esa situación, independientemente de su inocencia o culpabilidad, podría invalidar el proceso en su contra.

Pettigiani hizo especial hincapié en el concepto de «operación de acción psicológica» que destacó el juez Ramos Padilla cuando le pidió análisis y opinión al organismo que preside Pérez Esquivel.

La frase verbal «acción psicológica», según el fiscal, «resultaba de una apertura interpretativa tal que lo aproximaba a un concepto indeterminado».

Si la Cámara, tal como propuso Pettigiani, declarara la nulidad de la intervención de la CPM desde el inicio de la investigación, una parte significativa del procesamiento contra Santoro quedaría huérfana.

El fiscal le reprochó a Ramos Padilla «el desgaste jurisdiccional ocasionado al llevar a cabo una medida cuya legalidad se encontraba pendiente de resolución. Esa resolución tendiente a otorgarle un encuadre procesal idóneo habría permitido hoy contar con una medida de prueba eficaz a la luz del próximo debate oral».

Por el contrario: hoy, según Pettigiani, esa «prueba eficaz» está prendida con alfileres y a punto de derrumbarse.

El fiscal pidió que «se haga lugar a la nulidad formulada de todos los actos que fueren su consecuencia». Esa expresión, «todos los actos», puede arrastrar como un tsunami buena parte de la investigación.