Entre la realidad y el excel

Hay en La Matanza una realidad social que no llega al Excel de los funcionarios nacionales. No hay planilla que registre la cantidad de familias que vienen a la Secretaría de Desarrollo Social y llegan hasta las escuelas pidiendo zapatillas. No hay columna que explique cómo las economías familiares abandonan la compra de calzado. No hay celda que revele cómo la liberación de las retenciones al cuero crudo por parte del gobierno nacional hace que sea más conveniente exportar cuero que confeccionar zapatos. La marroquinería y la industria textil se suman a las actividades sensibles a la baja del consumo como la gastronomía y los espectáculos que orillan el 30 por ciento de caída del empleo. 

Hoy muchos clubes no abren sus puertas a la noche para no gastar luz. En la década del ’60, nuestros padres o abuelos nunca hubieran imaginado que un club, un comedor comunitario o la pequeña biblioteca del barrio tuvieran que pagar la electricidad, el gas o el agua. Era algo impensado. Sin embargo, luego de la dictadura cívico-militar y las privatizaciones de los ’90, las entidades sin fines de lucro comenzaron a recibir boletas con la misma alícuota que una empresa o un comercio. Ante ello, la ley nacional 27.218, cuyo proyecto presenté siendo diputada nacional y que se aprobó a fines de 2015, ampara a estas organizaciones creando un régimen tarifario a su medida, régimen que no fue contemplado por el Excel del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. 

En las escuelas de La Matanza se incrementó un 50 por ciento la demanda de alimentos para los chicos y se triplicaron los pedidos de cupos para comedores y merenderos. La intendenta Verónica Magario convocó a aunar esfuerzos en una Mesa de Diálogo de la que participan la Iglesia, las cámaras empresarias, los gremios y el gabinete municipal. Desde hace tres meses, todas las semanas monitoreamos la situación alimentaria para dar mayores y mejores respuestas. Pero el trabajo y la vivienda digna son problemas de la macroeconomía y su resolución depende de decisiones nacionales. 

La principal política social es la política económica. Una política social municipal por sí misma no puede resolver lo que desarma la macroeconomía y aunque la Provincia o la Nación se esfuercen acercando camiones de alimentos a este municipio, nada reemplaza a los salarios caídos de los trabajadores. Ante esto, haremos oír nuestra voz postulando un modelo de desarrollo incluyente, que estimule el consumo popular. Desde ese modelo los municipios podemos abocarnos a lo nuestro: la promoción de derechos de la niñez, las mujeres, las personas con discapacidad y las minorías. Lejos de los Excel y cerca de la realidad.