La morosidad avanza con crudeza entre las familias productoras de alimentos: hoy 9 de cada 10 productores consultados, un 92,3 %, se encuentran endeudados. En una proporción significativa, estas obligaciones financieras ya no están asociadas a inversiones productivas, sino a la urgente necesidad de cubrir gastos cotidianos.
Para las familias productoras, la presión es doble. Además de sostener la economía del hogar, deben afrontar costos de producción cada vez más elevados. En este contexto, el crédito deja de ser una herramienta para financiar mejoras, incorporar tecnología o ampliar la escala productiva, y pasa a cumplir una función estrictamente defensiva: garantizar la continuidad de la actividad y sostener las condiciones mínimas de vida.
Entre los productores hortícolas, las fuentes de financiamiento se reparten principalmente entre bancos tradicionales (35,8 %), préstamos de familiares o conocidos (35 %) y plataformas financieras o fintech como Mercado Pago (21,5 %). El dato más alarmante revela que casi la mitad de las familias destinó el dinero adeudado directamente a la compra de alimentos y necesidades cotidianas. El endeudamiento aparece así como una consecuencia directa del deterioro sostenido de los ingresos.
A esto se suma una peligrosa dinámica financiera: el 65,9 % de los productores tuvo que sacar un nuevo crédito para cancelar una deuda anterior, e incluso más de un 27 % se vio en la obligación de hacerlo varias veces, conformando una espiral difícil de detener.
El carácter reciente de este proceso también resulta significativo. La inmensa mayoría contrajo estas deudas durante el último año, asfixiados por una macroeconomía en la que, desde fines de 2023, el precio de los combustibles acumuló un aumento superior al 500 % y la tarifa eléctrica para el uso productivo se multiplicó por cinco.
“Hoy la situación es angustiante. Aunque pudiéramos conseguir un nuevo préstamo para pagar lo que se debe, no tendríamos capacidad para afrontarlo. Mucho menos para invertir en mejorar la producción”, expresa Jorge Ramos, productor hortícola de la localidad de La Plata. Por su parte, desde la UTT advierten sobre el desfasaje en la cadena de comercialización: “Producimos, trabajamos e invertimos, pero los precios que recibimos no permiten cubrir los costos ni saldar las deudas”.
La combinación de ingresos deprimidos, aumento de los costos productivos y deudas asfixiantes compromete severamente la capacidad de las familias hortícolas para sostener sus sistemas. La expulsión de productores de la actividad excede el plano individual; implica también una reducción de la capacidad productiva del territorio y un avance indetenible de los procesos de concentración económica. En un polo estratégico, responsable del abastecimiento de alimentos frescos para millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la desaparición de unidades familiares compromete las condiciones futuras de producción y profundiza la dependencia de un número cada vez menor de actores.
* Integrante del Centro de Estudios de la Tierra (CET – UTT)
