El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, histórico reservorio del antiperonismo leguleyo, consintió a todas las dictaduras militares que ocurrieron en el país, y varios de sus asociados y directivos integraron esos gobiernos autoritarios. Para muestra bastan dos botones: Eduardo Roca, fue embajador de Onganía ante EE.UU. y luego embajador ante la O.N.U. con Galtieri; Roberto Durrieu, fue Fiscal de Estado adjunto en Buenos Aires, del 76 al 78, y luego subsecretario de Justicia de la Nación con Videla. Si bien hubo alguna renovación, allí se siguen agrupando los abogados más retrógrados de la matrícula, ligados a la defensa de los intereses y negocios de las grandes empresas (locales y extranjeras).
El otro firmante es la Asociación I.D.E.A. (Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino) conocida por la organización de los famosos “coloquios”, y por reunir en su seno al empresariado más poderoso del país. “Actualmente, IDEA – dice su página web- nuclea a más de 400 empresas líderes de la Argentina”. Hasta acá, podría pensarse que los empresarios argentinos, preocupados por el mal funcionamiento de la justicia de su país se ponen a escribir un documento, asesorados por sus espadachines legales. Tal vez, ¿Por qué no?, los desvela la lentitud de la justicia laboral para resolver las indemnizaciones de los laburantes.
Sin embargo, la presencia del tercer suscriptor –AmCham- despeja cualquier duda. Si había algún noble propósito en el documento queda desbaratado con esta sola presencia. ¿Qué tiene que hacer una cámara de comercio ligada a un país extranjero, opinando y dando consejos que nadie ha pedido sobre la justicia argentina? A ningún fiscal se le ha ocurrido todavía preguntar esto. A primera vista parece que no tiene nada qué ver una cosa con la otra; sin embargo, sí tiene que ver. Y mucho. Porque AmCham no es cualquier cámara, es el brazo civil y comercial de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. Nuclea a más de 600 grandes empresas; está radicada en el país desde 1918, y es conducida, al menos formalmente, por representantes de I.B.M., J.P. Morgan y Accenture.
Como se sabe, EE.UU. siempre tuvo un gran interés por Argentina. Y también un largo historial de intromisión en la política interna de los países de América Latina. Intromisión discursiva y armada, que en el pasado ha costado miles de muertos. Basta consultar la historia sangrienta de Chile, El Salvador, México, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, etc. para tener una cabal dimensión del asunto. Es cierto que los tiempos han cambiado mucho, pero también es cierto que la vocación de control imperial de EE.UU. no ha cambiado nada. En mayo de 2018, cuando arribó a estas tierras Mister Edward Prado, flamante embajador de EE.UU. en Argentina, lo primero que dijo fue: “vengo a Buenos Aires con la idea de «mejorar el sistema judicial». A confesión de parte… Con una imprudencia digna de Spruille Braden, el nuevo embajador se despachó sin tapujos sobre su osada misión diplomática. El Gobierno argentino no dijo ni mu. ¡Que iba a decir, si gobernaba Macri!
Los argentinos, más preocupados por la pandemia y por parar la olla todos los días, se olvidaron de estas inaceptables declaraciones. Pero los yankees, que son muy aplicados y memoriosos, pusieron a trabajar de inmediato a sus socios locales. Fruto de esa misión diplomática surgió, tres años y pico después, este documento con ocho propuestas para mejorar la justicia; piloteado, y probablemente financiado, por AmCham. ¿Por qué quieren estos poderosos señores “mejorar la justicia” y qué proponen en definitiva para lograrlo? A continuación, la palabra de los impulsores del documento.
Cecilia Mairal, vice presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad, en diálogo con Infobae dijo: “Son propuestas apartidarias, no podemos caer en la grieta. La sociedad y las empresas buscan una justicia eficaz. Tenemos que consensuar puntos básicos para poder fortalecer las instituciones“. En el mismo portal, Alejandro Díaz, CEO de la AmCham, agregó: “El fin último de este trabajo es generar consensos a través de la amplitud de voces: Sin amplitud no hay consensos, sin consensos no hay debate, sin debate no hay instituciones, sin instituciones sólidas no hay justicia y sin justicia no hay República”. Por último, Máximo Fonrouge, ex presidente del mismo Colegio, dijo: “Este trabajo busca hacer un aporte concreto, para el mejoramiento institucional y el buen funcionamiento republicano, que se sostiene en el respeto irrestricto de la separación de poderes y la independencia del trabajo de jueces y fiscales”.
