Escándalo de trabajo esclavo y sobreprecios con uniformes policiales

Hace un mes la noticia fue el allanamiento de un taller clandestino en Liniers donde, según los promotores de la información, se confeccionaban falsos uniformes de la Policía de la Ciudad destinados inequívocamente a que los delincuentes los pudieran vestir con fines criminales. Una denuncia de la fundación La Alameda, sin embargo, expone que lejos de combatir el trabajo esclavo, la misma fuerza porteña lo fomenta a través de licitaciones a empresas «amigas» y con antecedentes de sobreprecios. Según se desprende de la información declarada por las mismas empresas, estas no podrían afrontar la producción necesaria para cumplir con las licitaciones por la cantidad de empleados registrados que tienen y, por tanto, la tercerizarían de manera inescrupulosa a «talleristas esclavistas».

Desde 2014 hasta mediados de 2017, algo más de 840 millones de pesos de los fondos públicos de la Ciudad de Buenos Aires fueron destinados, a través de licitaciones, a la compra de indumentaria policial que, con una única excepción, «ganaron» las mismas seis empresas: Indumax SRL, Confecciones José Contartese y Cia. SRL, Borcal Sociedad Anónima Industrial y Comercial, Sábado Ursi SA, Segumat SA y La Bluseri SA. 

Lo primero que llama la atención es que el Ministerio de Justicia siga insistiendo con La Bluseri, una empresa denunciada ya en 2009 por el entonces auditor general de la Ciudad, Eduardo Epszteyn, por sobreprecios en prendas para la Metropolitana (ver recuadro). Sin embargo, un análisis detallado de las licitaciones permite encontrar algunos datos que provocan sospechas de algo peor.

A Indumax SRL, por ejemplo, se le pagó por la «adquisición de uniformes con destino a la Policía de la Ciudad» y por la de «equipamiento para grupos de custodia, prevención y seguridad de la Policía Metropolitana» unos 498.410.571 de pesos, todo en el marco del «Plan de Seguridad Publica» del Gobierno de la Ciudad.

Indumax es, por lejos, la firma que más dinero cobró. Según la información sobre los proveedores publicada en el Sistema de Compras Públicas (BAC), tiene domicilio porteño en Migueletes 1050 y, de acuerdo a la base de datos Nosis, que ofrece información comercial, cuenta con apenas tres empleados. Es difícil imaginar cómo se las arreglan para, por nombrar sólo una de las varias licitaciones que ganó, confeccionar 26 mil remeras, chombas y pantalones.

«Estas empresas no pueden realizar esa producción debido a la cantidad de empleados que tienen. Deben tercerizar sí o sí en un contexto donde la industria textil tiene casi la totalidad de los trabajadores en negro, esclavizados en talleres clandestinos: ¿el Estado no tendría que tomar precauciones para que esto no suceda en vez de promoverlo?», se queja Ezequiel Conde, integrante de La Alameda y referente de la Federación de Cooperativas Textiles (Fecootex).

Según los relevamientos de la organización, el 78% de las prendas que se fabrican en la Argentina proviene de talleres clandestinos donde existen prácticas de trabajo forzoso, precario o esclavo.

Sólo en la ciudad de Buenos Aires existen alrededor de 3000 de estos locales. Están repartidos por Flores, Bajo Flores, Pompeya, Villa Lugano, Parque Avellaneda y, en menor medida, por La Paternal y Villarreal. Emplean a unas 30 mil personas, muchas de ellas inmigrantes.

Para dar cuenta de las pésimas condiciones basta mirar las altas tasas de notificación de tuberculosis que existen en la zona sur de la Capital y que están asociadas al hacinamiento en los talleres. Los especialistas lo llaman «la enfermedad de la pobreza».

«Hay que reformar la ley de proveedores del Estado para que exista la obligación de presentar el listado de los trabajadores que realizarán las producciones debidamente registrados bajo convenio colectivo», propone Conde y destaca el ejemplo del polo textil de Barracas, donde desde 2009 se generaron puestos de trabajo «dignos» con maquinarias expropiadas a los talleristas esclavistas.

«En vez de propulsar más ejemplos como el del polo de Barracas, con control y presencia del Estado para que se garantice el cumplimiento de las normas básicas, el Gobierno de la Ciudad deja a la industria textil abandonada a su suerte, sin inyectar políticas públicas permanentes que generen empleo legítimo», agrega.

