«Es complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque el agronegocio está en todas partes»

Sabrina Ortiz vive con custodia policial por decir la verdad. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia confirmó que el agua de Pergamino, donde ella vive, está contaminada con 18 agroquímicos, de los cuales, casi la mitad, son considerados cancerígenos. Desde 2011, la mujer viene denunciando las fumigaciones en la zona que le provocaron la pérdida de un embarazo, enfermaron a sus dos hijos y la obligaron a dejar su casa. «Esto cambió mi vida. Me dejaron chaucha de soja en mi auto, balearon a mi perro, me apretaron con barras bravas. Es muy complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque la cadena de complicidades es muy grande. Hasta los mismos médicos que te atienden son productores. Los medios locales hicieron campaña contra mí, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses de Monsanto. El agronegocio está en todas partes».

El martes, el Máximo Tribunal ratificó que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida no es apta para consumo humano. Los peritos de la Corte elaboraron el informe, luego de que el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, ordenara suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean a esos tres barrios de Pergamino, donde un grupo de vecinos denunció los problemas de salud provocados en niños y adultos.

La decisión de Villafuerte Ruzo se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua. El juez además exhortó al municipio de Pergamino a que «de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable».

Lejos de acatar el fallo, el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, sostuvo que «el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios» y juró que en su vivienda toma «agua de la canilla». En paralelo, ordenó un nuevo análisis a la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires que, si bien confirmó la presencia de agrotóxicos en las muestras tomadas, aclaró que «estaban por debajo de los parámetros que se consideran riesgosos para la salud».

Frente a este desacuerdo, se encomendó un nuevo estudio al equipo de Toxicología de la Corte Suprema que, en coincidencia con el INTA Balcarce, determinó que el agua está contaminada con 18 tipos de agroquímicos y, por lo tanto, pone en riesgo la salud de las personas.

«Cuando yo salí –recuerda Sabrina– a cuestionar las fumigaciones y que no había ningún control, nadie me escuchó. Fui a la Municipalidad, a la Secretaría de Salud, hice la denuncia en la fiscalía provincial, llamé a las radios locales, hice de todo para pedir que alguien nos cuidara».

Era 2011 y Sabrina cursaba un embarazo de cinco meses. Durante el día, el acostumbrado riego de agrotóxicos en los campos lindantes a su casa de Villa Alicia le provocaba mareos, brotes en la piel y unas contracciones que la convencieron de ir al médico. Esa misma noche, perdió al que iba a ser su tercer hijo.

«El médico –cuenta– me preguntó donde vivía, si tenía campos alrededor, si estaba en contacto con las fumigaciones. Cuando le conté que sí, me dijo que seguro había perdido el embarazo por eso, pero no se animó a ponérmelo por escrito, ni a darme un certificado. Me dijo que le podía traer problemas si lo hacía».

Harta del silencio cómplice, en 2012 Sabrina fundó la Asamblea de la Protección de la Vida y el Ambiente y empezó la carrera de Derecho para «poder hacer algo con las herramientas jurídicas que hasta ese momento no tenía». En 2017, ya recibida y matriculada como abogada, Sabrina decidió acudir a la Justicia Federal.

«Me constituí como querellante en causa propia para ver hasta dónde llegaba el compromiso del juez, y la verdad es que resultó una sorpresa. Trabajó muy bien y enseguida activó la causa».

La denuncia de Sabrina, hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, derivó en el fallo de Villafuerte Ruzo y, posteriormente, en el informe de la Corte que avaló que el agua de la ciudad está contaminada.

Secuelas

«Hasta que no se habló del agua, la gente no se despertó –relata Sabrina–. Si se les habla de las fumigaciones, enseguida piensan que eso no les va a llegar, pero el veneno no sólo está en el agua, está en el aire, en todos lados. En unos años, todos los vecinos de Pergamino van a tener los mismos niveles de glifosato en el cuerpo que tiene mi familia».

A los 34 años, Sabrina ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida de la marca Syngenta) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija de 18 años tiene niveles de glifosato cien veces más alto de lo aconsejable para su peso. Su hijo menor, de apenas seis años, ostenta el récord familiar: el nivel de glifosato que lleva en su organismo es 120 veces más de lo inofensivo.

«En mi caso, la lambdacialotrina es neurotóxica y ataca el sistema nervioso. Combinada con glifosato es un cóctel fatal. Tengo temblores en los brazos, de vez en cuando me trabo al hablar, y por lo menos una vez por semana sufro una ceguera fugaz en un ojo. Son las secuelas de las fumigaciones».

El año pasado, Sabrina y su familia tuvieron que abandonar su casa de toda la vida luego del ultimátum del equipo médico del Hospital Austral, de Pilar: o se mudan o los problemas de salud de los chicos van a empeorar.

«Nos fuimos –cuenta con amargura– una noche de lluvia. Cargamos unas pocas cosas en la camioneta de mi papá, mientras mi hijo más chico lloraba. Era como si nos estuviésemos escapando, fue horrible. Por el viento, el veneno se sentía más fuerte». «

Monsanto acumula condenas en Estados Unidos

Hasta enero de este año, Monsanto, integrada a la multinacional Bayer, tenía más de 11 mil denuncias, sólo en los Estados Unidos, por los efectos del herbicida glifosato. En agosto del año pasado, los jurados de un tribunal de California determinaron de manera unánime que Monsanto actuó con «malicia», y que sus herbicidas Roundup y Ranger Pro contribuyeron «sustancialmente» al desarrollo de un cáncer terminal en el organismo del jardinero Dewayne «Lee» Johnson. En una primera instancia, la justicia ordenó a Monsanto pagar una suma de 287 millones de dólares como compensación. Sin embargo, luego de que apelara la sentencia, la cifra se redujo a unos 78 millones.
En marzo de este año, la justicia norteamericana condenó nuevamente a Monsanto, esta vez al pago de 80 millones de dólares a Edwin Hardeman, de 70 años, quien acusó a la multinacional por haberle provocado el cáncer que sufre tras haber aplicado durante años el producto Roundup.
El glifosato, que sigue acumulando denuncias en el mundo, es el herbicida más usado en Argentina.

Negacionismo, de Macri a Bergman

El fallo que ordenó la suspensión inmediata de la aplicación de plaguicidas tóxicos en campos que rodean tres barrios de Pergamino, llegó una semana después de que el presidente Mauricio Macri calificara de “absurda” la prohibición de fumigar cerca de escuelas.

Durante una visita a Gualeguaychú que tuvo como  principal objetivo apuntalar al candidato a gobernador del oficialismo, el radical Atilio Benedetti, a la postre derrotado por el frente peronista, el mandatario cuestionó el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que impide fumigar a una distancia de menos de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos respecto de escuelas rurales, calificándolo como “irresponsable”. «La ley de distancias de fumigación vigente es absurda», enfatizó Macri y agregó que «pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial de la provincia». Claro, llamó «ley» a la sentencia de un tribunal.

Desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos repudiaron los dichos del presidente y le recordaron que “nuestros gurises merecen el mismo ambiente que Antonia”, en referencia a la hija menor de Macri.

Días después, el secretario de Ambiente, Sergio Bergman, reforzó la línea del gobierno durante el 25° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), que nuclea a los grandes pools sojeros y representantes de las compañías que producen agrotóxicos. En su discurso, consideró que fumigar a 200 metros de poblaciones en el ámbito rural no supone problemas para la salud.