Esa costumbre del GCBA de castigar a las docentes que paran el 8M

Por: Luciana Rosende

El descuento a trabajadoras de la educación que adhirieron al Paro de Mujeres reflotó el caso de una docente que perdió su trabajo por haberse sumado a esa huelga en 2020.

A principios de mes, gremios docentes y estatales denunciaron que el Gobierno de la Ciudad no reconoció el derecho a huelga y descontó el día a quienes habían adherido al Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo. El hecho causó indignación pero no sorpresa, y desde la comunidad educativa señalaron que no es nueva la política de castigar a docentes –mujeres, en su gran mayoría- que se suman a este paro.

Así le sucedió a una profesora de Lengua y Literatura que denunció haber perdido su trabajo por parar el 8 de marzo de 2020. A más de dos años, la docente Ángeles Kabaradjian sigue esperando respuestas por parte del Ministerio de Educación.

Por entonces, días antes del inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, la mujer daba clases en la Escuela Normal Superior N° 6, en Güemes 3859, Palermo. Cuando la docente titular se jubiló, se hizo un acto público interno en el colegio para ocupar el cargo. “Eran horas que yo ya venía trabajando. El viernes 6 de marzo hubo un acto público interno, con la directora. Tomé las horas y no me dieron copia del acta ni nada. Yo avisé que el lunes 9 iba a adherir al paro internacional”, recuerda Kabaradjian en diálogo con Tiempo.

“El lunes 9 tendría que haber arrancado la jornada laboral 9.30. A las 7.30 le escribo a una de las directoras diciéndole ‘no te olvides que hoy no asisto por paro’. Me contesta que todo bien. A las 11 me escribe y dice que tenía que ir a tomar posesión del cargo. Llego a las 12. Ya estaban con el acta lista para decir que como no había tomado posesión del cargo, lo perdía. Mi jornada laboral era hasta las 13”, relató la docente. La profesora, que además trabaja como agente de prensa, se quedó sin sus principales fuentes de ingresos días antes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En la supervisión le dijeron que “por no haber tomado posesión quitaban las horas. Les dije que me podrían haber avisado que no podía adherir al paro”. Cuatro días después se realizó un nuevo acto público para ocupar esas horas, a una velocidad inusitada, según resaltó Kabaradjian. En la actualidad sigue dando clases en un solo curso en esa escuela, donde mantiene solo una suplencia.

“Es una práctica habitual. Ahora hubo repercusión porque volvieron a descontar el 8M a las docentes. Pero el Gobierno de la Ciudad desconoce de fondo el derecho a huelga. No es simplemente que uno no fue a trabajar, hay asociaciones sindicales avaladas para poder convocar a algo de tipo colectivo, por lo tanto desconocen el derecho a huelga. Es un agravante el 8M a mi entender, porque el gremio está conformado en un 80% por mujeres”, dijo la legisladora porteña por el Frente de Izquierda Amanda Martín, Secretaria Gremial de Ademys, el sindicato docente que acompaña a Kabaradjian en su reclamo.

“Si uno lo une con el proyecto nacional que está presentando la misma fuerza política a nivel nacional, hay una filosofía detrás de atacar el derecho a huelga en particular en la escuela”, señaló Martín en relación al proyecto presentado para declarar a la educación como servicio estratégico esencial. Fue elaborado por el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de Mauricio Macri, y apunta a que las escuelas estén abiertas todos los días que establece el ciclo lectivo, incluso cuando hay paro docente, lo que implica quitarles el derecho a parar.

La semana pasada, en la Legislatura porteña, “hubo muchos reclamos para que se reintegre (lo descontado por el 8M) y hasta se hicieron propuestas de que sea asueto, pero el gobierno no contestó. Entiendo que hubo sindicatos que hicieron presentaciones judiciales. Hubo un fallo de febrero contrario al GCBA por haber descontado días de paro. Pero creo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta prefiere pagar multas a reconocer el derecho”. Desde la cartera que conduce Soledad Acuña la respuesta fue que “se autorizó a retirarse antes a quienes querían ir a la marcha”. Pero se descontó el día a quienes pararon.

La legisladora comparó que “en el caso de Ángeles sucede lo mismo. No van a reconocer que había un derecho de adherir al paro y que la docente administrativamente hablando había hecho todos los pasos previos para la toma de posesión. Nosotros seguimos asesorando y presentado las cuestiones administrativas, pero creo que van a seguir en la misma tónica. Tienen muchos fallos en contra. El problema es que no se acatan”.

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