Las consecuencias de fomentar el trabajo precario pueden ser criminales. El 27 de abril de 2015, los hermanos Rolando y Rodrigo Mur, de 10 y 5 años respectivamente, murieron al incendiarse el taller clandestino donde trabajaba toda la familia, en el barrio de Flores. Luego se supo que cosían prendas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y que dormían nueve personas en una pieza sin ventanas.

Casi diez años antes, en 2006, cinco chicos y una embarazada se calcinaron en el taller de dos plantas de la calle Luis Viale 1269, en Caballito. En el juicio, los capataces fueron condenados a 13 años de prisión por «estrago agravado seguido de muerte y reducción a la servidumbre».

Pagar de más

Para probar que las licitaciones, además de sospechadas de promover el trabajo esclavo, son dañinas para la economía de las arcas públicas, el sector de cooperativas textiles realizó un cálculo para cotejar el precio pagado con los costos del mercado. Así se supo, por ejemplo, que una remera de manga corta de tela jersey que el Estado pagó 950 pesos por unidad, tiene un valor promedio de 375 pesos; o que la chomba para la Policía Metropolitana en tela piqué, con botones, leyenda institucional y escudo por la que se desembolsó 1400 pesos, en realidad, sale 496.

«Se calculó –explica Conde– con una cotización del precio de la mano de obra que contempla el convenio colectivo y se incluyeron todos los costos administrativos, como el IVA. Pero el detalle que demuestra que el Estado, o sea, todos nosotros, estamos pagando de más lo da a saber que los presupuestos de las empresas que salieron licitadas son de 2017 para atrás y el nuestro es actual, es decir, después de la megadevaluación. Eso lo dice todo». «

La denunciaron, pero ganó más de 40 contratos

Una de las principales proveedoras de uniformes de la Policía de la Ciudad es la empresa textil La Bluseri SA, vinculada al gobierno porteño desde la década pasada y denunciada en 2009 por el entonces auditor general de la Ciudad, Eduardo Epszteyn.

«Todo el mecanismo de compra pareciera estar preparado para comprarles a amigos. No se justifica de ninguna manera la urgencia. Hay un abuso de un decreto de Macri  (por entonces jefe del Gobierno porteño) que, de por sí, roza la ilegalidad, porque elimina los límites para que los ministros compren por concurso privado», había advirtió Epszteyn en una entrevista con Página /12, donde además, cuestionó, «las compras dirigidas de armas, patrulleros y motos».

Desde 2008, La Bluseri ha tenido mucha suerte: ganó alrededor de 40 contratos con el gobierno porteño. Precisamente, fue el exauditor general quien encendió la mecha de las sospechas al comparar los montos abonados por la administración macrista en la compra de uniformes para los agentes del Cuerpo de Control de Tránsito y Transporte con los correspondientes para los reclutas del Instituto Superior de Seguridad Pública. Así se descubrió, por ejemplo, que los mismos pantalones institucionales de sarga que para Tránsito costaron 173 pesos por unidad, el Gobierno los abonó dos meses más tarde para la Policía Metropolitana a 308 pesos.

Algo similar se evidenció cuando se cotejaron los precios de las gorras: para los oficiales de tránsito se pagó 49,90 pesos cada una, mientras que para la Policía llevar algo en la cabeza les  salió  el doble exacto.

La primera dama también

Un video filmado con cámara oculta en 2012, y acercado en su momento a la Justicia porteña por la Fundación La Alameda, mostraba una habitación en la que 13 personas vivían y trabajaban en condiciones de hacinamiento. Se trataba de un taller clandestino, ubicado en el barrio de Mataderos, y que confeccionaba ropa para la firma de indumentaria para niños Cheeky, propiedad de la familia de la primera dama Juliana Awada.

Después se supo que los trabajadores cumplían jornadas de 15 horas con una remuneración mensual de 1800 pesos. En el video también se vio que el lugar estaba «equipado» con colchones para que las personas pudieran dormir en el lugar, todo en un espacio de menos de cinco metros cuadrados.

Cheeky ya había sido denunciada penalmente por el Gobierno de la Ciudad en el período de Jorge Telerman, así como también por la Defensoría del Pueblo y la misma Alameda en enero de 2007. En aquella oportunidad, se habían logrado inspeccionar varios talleres con costureros sometidos a la servidumbre. Un escandaloso fallo del entonces Juez Federal Guillermo Montenegro (luego nombrado ministro de Justicia y Seguridad porteño y actualmente diputado por la provincia de Buenos Aires) sobreseyó a la firma que por la ley de trabajo a domicilio es solidariamente responsable de los talleres donde manda a confeccionar sus prendas.

Años más tarde, los Awada lanzaron una nueva línea de remeras infantiles con la leyenda «offshore».