Exigen la universalización del pago de los títulos de propiedad participada negados por un decreto del año 1992, que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2008. Además, exigen la revocación de la fusión de Telecom y Cablevisión.
La compañía estatal pasaría nuevamente a manos privadas en el año 1990 cuando el gobierno de Carlos Menem dispuso su privatización junto con el resto de las empresas de servicios propiedad del Estado. En ese momento los pliegos de las privatizaciones incluían el reconocimiento de una forma de resarcimiento a los trabajadores bajo la forma de bonos u acciones de propiedad participada.
Sin embargo, dos años después, y mediante el decreto 395/92 el mismo gobierno eximiría de ese pago a las compañías afectando derechos adquiridos de los empleados que, a su turno, canalizaron sus reclamos a través de la justicia. El caso generó diversos fallos favorables a los trabajadores y la Corte Suprema de Justicia, el 12 de agosto de 2008, ordenó el pago a quienes hubieran accionado legalmente y, a la vez, declaró inconstitucional el artículo 4° del decreto menemista que bloqueaba ese beneficio. Esos fallos, sin embargo, no alcanzaron para universalizar el reconocimiento de ese derecho a todos los empleados.
En 2020 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se pronunció en el mismo sentido instando al Estado Nacional a que garantice el cumplimiento de ese derecho y que las empresas privatizadas de las telecomunicaciones cumplieran la obligación que habían asumido.
Ante la situación, la minoría de la Comisión Directiva del sindicato Foetra convocó este jueves 18 de marzo a un acto en el Congreso para reclamar el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley que formalice la derogación del decreto 395/2 y de pie al pago de esos beneficios presentado en 2019 por los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá y Nicolás Del Caño.
De aprobarse, la ley restituye el beneficio y establece su pago retroactivo así como la obligación de emitir bonos en forma anual equivalentes al 10% de las utilidades empresarias.
Un proyecto similar fue aprobado por el Congreso Nacional en el año 2015 en favor de los trabajadores de YPF a quienes se les reconoció una indemnización por el mismo concepto.
Uno de los dirigentes de la oposición en Foetra, Pablo Eibuszyc, agregó a este diario que “este 18 de marzo se da en un momento muy particular del gremio. Asistimos a un vaciamiento y desguace de Telefónica que viene de cerrar oficinas comerciales, pretenden eliminar 1500 puestos de trabajo a nivel nacional y en la misma línea lo está haciendo Telecom, luego de la fusión con Cablevisión- Fibertel, también la empresa Claro. Es así como pretenden seguir con su política flexibilizadora”.
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