Escándalo en México por el espionaje del gobierno sobre los periodistas

Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto encabezaba una ofensiva contra Venezuela en el marco de la 47ª Asamblea General de la OEA que se realizaba en Cancún, debía enfrentar una andanada de cuestionamientos por el espionaje contra periodistas y activistas de DD HH.

El caso, de por sí escandaloso, no fue tratado en la Organización de Estados Americanos, donde en cambio el canciller Luis Videgaray impulsaba duras sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que reclama «el respeto a la Asamblea Nacional, la elaboración de un calendario electoral, la libertad de presos políticos y el freno al proceso constituyente que polariza más a la sociedad».

El espionaje masivo en México surge de una denuncia de organizaciones mexicanas que fue revelada por The New York Times, en la que insistieron en que diferentes actores sociales son vigilados en el marco de una política de intimidación generalizada.

En un documento titulado «Gobierno Espía: la vigilancia sistemática en contra de periodistas y defensores de Derechos Humanos en México», las principales organizaciones de la sociedad civil denunciaron que «el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación».

El influyente diario estadounidense informó esta semana que personalidades como la periodista Carmen Aristegui y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, fueron víctimas de espionaje en sus celulares mediante un programa desarrollado en Israel y que se comercializa bajo el nombre de Pegasus.

La empresa desarrolladora, NSO Group, asegura que el Pegasus se vende exclusivamente a gobiernos y su objetivo es el seguimiento de organizaciones criminales y terroristas. Esa es la defensa que esgrimió en su favor el gobierno de Peña Nieto, quien afirmó que esa sofisticada tecnología es utilizada con el fin de «mantener condiciones de seguridad para la sociedad y para combatir al crimen organizado».

El software se dispara con un SMS y puede llegar a infectar el teléfono para espiar al usuario hasta el punto de usar la cámara y el micrófono para vigilarlo. La empresa mexicana Balam Seguridad Privada y su subsidiaria Grupo Tech Bull con conexiones con compañías de Israel serían el vehículo a través del cual dependencias oficiales adquirieron el malware. Balam, propiedad del empresario de origen israelí Asaf Israel Zanzuri y del mexicano Rodrigo Ruiz Treviño de Teresa sería la única distribuidora autorizada del grupo NSO en México, según publicó el sitio especializado Reporte Índigo. Los dos dueños son señalados como clientes del despacho panameño Mossack Fonseca, cuyas operaciones sirvieron de base para la investigación internacional de los Panama Papers. En 2015 el despacho creó dos fideicomisos en Nueva Zelanda en la que ambos eran beneficiarios.

La Procuración General de la República (PGR) respondió con evasivas sobre la firma de los contratos con NSO Group, la empresa que comercializa Pegasus. Cuando el año pasado activistas digitales preguntaron oficialmente a la Fiscalía qué servicios había adquirido a la firma israelí, la respuesta burocrática fue que «la Agencia de Investigación Criminal (de la PGR) localizó la información solicitada (y) la misma constituye información clasificada como reservada», según consta en el mencionado informe «Gobierno espía», realizado por la Red de Defensa de Derechos Digitales. Esto indica que la sociedad podrá conocer los detalles del controvertido acuerdo recién en 2021.

Si se comprobara que el gobierno usa el software para espiar a periodistas, no parece haber tenido demasiada efectividad en detectar el operativo por el que resultó asesinado el 16 de mayo pasado el periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada, en Culiacán, la capital de Sinaloa. El hombre era el que más conocía dentro de la sociedad civil sobre los cárteles de la droga y especialmente en su estado. Su crimen, en plena calle y a la luz del día, fue un mensaje mafioso que los servicios de espionaje no pudieron o no quisieron detectar.

En marzo otra corresponsal del diario mexicano, Miroslava Breach, fue acribillada a balazos a la salida de su casa en Chihuahua. En lo que va del año ya fueron asesinados seis periodistas en México, ya más de la mitad que el año pasado, que batió récords con 11 ejecuciones. Desde 2000, han muerto más de 100 trabajadores de prensa, lo que indica que la profesión de periodista en ese país está entre las de mayor riesgo.

Otro problema para el presidente Peña Nieto es la respuesta que tuvo ante la publicación de New York Times y las críticas de los sectores involucrados en el espionaje: pidió que se aplique todo el peso de la ley contra quienes, a su juicio, levantaron falso testimonio contra su gobierno.

«Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero que al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno», dijo en un acto en el estado de Jalisco.

Pero tuvo que desdecirse en forma inmediata por la repercusión adversa que tuvo el comentario. Y ahora dice haber instruido a la PGR para que investigue las denuncias de los diferentes foros sociales y gremiales.

Legisladores mexicanos de todas las tendencias, en tanto, condenaron el espionaje y estudian la creación de una comisión bicameral para investigar el caso. Según publicó la agencia Sputnik, el proyecto presentado por el Partido del Trabajo con apoyo del movimiento de Andrés López Obrador, Morena, llama a «evitar que estas conductas antidemocráticas queden impunes».

En la lista de funcionarios que deberían testificar ante esa comisión inscribieron al secretario de la Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio; al procurador general de la República, Raúl Cervantes; y al director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz. Quieren que expliquen qué dependencias o entidades del gobierno mexicano son las que ordenaron la compra del software Pegasus y bajo qué argumentos.

Una docena de periodistas y directivos de organismos humanitarios afectados por el presunto espionaje presentaron denuncias ante el Ministerio Público y reclamaron protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a organismos internacionales. «