Es por una causa donde justicia ya había ordenado que otorgue un subsidio habitacional a un adulto mayor, que el gobierno había dejado de otorgar. Los polémicos CIS como única alternativa y la violencia que sufren los que no tienen nada.
En febrero de este año, una medida cautelar sentenció que el gobierno porteño «arbitre los medios necesarios a fin de que, en el término de dos días, otorgue al señor H.R.C la reincorporación al Subsidio Habitacional que percibía con anterioridad al inicio de la presente acción o, en su caso, le otorgue una solución habitacional que garantice sus derechos constitucionales y convencionales». El fallo marcó jurisprudencia en esta problemática porque, por primera vez, la justicia porteña exigió a la Ciudad que garantice el acceso a la vivienda a una persona en situación de calle, por fuera de los hoteles y paradores que el gobierno porteño ofrece como única alternativa.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), destacan que en la primera medida cautelar se reconoció que la política del GCBA de hacinar personas mayores en Centros de Inclusión tercerizados no respeta el derecho a una vivienda digna. «La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en Crisis Habitacional. No es ninguna novedad. Uno de los problemas acuciantes, en el marco de dicha crisis, es la situación de las personas mayores que no tienen trabajo y no son propietarios de una vivienda. La jubilación no les alcanza para acceder a una vivienda en alquiler o incluso no tienen jubilación», destacó el presidente del ODC, el abogado Jonatan Baldiviezo.
Para el letrado, el gobierno local adoptó como política hacinar a las personas mayores en hoteles o galpones llamados Centros de Inclusión Social. «La política es contratar con una Asociación Civil o Fundación que se encarga de gestionar el hotel o inquilinato a cambio de una contraprestación otorgada por el GCBA por persona», agrega. En el fallo judicial, el juez Trionfetti ordenó que GCBA debe asegurar «un auxilio cierto, concreto y suficiente para el acceso a un alojamiento que reúna condiciones dignas de habitabilidad».
Quienes duermen en las ranchadas situadas en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, a diario son víctimas de la violencia institucional. En marzo de éste año, Clara Muzzio, actual Ministra de Espacio Público y quien fue elejida por Jorge Macri para que sea su vicejefa de gobierno, publicó una polémica licitación pública que iguala a las personas en situación de calle con residuos. Pero las personas en situación de calle no sólo deben enfrentarse al desprecio de la administración porteña, también son víctimas de la violencia policial y social. La Ciudad de Buenos Aires es el distrito que más hechos de violencia registró contra las personas en situación de calle en el último año. Los datos se encuentran en el Registro Único de Violencias, elaborado por organizaciones sociales y especialistas de la UBA. A la Capital Federal lo siguen las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Los Centros de Inclusión Social (CIS), como los denomina el Gobierno de la Ciudad, cubren las necesidades básicas para las personas en situación de calle: alojamiento, alimentación e higiene. Actualmente existen 27 CIS gestionados por 19 instituciones privadas, con apenas poco más de 2000 vacantes. Según indica el ODC, «una de las instituciones más cuestionadas es la Fundación Ayuda Social Vida Pura, que gestiona el CIS Casa Blanca (120 vacantes) y el CIS Rosedal (130 vacantes). Por cada persona, esta Fundación recibía a principios de año diariamente $2.377, alrededor de $71.310 por mes. Un total de $8.557.200 por mes en el caso de tener todas las plazas cubiertas. Es la institución que más dinero recibe por persona, además de un aporte mensual extra de $ 285 mil y $ 309 mil, respectivamente». El informe detalla que en estas piezas de hoteles se comparte una habitación con cuatro o cinco personas más. No cuentan con intimidad ni con la posibilidad de poder guardar sus herramientas o enseres. Esto resulta un obstáculo para poder retomar su vida laboral activa.
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