¿Es posible la federalización del acceso al libro?

El 6 de enero de 2016, cuando el gobierno de Cambiemos no había llegado al mes de gestión, entre el Ministerio de Cultura y el de Producción anunciaron con bombos y platillos la finalización de la restricción en las importaciones a los libros.

Los ex ministros de las áreas de Cultura y Producción afirmaron que, gracias al levantamiento en las importaciones esto acrecentaría la bibliodiversidad y mejoraría el valor del libro como bien de consumo cultural. Spoiler: ninguna de estas cosas pasaron.

Traigo el tema, a cuatro años del anuncio de esa medida, no para que se reivindique las limitaciones a las importaciones que se habían impuesto en 2012, sino para plantear un punto de partida para discutir una política del libro a nivel nacional y provincial y realizar un balance de estos últimos cuatro años en el campo editorial, algo que ni el macrismo reivindica.

Liberación de importaciones

Su eliminación -agregaron en su momento las autoridades- apunta a «promover la pluralidad de voces y democratizar el acceso a los libros provenientes del extranjero y fortalecer el vínculo cultural del país con la región y el exterior» y que «los lectores argentinos van a tener acceso a la mayor oferta bibliográfica disponible, sin obstáculos burocráticos ni limitaciones que impedían la libre circulación de las ideas, encareciendo innecesariamente los libros impresos en otros países».

Según el comunicado, esta resolución ponía fin “a una política de restricción que provocó que en los últimos años los costos de producción locales volvieran menos competitiva a nuestra industria, a la vez que desalentó la exportación de libros al exterior».

Datos 2019

La evolución de novedades editoriales pasó, según datos de la Cámara Argentina del Libro, de 2454 en el primer trimestre de 2016 a 2192 en el primer trimestre de este año, dato que muestra una disminución del 10,68 por ciento. El deterioro también se vio en la cantidad de ejemplares impresos, que en estos cuatro años tuvo una caída del 45,5 %.

La caída en la cantidad de novedades y en el número de ejemplares, en la comparativa con el período gobernado por Cambiemos, también fue de la mano con caída en la cantidad de empleados en el sector.

Según los últimos datos publicados por la CAL la tirada promedio de los lanzamientos editados por el sector comercial pasó de 2700 ejemplares en 2016 a 1700 en 2019. La mayoría de estas novedades salieron al mercado con una tirada de apenas mil ejemplares, lo cual se traduce en menos de un ejemplar por cada librería en la plaza local.

El informe de la Cámara también brinda resultados de una encuesta realizada entre sus socios, la mayor parte editoriales PyMES, allí “el 60% de ellas manifestaron que durante el último trimestre percibieron caídas en las ventas que van entre 5 y más de 20 puntos porcentuales”.

60 Municipios Bonaerenses sin librerías

En cuanto a librerías, los datos publicados en el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA) habla de 1598 librerías en el país, de las cuales el 28% se encuentran en la provincia de Buenos Aires.

De las 400 librerías distribuidas en el territorio bonaerense, el 10% se encuentran en la ciudad de La Plata, 75 municipios (de los 135 existentes) cuentan con, al menos, un comercio que venda libros, el 45% de los partidos carecen de librería. Esta carencia impide que un porcentaje importante de la población de la Provincia tenga acceso al libro impreso si no es adquiriéndolo a distancia -y acarreando con el costo de envío- o a través de bibliotecas escolares (solo circunscripto al mundo escolar), municipales (apenas unas 40 en el territorio) o populares.

La distribución de libros es un problema que debe afrontar toda editorial que quiera insertarse en el mercado nacional (y en la Provincia en particular). La extensión del país y el volumen y peso de los libros incrementan el costo del producto y atentan contra la federalización del acceso al bien cultural.

La Provincia Argentina más poblada y más extensa no cuenta con una política que promocione los autores locales, las editoriales, la lectura y, mucho menos, la apertura de librerías en el territorio bonaerense.

Caminos posibles

La localidad de Leers, al norte de Francia, fue noticia hace un año porque ofrecía vivienda gratis a quien abra una librería, tras años de no tener local. En Puerto Rico una institución cultural propuso que se cree una red de librerías estatales. Son varios los países que cuentan con redes de librerías estatales; México es el más destacado.

El estado mexicano, el mercado editorial de habla hispana más grande de Latinoamérica, cuenta con dos entidades que tienen una red de librerías estatales: Fondo de Cultura Económica (FCE), grupo editorial con participación del estado mexicano, cuenta con librerías en su país y en el extranjero, en las que vende y distribuye libros de su catálogo y de otras editoriales; y Educal, empresa mixta que cuenta con cerca de 90 librerías en museos, bibliotecas, aeropuertos y centros culturales, cuyo objetivo es “distribuir y comercializar libros y productos culturales contribuyendo al crecimiento de la oferta editorial y a la infraestructura de librerías en todo el país”.

El acceso al libro no debería estar solo librado a la conveniencia económica de los pequeños y grandes comerciantes del rubro, es el rol del estado encontrar políticas que favorezcan la comercialización de este bien cultural fundamental en el desarrollo de la sociedad.