Con distintas palabras, las ideas expresadas mueren en el mismo callejón sin salida de siempre: la República. La bendita República. A los neoliberales, de todo color y pelaje, les preocupa siempre la República. La República y los pilares que la sostienen: fortalecimiento institucional, división de poderes, independencia de los jueces. No se apartan de ese libreto. Es la misma cantinela repetida hasta el cansancio. De estas zonzeras no nos vamos a ocupar ahora, ya se ocupó Arturo Jauretche con mayor lucidez, hace 60 años.
El documento, de 44 páginas (con anexos), dedica cuatro carillas a la ética judicial. Los conceptos y las referencias son tan vagas y generales que bien podrían aplicarse sin cambiar una coma a los jueces de Tanzania o Bielorrusia. En un país que fue azotado por el lawfare, hablar de ética de los jueces y no dedicar una línea a las prisiones arbitrarias, al espionaje ilegal, a las causas armadas, a la “mesa judicial”, a los fiscales que ejercen su cargo a control remoto desde el exterior, al derrocamiento mafioso de la Procuradora General, es desconocer olímpicamente la realidad. O peor, es tomarles el pelo a los argentinos. Se entiende, de todos modos, que no debe ser fácil hablar de ética desde una institución tan ligada a los golpes militares como el “Colegio de Montevideo”.
La otra gran preocupación del consorcio gira en torno a la Corte Suprema. El documento plantea en lo sustancial, bajo una montaña de frases inconducentes, devolver el poder a la Corte Suprema y recortar al máximo el rol del Consejo de la Magistratura, sobre todo de su representación política. Dicen los firmantes: “En el año 2005 había conciencia que el Consejo de la Magistratura debería reformarse. La ley 26.080 surgida sin una discusión pública profunda, en lugar de solucionar los problemas que ya tenía la 24.937 los agravó, rompiendo el equilibrio prescripto en la norma Constitucional, mediante una participación mayoritaria del sector político y una proporción que le permite, en los hechos, dominar el nombramiento y la remoción de los Jueces. A su vez, desdibuja el papel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al quitar su participación en el Cuerpo y sacarle la presidencia de este”. Agregan, párrafos más adelante: “En definitiva, el Consejo de la Magistratura, tal como está integrado se convierte en una amenaza a la independencia del Poder Judicial (…)”.
Todo el esfuerzo del documento está dirigido a bloquear la participación del pueblo y de los representantes políticos en las decisiones judiciales. Pretenden obstaculizar cualquier reforma que implique, en el seno del Consejo de la Magistratura, dar preeminencia al ala política, sobre el ala corporativa-judicial. Desconocen y reniegan, aunque sin decirlo abiertamente, que la soberanía resida en el pueblo. No creen que sea el Soberano la fuente legítima de la que emana el poder auténtico para conducir los destinos de una nación. En el fondo, son profundamente antirrepublicanos y antidemocráticos, y muy coherentes -por supuesto- con su propio pasado pro-golpista.
Encima, en las condiciones actuales, corren con algunas ventajas ya que la “acción de oro” del sistema institucional la sigue teniendo la Corte Suprema. De allí, el interés preponderante de EE.UU. por “mejorar la justicia argentina”. Los yankees y la derecha vernácula saben que el Poder Judicial –y específicamente la Corte- es el último bastión que les queda en pie, después de haber perdido con Macri en el 2019. Y, como ya no hay golpes militares a los que acompañar como antaño, se resignan a armar extraños consorcios y escribir documentos insulsos. Pero escriben en vano. El pueblo argentino ya sabe que debe liquidar el lawfare y recuperar in totum el manejo del Poder Judicial. Sabe, además, que hasta que eso no ocurra será difícil hacer justicia, desarrollar una política exterior soberana, distribuir correctamente la riqueza y tener un manejo independiente de la economía argentina.
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Se aconseja leer el gran artículo de un diario más o menos neutral (Le Monde) que investigó la intromisión de la "embajada" en la lógica judicial de Brasil, el Lava Jato: salió en El Cohete a la Luna https://www.elcohetealaluna.com/servir-al-imperio-sin-parecer-peones/